Por Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea y director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la UB (EL PERIÓDICO, 27/06/06):
El proceso de paz de Euskadi se encuentra en un impasse debido a una mala gestión de los tiempos y al no reconocimiento de las partes. En ello ha influido el pulso que ciertos sectores del poder judicial están echando a José Luis Rodríguez Zapatero y la pinza que el PP, apoyándose en un uso partidista de las víctimas, y algunos medios de comunicación están haciendo al Gobierno.
En todo régimen democrático, el poder judicial es un instrumento de protección de los ciudadanos y la garantía de que los otros poderes no se extralimitarán en sus funciones. Sin embargo, al mismo tiempo, como escribieron Miguel Herrero de Miñón y Ernest Lluch, "el derecho es un mero instrumento para la resolución de conflictos, como tal, obra de cultura y en consecuencia siempre relativa a su circunstancia y a su finalidad. Es decir, a su utilidad". Y, en las actuales circunstancias, las decisiones del juez Fernando Grande-Marlaska se están convirtiendo en un obstáculo para avanzar en el camino de la paz. La prohibición de la participación de Arnaldo Otegi en el ciclo de Tribuna Barcelona, algunas de las inculpaciones (Julen Madariaga) en la trama de extorsión de ETA y la de dos empresarios navarros --presuntamente extorsionados-- y la citación del responsable de relaciones exteriores del PNV, Gorka Agirre, imputado en un delito de colaboración con ETA, y, en calidad de testigo, de Xavier Arzalluz, no son las más apropiadas.
Sin duda, Grande-Marlaska se ajusta a derecho, pero ha llegado el momento de revisar el pacto por las libertades y contra el terrorismo y la ley de partidos políticos, que se han convertido en un lastre que amenaza con abortar el proceso de paz, sobre todo cuando un sector de la judicatura no parece dispuesto a considerar la situación surgida con el alto el fuego y cuando uno de los firmantes no solo no está por dicho proceso, sino que parece dispuesto, por intereses partidistas, a hacerlo fracasar. Y, si algo no hay que hacer en estos momentos, es darle argumentos a ETA para que vuelva a empuñar las armas.
ETA ES la gran asignatura pendiente de la transición. Sus crímenes han empañado el positivo proceso emprendido tras la muerte del dictador. El pasado día 21, todavía emitía un duro comunicado en el que reiteraba las peticiones de siempre (territorialidad, respeto a la decisión del pueblo vasco, etcétera). Es la música ya conocida y que, en el futuro, deberá encauzarse por vías políticas dentro del Estado de derecho. Aún estamos lejos de esta fase. Pero del comunicado destacan dos afirmaciones: "La voluntad (...) de alcanzar mediante el diálogo y la negociación una paz justa y duradera con el Estado español" --bien es cierto que seguida de una advertencia inaceptable, la de reconsiderar su decisión según cómo evolucione la situación-- y la denuncia del acoso jurídico que vive la izquierda aberzale. Un acoso inapelable según las disposiciones legales vigentes, pero poco recomendable. No se trata, evidentemente, de ceder al chantaje de ETA, pero sí de evitar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos posibles. No tiene sentido que se penalicen los contactos con la izquierda aberzale porque sin ellos, iniciados hace más de dos años por dirigentes socialistas y de Batasuna, no se hubiera llegado al punto en que se está ahora de alto el fuego permanente y apuesta por las vías políticas.
En definitiva, ha llegado el momento de la toma de decisiones, aun en contra de la actitud del PP, porque el proceso de paz no puede subordinarse a los intereses electoralistas de un partido. No hay tampoco que ceder a las exigencias de ETA en tanto que conculcan el Estado de derecho, pero sí adaptar el marco jurídico y penitenciario a la situación creada tras el alto el fuego. Si hay voluntad política y sentido de Estado --y Zapatero tiene ambos-- los pasos a dar parecen claros: ratificación del cese de la violencia (los datos que tiene el Gobierno lo permiten), comunicación a las Cortes del inicio de conversaciones con ETA, legalización de la izquierda aberzale mediante un proceso de refundación de la misma, paulatina aproximación de los presos a Euskadi y exigencia de un alto el fuego definitivo --con la vista puesta en la disolución-- para iniciar las negociaciones sobre el futuro de los miembros de ETA.
HABRÁ LLEGADO entonces la hora de la política, que deberá abordarse --de nuevo Herrero y Lluch-- mediante una lectura flexible de la Constitución y del derecho constitucional. Pero, hoy por hoy, sería un flaco favor a la democracia y a la paz que el Gobierno, por las presiones mediáticas y del PP y la actuación de determinados sectores del poder judicial, dudara en dar los pasos necesarios para llegar hasta el final en un proceso en el que tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, que, sin olvidar las víctimas de ayer, pretenden evitar las de mañana.