Punto de vista: cesión de espacios públicos en Madrid

Aprovechar la energía ciudadana. Por Raúl Conde.

Uno de los principales errores de casi un cuarto de siglo de Gobierno popular en Madrid fue su porfía en un perfil urbano que, como dijo Umbral, huele “a salida de los toros, a mierda de animal muerto y a fumador piorreico”. Madrid sigue siendo la capital galdosiana del cañeo, la burocracia y los congresos. Pero ha devenido en una ciudad aletargada, sin una marca internacional, endeudada hasta el corvejón y con una energía ciudadana adormecida fruto de una política que ha optado por el elitismo del mercado de San Miguel en lugar de tapar los socavones de las aceras en Usera.

Este sesgo ideológico ha permitido que, mientras se persigue al músico callejero, el Ayuntamiento desaproveche decenas de edificios en los que caben proyectos culturales y con fines comunitarios como el Patio Maravillas. Tanto este edificio, desalojado recientemente; como el Campo de la Cebada, el solar del derribado polideportivo de La Latina que administra una agrupación vecinal; y el centro autogestionado de La Tabacalera, cedido por el Estado, prueban que allí donde no llega una institución lo hace la ciudadanía. Es fácil adivinar este axioma en la idea de Manuela Carmena de ceder espacios públicos a asociaciones según su “rendimiento social”. De su anuncio algunos han colegido que privilegiará a los okupas, mientras sigue entretenida en asuntos triviales. Lo trivial, ahora, debe de ser lograr la cesión de 400 viviendas de los bancos para alquiler social o extender los comedores escolares.

SANTIAGO SEQUEIROS
SANTIAGO SEQUEIROS

El PP, que no dudó en entregar locales vacíos a asociaciones surgidas de la okupación, ha puesto el grito en el cielo. Es evidente que entre Esperanza Aguirre y algunos de los concejales de Ahora Madrid vinculados al Patio Maravillas existe una sima más grande que el anillo de la M-30. En cambio, caricaturizar a los okupas como una tribu cervecera dispuesta a expropiar los dúplex de Serrano resulta grotesco. Usurpar la propiedad privada es delito, claro. Pero los okupas conforman un movimiento heterogéneo que acumula 30 años y que ya controla decenas de centros en Madrid.

Un consistorio del siglo XXI puede tratar esta realidad como si fuera una amenaza o esperar a que los pérfidos rastafaris transmuten en alegre muchachada con jerséis al hombro. O puede también ofrecer una alternativa a la retahíla de colectivos que llevan décadas demandando espacios para abrir las ventanas de una ciudad adobada entre un asociacionismo mortecino y las tascas guays de Retiro.


Revolución municipal permanente. Por Fernando Palmero.

La tesis de Negri y Hardt según la cual un mismo sujeto político, la multitud (la gente dice Iglesias en su reformulación del término, despojándolo de su raíz spinoziana), puede a la vez ser poder constituido sin dejar de ser poder constituyente, no por ser un delirio ontológico deja de operar como nueva categoría utópica.

Conscientes de las contradicciones que históricamente han lastrado los movimientos revolucionarios, los dos intelectuales de referencia del líder de Podemos (Errejón, prefiere, sin embargo, a Carl Schmitt) se alejan del materialismo teórico desplegado en Imperio (con la salvedad, claro, del disparatado último capítulo) para concluir en Multitud: “Los revolucionarios de nuestro tiempo son conscientes de que todas las revoluciones, hasta la fecha, sólo han servido para perfeccionar la forma del Estado, no para destruirlo. La revolución de la multitud no debe sufrir la maldición de Termidor. Debe organizar su proyecto al compás de los tiempos, determinado por mecanismos constituyentes y procedimientos institucionales que lo protejan de retrocesos dramáticos y errores suicidas”.

Lo que plantean Hardt y Negri, sin atender a las cautelas maquivelianas sobre la condición humana, es que para evitar que la revolución realice un giro de 360 grados y vuelva a su punto de partida, la nueva vanguardia no ha de instaurar nunca un poder regulado sino que la multitud ha de “crearse” en un incesante proceso de “producción de lo común”, esto es, de instauración de dinámicas y espacios ajenos al control del poder constituido y que, por su naturaleza y voluntad constituyentes, no serían sino focos de vigilancia y resistencia activa. El acceso a las instituciones no es, de esta forma, un fin en sí mismo para la transformación social, sino un instrumento a través del cual alcanzar el verdadero fin al que aspira la revolución: la destrucción del Estado.

Carmena sabe muy bien cuál es su cometido. No gestionar el Ayuntamiento, sino entregar la ciudad a los colectivos que le facilitaron su victoria. No es casual, que a las pocas semanas de acceder al Palacio de Cibeles esté ya pagando su deuda: la entrega de edificios públicos para que se instalen en ellos los verdaderos gestores de la ciudad. El problema no es jurídico. Es, ante todo, político. El poder no se ejercerá desde el Ayuntamiento, sino desde la calle y desde esos otros espacios de control y proselitismo antisistema (cultura, lo llaman) repartidos por los barrios urbanos y periféricos.

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