Puigdemont fuera de control

La entrevista esta semana de Vladimir Putin con Tucker Carlson, portavoz del populismo global y propagandista de cámara de Donald Trump, contiene el golpe de efecto que sitúa el marco de lo que está en juego en este crucial año electoral en la UE y Estados Unidos cuando el agitador norteamericano le pregunta al autócrata si «puede imaginar un escenario en el que envíe tropas rusas a Polonia». Desde ese mismo instante late una amenaza sobre Europa aunque Putin lo negase, como hace dos años rechazó que fuese a invadir Ucrania. En el contexto de una eventual victoria de Trump en noviembre y su desprecio por la OTAN, asistimos por tanto en 2024 a un episodio de importancia existencial en el combate para desestabilizar el orden mundial sostenido en la hegemonía de los valores de Occidente -multilateralismo, Estado de Derecho, derechos humanos, libre comercio-.

Puigdemont fuera de control
Gabriel Sanz

En este plano, es natural, por lo tanto, que las instituciones europeas manifiesten el mayor repudio político y coloquen bajo vehemente sospecha a los dirigentes, fácilmente identificables bajo el epígrafe de «extremistas», que hayan participado en operaciones rusas destinadas a «socavar la democracia». Carles Puigdemont aceptó reunirse en su propia residencia durante la víspera de la declaración de independencia con un diplomático que se presentaba como emisario del Kremlin y después envió varias veces al jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, a visitar en Moscú a personalidades vinculadas al KGB para que contribuyesen a su «causa», según su propia confesión en TV3.

Estos son los hechos y la valoración que merecen cae por su propio peso, cualquiera que sea la calificación que acabe asignándoles el juez que los investiga en Barcelona. Por eso el nombre del ex president aparece en la contundente y relevantísima resolución de la Eurocámara aprobada por abrumadora mayoría este jueves para denunciar concretas injerencias de Putin y concretos cómplices tóxicos, por eso el PSOE no ha tenido otro remedio que apoyarla y por eso su impacto trasciende la propia amnistía, porque lo que señala es la situación de dependencia de la minoría separatista extremista en la que Pedro Sánchez ha colocado a la democracia española («una buena noticia para Moscú», según escribió ya en agosto The Washington Post). La declaración desautoriza de un plumazo las acusaciones de lawfare y anima al juzgado a seguir adelante.

La ley fundacional de la legislatura -sin amnistía no habrá Presupuestos- ha acumulado en dos semanas un pesado baldón político, sintetizado en un estado de opinión crecientemente crítico ante la UE, que la conduce a un aparente callejón sin salida. Sobre cada uno de los tres delitos para los que Puigdemont reclama la impunidad a cambio de sus votos pesa ya un correlativo estigma en Europa: la malversación, la alta traición y el terrorismo. Y ninguno de los tres es en realidad el más grave de los que cometió cuando lideró desde el asalto contra el orden constitucional español, porque ése ha sido insólitamente borrado del ordenamiento.

La principal consecuencia de la Junta de Fiscales de este martes es que el Gobierno ha perdido el control sobre la suerte que corra el prófugo, que ya no depende de su arbitraria voluntad política, sino que queda en manos del Tribunal Supremo. La aplastante mayoría a favor de abrirle causa por terrorismo concede toda la autoridad a la Sala para efectivamente hacerlo, cualquiera que sea el camino que adopte el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras poner el asunto en manos de su número dos con una maniobra de juego sucio, y acerca como posible una citación como imputado que provocaría un terremoto político. El Ejecutivo ha perdido, también, el control sobre los tiempos.

La claridad con la que los fiscales despacharon el debate no puede desvincularse de la influencia de la tenaz investigación de la periodista de EL MUNDO Ángela Martialay, que retrata la falta de altura moral de un fiscal general que miente -este director conserva el mensaje en el que le «asegura» que es «rotundamente falso» el contenido de la información sin duda cierta que publicamos al día siguiente- y apura su escaso ascendente intentando nuevas desviaciones de poder al servicio del Gobierno.

Nadie mínimamente razonable puede creer que un fiscal escriba un «borrador» de 63 folios con membrete, firma y fecha y lo envíe a su superior, y que poco más de 72 horas después, tras pasar por el despacho de García Ortiz, remita otro de parecida extensión con el mismo formato pero la tesis opuesta. No hace falta denunciar presiones porque esa secuencia documentada es suficientemente elocuente. Nunca un fiscal general en España había quedado en evidencia de una manera tan rotunda. Como escribió este periódico en su editorial del lunes, «la calidad democrática de las instituciones que sostienen el Estado de Derecho no depende nunca sólo de su naturaleza, siempre frágil, sino, sobre todo, del sentido, la responsabilidad y la conciencia moral de los concretos ciudadanos que las encarnan».

El solapamiento de las negociaciones con Junts para sacar adelante la amnistía con el proceso electoral en Galicia concede al 18-F una proyección nacional aún mayor de la que ya tenían. El PSOE ha puesto con todo el descaro a su maquinaria electoral al servicio del BNG: hasta este punto llega la sumisión de las marcas territoriales a los socios de Moncloa. Se trataría de provocar un trasvase que acerque a Ana Pontón al 30% para disputarle restos al PP a costa del desangramiento de la candidatura de Gómez Besteiro, que conducirá a los socialistas gallegos a su peor resultado histórico y los dejará consagrados a una posición auxiliar del independentismo, que lleva en su programa una reedición local del procés catalán con referéndum incluido.

Pero éste es el precio a pagar: si Alfonso Rueda, como todas las encuestas vaticinan, conserva la mayoría absoluta, Sánchez entrará en una debilidad política aguda que lo pondrá a merced de las exigencias del prófugo, que reclama «amnistía total»; pero si, por el contrario, el bloque plurinacional suma un escaño más que el PP, al presidente no habrá Puigdemont que se le ponga por delante y la legislatura estará garantizada, con la oposición quebrada. Por eso la discusión sobre la legalidad, la justicia y la moralidad del cómo no debe apartarnos de la mucho más esencial sobre las del qué: desde la misma noche electoral asistimos a una transacción ilegítima de impunidad por votos a la que ningún Estado de Derecho puede dar cobertura.

Joaquín Manso, director de El Mundo.

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