Rentabilidad y reclamo turístico. Vicente Ruiz.
Primero fueron las prohibiciones, con Cataluña como gran hito antitaurino; ahora la hoja de ruta marca la abolición por asfixia. Por asfixia económica. La revolución en el mapa municipal ha activado el plan: dinamitar los festejos menores cortando cualquier subvención. Subvención es la palabra que marca tendencia entre los que se llaman a sí mismos 'animalistas'. Y el espíritu 'goebblesiano' de sus perfectamente organizadas estructuras ha hecho triunfar el mensaje de que el toreo es deficitario. Mentira por mucho que se repita.
Los toros no sólo son rentables, sino que aportan la friolera de 45 millones de euros al Estado en concepto de IVA. Eso sólo por la recaudación en las taquillas de las plazas. Y el impacto económico anual de la tauromaquia es de 3.550 millones, según el informe de Anoet, pese a que no recibe ni un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado.
La demagogia 'podémica' ha lanzado un debate trampa en muchos de los municipios donde han empezado a gobernar: ¿toros o servicios sociales?, ¿encierros o libros de texto y comida para todos?. Sólo falta junto al eslogan la foto de un niño con la cara sucia y de hambre. Pero ya puestos deberían extender el debate a los fuegos artificiales, a los conciertos y las bandas de música que recorren estos días toda la geografía española. ¡Que se acaben las fiestas patronales!
Puestos a jugar a eso, sólo en concepto de IVA, la aportación de los toros a Hacienda permite que se financien 135.000 becas en enseñanza obligatoria, que puedan vacunarse contra la varicela 317.000 niños o que se paguen 10.700 pensiones no contributivas, como ha explicado el economista Juan Medina.
Así que se podría invertir el debate: o se dan toros o se acaban muchas de las ayudas sociales. Porque el rendimiento económico del mundo del toro es tremendo para nuestra economía. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, recibe cada año 2,3 millones de euros como canon fijo de la empresa que explota Las Ventas.
Esas pequeñas partidas que los ayuntamientos dedican en sus fiestas básicamente a festejos populares no deja de ser una inversión para el pueblo, ya que siguen siendo el principal reclamo turístico de la mayoría de ellos. Con un impacto directo en los comercios y la hostelería local.
Pero, sobre todo, acabar con estas tradiciones es acabar con la historia de estos municipios, que viven con entrega todos estos festejos. Y contra esa pasión están chocando muchos ayuntamientos, que dan marcha atrás en su idea abolicionista ante el empuje de las peñas locales. Porque la gente además necesita alegrías después de tantos años de calamidades. Y los festejos populares, que en 2014 se incrementaron un 15%, son esa alegría que la 'marca España' necesita recuperar para terminar de despegar.
Con mis impuestos, no, gracias. Eduardo Álvarez.
Allá por el siglo XVI, Pío V emitió una bula en la que declaraba que "esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el circo o la plaza pública no tienen nada que ver con la piedad y la caridad cristianas (...) por ser espectáculos cruentos y vergonzosos, propios no de hombres sino del Demonio". Quizá aquel pontífice, como sus cristianísimas majestades Felipe II, rey de las Españas, o Felipe V de Borbón, quienes hicieron cuanto pudieron para acabar con los toros, no fueran más que malvados podemitas al servicio de Pablo Iglesias. Pero, en todo caso, mucho antes de las elecciones del 24-M, las celebraciones taurinas han sido objeto de regulación por parte de las autoridades de turno. La mayoría de las veces, digámoslo, para apoyarlas y financiarlas.
De modo que a nadie debiera sorprender que, en uso legítimo de sus competencias, los gobiernos municipales decidan si destinan o no recursos públicos a las corridas de toros. No es éste un debate a favor o en contra de las mismas -aunque, obviamente, no oculto mi filiación antitaurina-. Lo que defiendo -y aburre que sea necesario hacerlo en pleno siglo XXI- es que los partidos tienen no sólo el derecho, sino la obligación, de mojarse en cuestiones que provocan un amplio debate social. Sólo así los ciudadanos podemos creer que la elección entre distintas opciones es algo más que ficción. Y, afortunadamente, hoy en muchos ayuntamientos hay mayorías políticas que consideran que las corridas de toros son, sencillamente, una barbaridad que no debe contar con ninguna subvención pública. Del mismo modo que siguen existiendo tantos otros consistorios cuyos regidores opinan justo lo contrario y destinan millones a estos supuestos festejos. Y a los que no nos gusta, nos aguantamos.
Los taurinos defienden la alta rentabilidad de la tauromaquia y no sé cuantas bondades más. Pero ya vemos la campaña que han organizado en cuanto algunos ayuntamientos han decidido cortarles el grifo. Que no mientan al menos. En Madrid, por ejemplo, Carmena no ha prohibido nada. Sólo ha decidido emplear mis impuestos en cosas que considera prioritarias y acordes a su ideario y programa político. Como es lógico. Pero con fondos privados, en la capital seguirá habiendo corridas mientras los aficionados quieran. Y ya si eso otro día hablamos de toros e incultura.