Han transcurrido casi dos meses desde que la Comisión de Expertos que he tenido el honor de presidir presentase al Gobierno su Informe con las medidas que, a su juicio, deberían integrar el futuro cambio de nuestros impuestos. Ese Informe fue acogido con inusitada atención por los medios y recibido muy favorablemente por los especialistas, que en su gran mayoría resaltaron la sólida fundamentación de sus propuestas y la necesidad de ponerlas en marcha con urgencia. Pero, como suele ocurrir en estos casos, también se expresaron discrepancias con algunas de las muchas medidas que contiene.
La Comisión Europea ha respaldado bastantes aspectos del Informe, apoyándolos con estimaciones y cálculos que refuerzan sus conclusiones. El Gobierno lo ha considerado también muy valioso pero mostró instantáneamente su discrepancia con el tratamiento de la vivienda propia y, de forma más reflexiva, su decisión de no reclasificar artículos en el IVA ni de alterar sus actuales tipos de gravamen. Algunos afectados por esas posibles reclasificaciones o por la desaparición de sustanciosas exenciones han puesto su grito en el cielo tratando de demostrar que, sin tales beneficios a su favor y en contra del resto de los contribuyentes, la economía de la nación se derrumbaría de inmediato. Todo, pues, dentro de lo que cabía esperar al plantearse una reforma tan profunda como la que pretende la Comisión de Expertos.
He tratado de resaltar, a lo largo de muchas intervenciones públicas, que nuestro Informe responde a una implacable lógica económica, no fácil de aceptar por quienes se sitúan en otras perspectivas metodológicas. En un país tradicionalmente intervencionista resulta complicado entender que, cuando los mercados funcionan en competencia libre, cualquier alteración en sus precios relativos implica pérdidas de bienestar social y de potencial de crecimiento, por lo que la neutralidad impositiva -gravar todos los bienes y servicios proporcionalmente a sus precios con la misma carga fiscal, que fue la concepción inicial del IVA- constituye la mejor defensa de ese bienestar y de las posibilidades de desarrollo. Sólo cuando no existe libre competencia o los precios no reflejan los costes sociales de algunos bienes o servicios, resultará necesario que los impuestos los recojan rompiendo su neutralidad. Igualmente resulta a veces difícil entender que la Justicia es imparcialidad y que la pérdida de privilegios tributarios particulares constituye una mejora general en la equidad, aunque empeoren quienes los pierdan. Como subrayan modernas concepciones de la Justicia, esa regla sólo resulta invalidada cuando los privilegios se establecen exclusivamente en favor de los menos favorecidos, lo que justifica una progresividad de las tarifas impositivas que no reduzca el crecimiento, o cuando están abiertos a todos en condiciones de libre concurrencia justificando, en un plano bien distinto, la existencia de empleos mejor retribuidos que otros.
Tales consideraciones han inspirado las propuestas de la Comisión. A ellas se unen dos circunstancias que afectan seriamente a la economía española: su elevada dependencia del ahorro exterior y su situación de fuerte desequilibrio en las cuentas del sector público. Eficiencia, equidad, fomento del ahorro interior y equilibrio presupuestario fueron, por tanto, los cuatro puntos cardinales que orientaron las propuestas del Informe.
La Comisión considera que la eficiencia debería alcanzarse principalmente mediante dos acciones. La primera, por una reducción sustancial de los impuestos directos, pues afectan negativamente a las decisiones de trabajar, ahorrar o asumir riesgos económicos. La segunda, reduciendo fuertemente la brecha entre los salarios percibidos por los trabajadores y los pagados por las empresas, de modo que, sin pérdidas para los primeros, se disminuya sustancialmente el coste del trabajo y aumente el empleo. Reducir esa brecha implica bajar los impuestos directos pero, sobre todo, las cotizaciones sociales, como propone la Comisión adoptando las reiteradas ideas de los organismos internacionales y de muchas instituciones españolas con cálculos rigurosos y bien fundamentados.
Pero la eficiencia de la economía se acrecentará también si se mejora la neutralidad de los impuestos, lo que significa que los tributos aumenten los precios de bienes y servicios en igual proporción para no alterar la asignación del mercado, salvo los de primerísima necesidad por tradicionales criterios redistributivos; que traten igual el ahorro en viviendas que en activos financieros, lo que mejorará nuestro potencial de crecimiento al dirigir el ahorro más hacia colocaciones productivas y menos hacia materializaciones consuntivas, o que den mayor libertad en la colocación del ahorro a largo plazo sin forzar su colocación en ciertos productos, sin olvidar la mejora de la unidad de mercado y de la neutralidad fiscal en los diversos territorios de la nación. Todas se encuentran en nuestras propuestas. Las referidas a la vivienda, que tan rápida y negativa reacción suscitaron, pretenden evitar además que, en cuanto aumente el ahorro familiar y se normalicen las condiciones de financiación, se repita la burbuja inmobiliaria de épocas anteriores. No por casualidad, sino por el exceso de protección fiscal de que ha gozado tradicionalmente en España, la vivienda en propiedad ha sido la colocación más frecuente del ahorro de nuestras familias, lo que ha dificultado un mayor crecimiento y una mejor financiación de las empresas españolas. De ahí las razonables propuestas del Informe sobre la vivienda.
La equidad también se ha protegido especialmente en nuestras propuestas, que pretenden reducir las fuertes desigualdades que se derivan de exenciones con poco sentido, regímenes especiales con escaso fundamento y, sobre todo, de un fraude fiscal importante que multiplica injusticias y desigualdades; hacer más progresivo el IRPF reduciendo más su tarifa para las rentas más reducidas; proteger los salarios más bajos mediante un límite a su tributación; mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de los discapacitados; reducir el desempleo, primera causa actual de pobreza y desigualdad, y reforzar la financiación de las pensiones públicas insertándolas, parcialmente al menos, en el esquema general de financiación estatal.
La necesidad de ahorro interior para crecer y generar empleo es evidente en una economía como la española, fuertemente endeudada frente al exterior. Aunque el endeudamiento privado esté disminuyendo y los mercados internacionales se muestren más benévolos, una dependencia excesiva del ahorro exterior constituye una importante debilidad. Por eso la Comisión propone proteger el ahorro de las familias mediante una tarifa reducida y única sobre los rendimientos de todos sus ahorros, lo que, además, atenuaría su doble imposición sucesiva en el IRPF; reducir la carga sobre las herencias para proteger su transmisión dentro de la propia familia; suprimir el Impuesto Sobre el Patrimonio para evitar que las fortunas escapen por nuestras fronteras y luchar contra un endeudamiento excesivo de las sociedades para fortalecer su capitalización y su crecimiento.
En cuanto al déficit público la Comisión se ha limitado a aceptar los cuantiosos compromisos gubernamentales sobre reducción del gasto público que conducen a mantener estrictamente el nivel relativo de los impuestos. Por eso ha propuesto que las reducciones impositivas se compensen inicialmente con los ingresos derivados de la disminución de exenciones y fraude, de aumentos en los impuestos medioambientales e, incluso, de reclasificaciones en el IVA. Todos ellos resultarán necesarios para compensar una importante reducción en los impuestos directos que impulse con fuerza un fuerte crecimiento del PIB, lo que acrecentaría posteriormente la recaudación y disminuiría el déficit. Es evidente que, si ya se estuviese produciendo ese fuerte crecimiento del PIB, sólo resultaría necesaria una reducción más limitada de los impuestos directos, compensable con algunos de esos aumentos impositivos pero no con todos.
La Comisión, cumpliendo con su deber y con el mandato recibido, ha propuesto, desde una lógica económica rigurosa, una reforma fiscal muy de fondo que permita alcanzar un alto crecimiento de la producción para abordar los retos del mundo abierto, global y fuertemente competitivo en que vivimos, reduciendo sustancialmente nuestras vergonzosas cifras de paro. Al Gobierno corresponde evaluar la situación y decidir el contenido de la reforma y los momentos oportunos para su implantación.
Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.