Puerto Rico en su laberinto

Una estudiante en las puertas de la Universidad de Puerto Rico, campus de Río Piedras, en San Juan, el 11 de mayo de 2017. La universidad ha estado en huelga por dos meses en protesta por una propuesta de recorte presupuestario por casi 500 millones de dólares. Credit Erika P. Rodríguez para The New York Times

La decisión del gobierno de Puerto Rico, a principios de mayo, de solicitar a su Junta de Control Fiscal designada que invoque la protección del Título III de la ley promesa (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), es el comienzo de un proceso inédito en las finanzas estadounidenses, que tendrá severas implicaciones para los puertorriqueños. Dicha sección detiene las demandas judiciales y posibilita un procedimiento similar a la ley federal de quiebras pero con limitaciones a la discreción que pueda tener la jueza designada para presidir el proceso.

Esto ocurre luego de que el gobierno fracasara en su intento de establecer acuerdos voluntarios con los acreedores para obtener mejores términos y rebajas en los montos adeudados.

El anuncio de la radicación es un capítulo más en una saga política que no tiene antecedentes, ya sea por el monto de la deuda (72 mil millones de dólares), la insolvencia de los sistemas de retiro (48 mil millones de dólares) o el déficit del sistema de salud (800 millones de dólares). Todo lo anterior se exacerba a cuenta de la condición subordinada de Puerto Rico como territorio no incorporado: pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de él.

¿Quién velará para que no se destruya el menguado patrimonio local —bienes inmuebles, colecciones de arte, parques, reservas naturales— en aras de repagar lo que se debe? ¿Quién certificará que la deuda existente es legítima y libre de dispositivos usureros? El resultado de este proceso impredecible impactará a la isla por décadas mientras se acrecienta un horizonte incierto.

Los procedimientos judiciales para encaminar una solución arbitrada a la deuda comenzaron el 17 de mayo. La jueza federal Laura Taylor Swain, del distrito sur de Nueva York, designada por el presidente de la Corte Suprema John Roberts, dispone de un enorme poder para imponer medidas contra los acreedores ante la posibilidad de severos recortes a los repagos.

De igual manera, puede sancionar recortes de servicios contra la población, como ajustes de pensiones y disposición de bienes patrimoniales, en un crudo ejercicio de autoridad colonial. Durante la vista, la magistrada afirmó que “el fracaso no era una opción” y advirtió que anticipa “dolor y decepciones” por el hecho de que no habrá con qué pagar a todos.

Al no haber sido electos, ni la jueza ni la junta responden a la voluntad de los puertorriqueños, quienes carecen de mecanismos para hacer valer su punto de vista.

En esta ecuación ni siquiera el gobierno en turno, fruto de una elección general, representa a quienes lo eligieron, porque es la Junta de Control Fiscal nombrada por el congreso estadounidense la que hablará y actuará ante la jueza en representación de los puertorriqueños. En otras palabras, con la petición del Título III, el gobierno entregó el control económico de la isla y se humilló ante las autoridades coloniales. En otras palabras, la sujeción a la junta implica una subordinación política que determinará el futuro para varias generaciones, mientras los puertorriqueños, debidamente amordazados, serán privados de tener voz y voto en decisiones que afectan su destino.

Debe recordarse que la crisis de Puerto Rico, que empezó hace al menos una década, es compleja y no simplemente financiera. Se vuelve más paradójica y trágica, además, porque los puertorriqueños poseen la ciudadanía estadounidense, aunque mientras vivan en la isla no puedan ejercerla ni ser protegidos por los derechos que les corresponden. El derecho pleno de la ciudadanía, como la representación parlamentaria o el voto presidencial, solo funciona si el sujeto se encuentra en uno de los cincuenta estados de la Unión.

La crisis ya muestra impactos de largo plazo. Desde el censo de 2010 hay una caída demográfica debido a la emigración y a un crecimiento natural negativo (más muertes que nacimientos). Solo en 2016, unos 100.000 puertorriqueños —de una población total de 3,5 millones—, abandonaron el país para ir a Florida y Texas, entre otros destinos. Esto implica múltiples complicaciones, entre ellas la reducción de la base contributiva y de la fuerza laboral. Sin una población productiva y estable, ¿quiénes pagarán los nuevos impuestos y enfrentarán las medidas de austeridad? El panorama se muestra tenebroso para niños y ancianos.

Mientras todo esto ocurre, el gobierno de Roselló esconde el borrador del nuevo presupuesto, que tendrá severos recortes, luego de haber aprobado a la carrera una reforma laboral que redujo beneficios a empleados públicos y privados. Se anunció el cierre permanente de 179 escuelas públicas y se teme un recorte a la jornada laboral de los empleados públicos. Por otro lado, la Universidad de Puerto Rico —a la que se le exige un recorte mortal de 450 millones en dos años— permanece cerrada hace casi dos meses sin que se discuta abiertamente lo que este recorte supone para su viabilidad.

Atemorizadas, las autoridades enmendaron el código penal para castigar la protesta ciudadana en diversas modalidades con penas fijas de cárcel. Bastará cubrirse el rostro en un acto de libre expresión o manifestarse frente a un proyecto de construcción o una escuela para merecer una sentencia obligatoria de años de prisión. La mayoría legislativa, que favorece la anexión para la isla, paradójicamente se declara admiradora con estas nuevas leyes que emulan el más duro chavismo. Habrá que ver si se necesita una cuota de sangre para avergonzarlos de su mezquindad.

Lo anterior supone el grave riesgo de que, concluido todo este calvario, la economía de Puerto Rico quede arrasada y sin posibilidades de reconstruirse. Lo ocurrido deja a los puertorriqueños con la sensación de que su país está siendo liquidado en parcelas cual finca, de que la junta no es otra cosa que una vuelta a los tiempos de las plantaciones sureñas, donde el amo pensaba por el esclavo. Y tienen razón. Al pan, pan, y al vino, vino: el congreso y la Casa Blanca han despachado la crisis de Puerto Rico con mucho desdén y poca diligencia, como si se tratara de una mera propiedad secundaria. Y eso hay que denunciarlo.

Pedro Reina Pérez es catedrático en la Universidad de Puerto Rico e investigador visitante en la Universidad de Harvard.

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