Puntualizaciones poselectorales

Celebradas las elecciones del pasado 21 de diciembre deberíamos puntualizar algunas cuestiones de no poca importancia sobre los resultados, la participación y la conveniencia de las mismas. En primer lugar hemos de confirmar, una vez más, que el resultado pronosticado por las encuestas elaboradas con carácter previo, así como alguna efectuada a pie de urna han sorprendido más de lo esperado. En democracia podemos percibir las tendencias políticas de los electores, pero siempre es difícil, afortunadamente, cuadrar los resultados a priori. Una persona siempre es un voto y este debe preservarse en secreto.

Sin embargo, se han de destacar dos aspectos.  Uno de ellos, la gran participación ciudadana en los comicios lo que representa un real y verdadero ejercicio  democrático.  El otro, ha sido la constatación de la división de la sociedad catalana en dos mitades. Esta realidad se ha ido conformando y confirmando a partir de la decisión del entonces partido hegemónico de querer obtener una mayoría absoluta en el Parlament, cuando gozaba de un muy holgado número de 68 diputados; es decir, le faltaba un diputado para obtenerla. Hoy, después de los comicios la podría obtener por la mínima,  es decir 70 diputados, sumando las tres fuerzas políticas partidarias de la independencia. Por el camino ha perdido 34 escaños.

Aquel pretendido deseo de 'els catalans' y 'la bona gent' tal y como lo manifestaban sin recato al iniciar el 'procés' hacia la independencia, le ha dejado muchos pelos en la gatera. Los catalanes y la buena gente, que presumiblemente somos todos, estamos divididos y lo que hemos de conseguir inmediatamente es que no estemos enfrentados, pues ello nos llevaría a una situación sin vuelta atrás.

Un 47,49% de ciudadanos a favor de la separación y un 52,51% a favor de proseguir en una misma realidad democrática con todos los españoles, garantizada por el actual Estado de derecho, aunque no matemática, es una división que nos ha de hacer reflexionar seriamente. El Estado de derecho a diferencia de los estados no democráticos, es un marco jurídico de convivencia que permite todas las opciones políticas, respeta los derechos fundamentales de las personas e impone deberes a las instituciones y a los ciudadanos, iguales ante la ley, sean o no políticos, para preservar la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Y conviene no olvidar que su ordenamiento jurídico ha de evolucionar en consonancia con los signos de los tiempos y las necesidades de sus ciudadanos, empresas e instituciones sin alterarlo fuera del marco jurídico establecido, de lo contrario su petrificación impediría la evolución y mejora de la convivencia.  Un ejemplo de un deseo legítimo puede serlo, en una sociedad tan globalizada, que el voto de cada ciudadano sea idéntico para conseguir la representación parlamentaria, habite en una sociedad de mayor densidad o no.

Finalmente, la conveniencia de los comicios del 21-D era del todo necesaria a la vista de la participación ciudadana y de la aceptación de todos los grupos políticos sin excepción. Así ha sido a resultas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como también lo hubiera sido de haberlas convocado, como moralmente debió hacerlo, el 'president' de la Generalitat.

Sin embargo, el señor Carles Puigdemont ha dicho textualmente que «el Estado del 155 ha perdido» y, lisa y llanamente, no es verdad. Su lista ha quedado en segundo lugar y, ciertamente, es la más votada entre los partidos independentistas gracias a que se ha sometido a lo que previene nuestra Constitución. Y también, gracias a ella, se ha podido presentar como candidato, lo que no ha hecho como ciudadano ante la justicia.

Tengo dudas muy serias respecto a que el señor Puigdemont regrese a nuestro país, sería una opción, como todas las que ha tomado, sin duda legítima pero no consecuente con el compromiso que asumió al conducir la política de su gobierno a desbordar el marco de un Estado democrático, social y de derecho que, sin duda alguna, tiene consecuencias le guste o no le guste.

Eugeni Gay Montalvo, Vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional.

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