Las tomas de posición de los empresarios, las declaraciones rotundas de los líderes europeos, la insistencia de Rajoy en la falta de sustento legal de su propuesta parece que no hacen mella en la determinación de Artur Mas de convocar una consulta ilegal sobre la autodeterminación de Cataluña. Lo ha prometido en el Parlament y ha movilizado a los Mossos para ello.
Es verdad que el presidente de la Generalitat ha dado algunos bandazos en los últimos meses. Habló de que el referéndum se haría «dentro de la legalidad», mandó emisarios a Madrid ofreciendo negociar un pacto fiscal a cambio de abandonar la apuesta separatista, etc. Pero al final, nos sale el político que quiere pasar a la Historia, el que pretende disputarle el espacio electoral a ERC.
¿A qué se debe este movimiento pendular, esta falta de consistencia?
Algunos lo atribuyen a un simple cálculo electoral. Otros, a su debilidad de carácter, a sus depresiones. Hay quien le da un valor extraordinario a la capacidad de presión de sus socios de ERC, a los que necesita tanto como teme.
En fin, sin desdeñar ninguno de esos aspectos, la clave de su radicalismo, lo que explica que haya redoblado su apuesta por una alternativa que lleva indefectiblemente a un choque frontal con el Gobierno, está en la influencia que ejerce sobre él su mentor, el político más importante de Cataluña del último medio siglo.
Naturalmente, me refiero a Jordi Pujol.
El creador del nacionalismo catalán moderno, inventor de CiU, ejerció durante una época de catalanista leal a la Constitución. El Pujol del seny.
Cuando llegó el momento de su relevo, elegido por él, designó a un hombre dúctil como Mas, nada identificado con el independentismo, precisamente como una forma de pararle los pies a los jóvenes cachorros de las juventudes de su partido, que ya apuntaban a una ruptura del statu quo.
Hubo dos elementos que fracturaron ese proyecto continuista de CiU como un componente de estabilidad en la política nacional.
La «traición» de Zapatero, después de haber prometido que el Gobierno respetaría lo que llegase desde el Parlamento de Cataluña (se refería, claro, al nuevo Estatuto); y, sobre todo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto aprobado por el Parlament y refrendado en referéndum.
Pujol lo interpretó como «una tomadura de pelo». ¡Y estamos hablando del Gobierno socialista!
El ex presidente de la Generalitat, alguien al que no le ha faltado nunca el olfato político, supo que esa «afrenta» iba a provocar una reacción sin precedentes en la sociedad catalana. Todos los partidos, a excepción del PP y de un entonces naciente Ciudadanos, reaccionaron con estruendoso enfado.
Lo que parece increíble ahora es que un partido como el PSC respaldara un Estatuto que no sólo establecía la realidad política de Cataluña como nación, sino que dinamitaba la estructura del Estado, creando las bases de un Estado propio.
Aunque en una primera instancia CiU capitalizó en gran medida ese enfado alimentado, en las elecciones de 2012 Mas cosechó un resultado desastroso, aunque su partido siguió siendo el más votado.
Quizás en ese momento lo razonable hubiera sido cambiar el guión, retroceder a unas posiciones más reconocibles, más en consonancia con lo que había sido el mensaje y las propuestas del pujolismo.
Pero ya era demasiado tarde. No sólo porque se habían puesto en marcha mensajes («España nos roba») que habían calado hondo en una parte de la sociedad catalana, arrasada por la crisis y los recortes; sino, sobre todo, porque el gran jefe del clan nacionalista había interpretado las noticias aparecidas en los medios sobre la financiación de su partido y el enriquecimiento ilícito de algunos de sus hijos como «un ataque directo de Madrid», lo que para él es incluso más importante que Cataluña: su familia.
Personas del entorno nacionalista comentan en privado que «el único que podría parar a Mas es Pujol». Sin embargo, a renglón seguido reconocen que ahora es «el que más empuja a la confrontación».
Sin embargo, el propio Pujol ha admitido a ese mismo entorno que «el Estado español no va a permitir» el referéndum secesionista.
Entonces, ¿qué pretende Pujol al empujar constantemente a Mas a que se estrelle contra un muro?
La respuesta no puede ser más clara y, al mismo tiempo, más desoladora: lo que busca Pujol es una nueva afrenta por parte del Estado, por parte de Madrid, en esa identificación tan simple pero tan eficiente que hace el nacionalismo catalán.
Es decir, encontrar una nueva y poderosa razón para seguir ahondando la brecha que separa a una parte de la sociedad catalana de España. Éste es el Pujol de la rauxa.
Muchos catalanes no votarían la independencia, pero están a favor de una consulta. El rechazo del referéndum alegando su ilegalidad está totalmente justificado, pero no resuelve el problema político. A saber: que tras impedir, por los medios que sean, la celebración de esa votación, habrá más ciudadanos en Cataluña decepcionados con España.
En Pujol se mezclan sentimientos que tienen que ver con su autoconvencimiento de que «con España ya no hay nada que hacer», y con su propia peripecia personal, la del posible ingreso en prisión de dos de sus hijos: Jordi y Oriol; este último, entrenado para ser el continuador de la saga al frente del nacionalismo y de la Generalitat.
Un escenario de choque de trenes permitiría a Pujol colocar la mercancía de que las investigaciones judiciales sobre su familia no son más que la guerra sucia que España ha puesto en marcha contra Cataluña. Recuerden su exabrupto: «¿Qué coño es eso de la Udef?».
Así las cosas, la solución dialogada parece más un espejismo que una alternativa viable. Y, sin embargo, el Gobierno está obligado a ensayar todas las vías posibles. ¿De qué vale imponer la ley si una parte importante de la sociedad catalana quiere romper con España?
El Gobierno, por supuesto, no puede permitir que la Generalitat vulnere la ley. El Ministerio de Justicia ha elaborado un plan con todos los escenarios jurídicos posibles (incluida la aplicación del artículo 155 de la Constitución) en caso de que Mas siga adelante con su plan. Esa determinación debería ir acompañada de una iniciativa política que desactive la estrategia del agravio.
Eso implica llegar a pactos. No ahora. Sí tras el 9-N.
Casimiro García-Abadillo, director de El Mundo.