Puigdemont cruzando el Delaware

Repasando los discursos que el presidente de la Generalitat pronunció en una sala del parlamento europeo el 24 de enero y en un aula de la universidad de Harvard el 27 de marzo, uno tiene la sensación de que Puigdemont escudriña el pasado de Cataluña con la misma avidez prosopopéyica con que los jerarcas nazis leían una y otra vez la treintena de páginas del opúsculo de Tácito Sobre el origen y costumbres de los pueblos germánicos.

Admito que esta es una de esas comparaciones que parecen odiosas, pero lo que enfatiza no es ningún paralelismo ideológico, sino una misma obsesión por buscar señas de identidad en una fantasiosa continuidad milenaria. De hecho, mientras los nazis trataron de anclar sus leyes raciales de Nuremberg en la supuesta prohibición de los matrimonios mixtos entre las tribus germánicas -imaginadas por un historiador romano que nunca las visitó-, los separatistas catalanes se declaran legatarios de una nación que en el siglo XI era la “más grande del mundo” porque tenía parlamento “mucho antes” que Inglaterra e impulsó “el inicio de las Naciones Unidas” al promover una reunión “para hablar de paz” en una ciudad francesa.

Sí, sí, han leído bien. Por otra parte, no sé de qué se extrañan: si ya ha quedado establecido en un simposio sufragado con dinero público que Colón, Leonardo da Vinci, Cervantes y la mal llamada Teresa de Ávila eran catalanes -y por tanto catalanas fueron todas sus gestas y creaciones- qué menos podía hacer Puigdemont en Harvard que asumir la tesis de Pau Casals de que la invención de la ONU también fue cosa de catalanes.

Sean xenófobas o cosmopolitas, hagan mucha, poca o ninguna gracia, todas estas ucronías descacharradas sólo tienen importancia en la medida en que inspiran actos políticos contemporáneos. Y aunque evidentemente lo de gasear judíos y anexionarse países vecinos por la fuerza de los tanques está en una categoría distinta a pretender declarar unilateralmente la independencia, cualquier invención de un paraíso perdido por un pueblo elegido termina siendo un artefacto dañino, en manos de fanáticos y oportunistas.

“La mala historia, no es una historia inocua sino peligrosa”, argumentaba siempre Hobsbawm. Si el “folleto” de Tácito ha llegado a ser catalogado –lean la obra de Christopher Krebs- como uno de los “most dangerous books” jamás escritos es porque el mito histórico no es sino el pistilo del nacionalismo, en el sentido matricial de la botánica, o sea el útero en el que se conciben los proyectos totalizadores que uncen al individuo al yugo de sus orígenes. Es el salto, a menudo mortal, que transforma el “we, the people” en el “we, a people”.

En el caso que nos ocupa, la reivindicación de una soberanía catalana anterior a la existencia de España –refutada científicamente por historiadores de muy diverso linaje- viene sirviendo de coartada de un relato falaz, torticero y manipulador tanto de los episodios más conflictivos desde el siglo XVII como de la propia memoria de la transición de la que gran parte de los vivos tenemos constancia presencial. Como escribió Martín Alonso, esa distorsión genera “una guerra civil intrapsíquica entre el cerebro lógico y el étnico”, en la que la “asimetría de las estructuras de resonancia” -o sea el control de los medios desde la Generalitat- establece la correlación de fuerzas.

De esa chistera es de la que Puigdemont se sacó en concreto el conejo que soltó ante sus audiencias de Bruselas y Harvard como quien no quiere la cosa. Resulta que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 “vino a truncar de hecho la relación bilateral que habían mantenido Cataluña y España y había servido para el entendimiento y progreso mutuo”.

¿”Relación bilateral”? No estamos ante un malentendido, sino ante una grosera muestra de mala fe, reproducida en cada encrucijada en la que la voluntad descentralizadora del Estado da una oportunidad a la autonomía catalana. Recomiendo vivamente a este respecto la lectura del discurso que el catedrático republicano Felipe Sánchez Román pronunció en las Cortes el 6 de mayo de 1932, durante el debate del primer Estatuto de Cataluña.

En más de una ocasión he dicho que si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, mis simpatías habrían estado con el pequeño Partido Nacional Republicano que fundó este brillante intelectual. El importante libro de Álvarez Tardío y Villa García, sobre el fraude en las elecciones de febrero del 36, acaba de poner el foco en su lúcida decisión de retirarse de las negociaciones entre republicanos y socialistas, cuando quedó claro que iban a desembocar en el Frente Popular. Pero los “aplausos de casi todos los sectores de la Cámara” que, según el Diario de Sesiones, habían cerrado ese discurso cuatro años antes denotan que si alguien encarnaba la quintaesencia de un republicanismo ceñido al principio de legalidad era Felipe Sánchez Román.

El sentido de su intervención aquel día fue salir al paso de quienes aprovechando “el recuerdo de la tradición amarga de un pasado aborrecible” -se refería a la dictadura de Primo de Rivera pero sus palabras sirven igual para el franquismo- pretendían dotar al Estatuto de “un sentido paccionado entre Cataluña y España”. Izquierdas y derechas hicieron suyo el argumento clave de Sánchez Román:

“Aquí no hay ni puede haber pacto en el sentido del Derecho Constitucional. Aquí estamos todos, catalanes y no catalanes, bajo el peso inopinable de una norma constitucional… Esa Constitución no dice, de ninguna manera, que el Estado español, unitario, se disgregue en diferentes estados miembros para formar un régimen federal. Lo que nos dice esa Constitución española es que estamos facultados para dictar Estatutos de Autonomía”.

La autonomía catalana era por lo tanto “obra de la voluntad del Estado” porque “ni la voluntad de Cataluña ni la de ninguna región tienen fuerza obligatoria para rendir al Estado a que delegue competencias ni atributos de ningún género”. De ahí deducía Sánchez Román -y esto es lo más relevante hoy en día- que “el Estado tiene un indiscutible derecho de control sobre la actividad de la región autónoma”, que “este derecho de control requiere que el Estado ejercite una vigilancia sobre la región autónoma para ver si esta cumple las funciones que le son cedidas” y que esa vigilancia debe “impedir que una autoridad regional se extralimite de la órbita de su propia competencia estatutaria”.

En la cámara se escucharon gritos de “muy bien” de diversa procedencia cuando Sánchez Román expuso su corolario: “Aunque hoy cediéramos con plenitud de albedrío determinada competencia, no tendríamos nosotros derecho nunca a impedir que el Estado español de mañana, en cualquier momento ulterior deshaga o rectifique cualquier competencia imprudentemente delegada sin la base de una experiencia histórica…”.

Así es como se introdujo en el último de los 18 artículos de aquel Estatuto del 32 que la iniciativa para su reforma correspondía tanto al parlamento de Cataluña como a las Cortes Españolas. Luego vino la crisis de la Ley de Contratos de Cultivo, anulada por un Tribunal de Garantías mucho más politizado que nuestro actual Tribunal Constitucional, la proclamación unilateral de la República Catalana en octubre del 34 y la suspensión de la autonomía.

Inscrito en la cultura de la incontinencia dispositiva que caracteriza a los parlamentos autonómicos, el vigente Estatuto de 2006 no tiene 18 sino 223 artículos, amén de quince disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales; pero no concede al Congreso de los Diputados facultad alguna para iniciar su reforma. A cambio el artículo 155 de la Constitución, tributario de la amarga experiencia republicana, otorga al Gobierno la capacidad de “adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general”, previo “requerimiento” dirigido a su presidente.

La falta de desarrollo legislativo de este artículo -y la inconstitucionalidad de la LOAPA- han impedido hasta ahora encauzar con proporcionalidad legal “rectificaciones” como las que invocaba Sánchez Román, aun cuando, en un ámbito tan crítico como la enseñanza, la “experiencia” las haya aconsejado de forma acuciante. Pero nadie discute que entre esas “medidas necesarias” que pueden emanar del artículo 155 están la recuperación de competencias de toda índole, la destitución de cargos públicos y la propia suspensión de la autonomía.

Y es obvio que si hay un supuesto que debería desencadenar de forma automática la aplicación de esas “medidas necesarias” es el de un proceso unilateral de secesión como el que reiteradamente viene anunciando Puigdemont. “Si el referendum no puede ser pactado, manifestamos que lo organizaremos igualmente”, dijo en Bruselas. “Cataluña seguirá adelante con el referéndum en cualquier caso”, añadió en Harvard, como si estuviera cruzando el Delaware.

Podría debatirse si estos meros anuncios en foros internacionales, acompañados de actos políticos como la dotación presupuestaria para celebrar la consulta ilegal o la reforma del reglamento del parlament para proceder a una secesión exprés que burle el control del Tribunal Constitucional, no atentan en sí mismos de forma suficientemente grave contra el “interés general” como para remover de sus cargos a Puigdemont y su compaña. Pero resulta realmente incomprensible que Rajoy no haya activado aún el artículo 155, al menos en su fase de “requerimiento”, para instarles formalmente a cesar en sus trabajos preparatorios de lo que se perfila como un golpe de Estado en toda regla.

En lugar de ello, el jefe del Gobierno ha acudido a Barcelona a anunciar cuatro mil millones de inversiones en infraestructuras que, siendo tan justas y convenientes como las que deben acometerse en tantos otros lugares de España, han sido percibidas por todos como una especie de compensación por la negativa a negociar la autodeterminación. Si a ello le unimos la lenidad de las condenas a Mas y Homs por el precedente del 9N -poco más que los dos minutos fuera de la cancha con que se sancionan las infracciones leves en un partido de balonmano-, es lógico que Puigdemont piense que si triunfa pasará a la historia como el George Washington catalán y que si fracasa disfrutará de unos años de inhabilitación en su masía, mientras el pueblo le agradece haber obligado al Gobierno a pagar una parte de su deuda con Cataluña. De hecho, todo volverá a la casilla de salida cuando explique en una universidad neozelandesa que la carrera espacial comenzó aquella mañana del siglo XII en que un payés del Ampurdán miró extasiado a la luna bajo el “reinado” de Ramón Berenguer el Grande.

Pedro J. Ramírez, director de El Español.

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