Descartes tenía razón. Por Luis Martínez.
Vivimos un tiempo en la historia de este país parecido al del surgimiento de la civilización y la ciencia tal y como la conocemos hoy. Y no me pongan esa cara. Llegó Descartes, de nombre Renato, miró a su alrededor, todo lleno de supersticiones medievales y corruptelas del pensar, y se preguntó: «¿Algo de todo esto es real?». Y hecha la pregunta, no le quedó más remedio que imputar por sospechoso de fantasmagórico todo aquello que consideraba la realidad. Todo, incluso su propio pensamiento.
Ahora, adopten la misma posición del francés. Sin miedo. Era feo, pero con cierta donosura. ¿Qué partido está limpio? ¿Qué sentido tiene todo esto? Ni los nuevos pueden presumir de nada. Los episodios de corrupción generalizada, latrocinio indiscriminado y áticos sin éticas han marcado a fuego un tiempo que, sin exagerar mucho (o sí), podríamos llamar la Edad Media de la democracia o del régimen del 78, como lo llaman algunos. Por ello, ahora más que nunca, convendría imputar todo aquello que reúna la más mínima sospecha y dejarlo al margen. No digo que tenga que ser un principio para siempre, pero sí en este momento.
Estamos de acuerdo en que imputado, pese a su rima horrorosa, no es lo mismo que culpable; coincidimos, como demócratas de casi toda la vida que somos (hubo noches en que no estuvo claro), que nadie puede pasar por alto la presunción de inocencia; y, obviamente, no estamos de acuerdo en que una sola medida destinada a aumentar la seguridad limite la libertad. Faltaría más. Pero no vivimos un tiempo cualquiera. Y si los partidos que llevan imputados en sus listas (Viva Valladolid) no lo han entendido, mal, muy mal incluso.
Un imputado, básicamente y resumiendo mucho, es alguien que parece culpable. Y no por su manera de andar, la anchura de las patillas, su liberalidad a la hora de repartir propinas o su afición a dar abrazos a los niños en periodo de elecciones. Todo ello, admitámoslo, son indicios razonables, pero no suficientes. Para estar imputado (o encausado, como quieren ahora) ha tenido que haber antes un juez (o jueza) con cara de asombro. Se sienta el magistrado, observa la documentación oportuna y se dice: «Esto necesita una explicación». No estamos hablando de lo que Plutarco, con permiso de Cuartango, describió en sus Vidas paralelas a vueltas con la mujer del César. No es una cuestión de apariencia, decencia u honor No es eso de «¡Será hijo de imputado!». No, el problema es la propia fundamentación de una democracia moderna a la que, por una patilla o por otra, nunca acabamos de llegar.
Por supuesto que el juez puede equivocarse. Es el momento quizá de arbitrar un mecanismo para resarcir a los que, por culpa de un magistrado con demasiada facilidad para hacerse notar o para confundir el Estado de Derecho con el estado de la derecha, queden manchados. Pero, partamos de cero, suspendamos el juicio, alejemos los fantasmas y, con Descartes, no dejemos que nada imputado forme parte del principio. De este principio. Luego, ya veremos.
Vivan los imputados. Por Emilia Landaluce.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que va a sustituir el término imputado por el de encausado o investigado, algo que en su día ya anunció su predecesor en la cartera, Alberto Ruiz-Gallardón. La intención revela cuán importantes son las palabras para calmar a la rehala (más español que jauría) humana, soliviantada lógicamente por la corrupción, un mal endémico que la crisis ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Los agresores son los nuevos maltratadores y los runners, los corredores de siempre. Desde que se empezaron a sacudir las alfombras del sistema, los imputados se han convertido en esa lacra en la que recae la rabia de los ignorantes, sobre todo en materia legal. «Hijo de imputa(do/a)», podría ser un nuevo insulto aunque, seguramente, los hijos de los Rodrigo Rato, Jesús Sepúlveda y demás lo han escuchado en sus respectivos patios de colegio o en cualquier tipo de circunstancia. ¿Acaso dejamos alguna vez de frecuentar la crueldad del recreo? La vida se escribe con renglones torcidos y las palabras equivocadas y si hay prostitutas santificadas (Santa Néfija sin ir más lejos), también hay imputados que resultan ser inocentes.
Uno de los méritos que hay que reconocer al resquebrajamiento del bipartidismo es haber obligado al sistema a cribar (algunas de) sus manzanas podridas. El resultado ha sido, según una nota del pasado noviembre, 1.900 imputados en diferentes causas y procesos de corrupción. Sin embargo, como desliza la misma información, la cifra de condenados es evidentemente menor: concretamente, 170. Hace unos meses, Miguel Ángel Gil Marín decía que en España es «difícil no tener algún antecedente penal».
La imputación, que sólo implica «ser investigado por la presunta comisión de un delito», debe de ser por lo tanto aún más habitual en un país en el que los procedimientos judiciales proliferan como hongos y el acceso a la condición maldita se puede derivar de una mera querella por parte del tribunal. Por lo tanto, no permitir que los imputados (con la posibilidad de ser declarados inocentes) se presenten a las elecciones equivale a imponer -antes de que se dicte sentencia- una condena de inhabilitación privativa del derecho al sufragio pasivo, pena que, paradójicamente, puede no estar prevista para castigar el delito imputado.
¿Y la presunción de inocencia? Pues... no sé. Quizás se fue volando con el polvo de tanta alfombra levantada.
Para terminar, un poco de demagogia: 2014 nos legó una infanta de España imputada. ¿Acaso ella ha renunciado a su derechos en la línea de sucesión ? Es cierto que se nace infanta y que no hay que someterse a sufragio alguno para acceder al título (de reconocido prestigio y representación pública) pero es una nueva muestra de la incoherencia característica del grueso trazo de los que hacen política mirando los telediarios y las encuestas. Es la Ley.