En Rusia, como en otros países, la farsa judicial -la aparente legalidad de un juicio fraudulento- es la forma habitual de disfrazar la intención de aplicar sentencias previsibles a gentes particularmente molestas para el poder político. Los dos años de cárcel impuestos a las tres cantantes del grupo punk Pussy Riot por «gamberrismo motivado por el odio religioso» es el veredicto de un proceso político, una medida más del régimen de Vladimir Putin para intimidar a la oposición. La mediocre actuación de Nadia Tolokonnikova, Maria Aliojina y Yekaterina Samutsevich en la Iglesia del Cristo Redentor de Moscú, aunque pretendiera ser provocativa al estilo de otras de Madonna, habría pasado desapercibida si no hubieran rogado a la Madre de Dios, ante el altar del templo ortodoxo más importante del mundo, que echara de una vez a Putin del Gobierno.
Las Pussy Riot son valientes, pero es evidente que no son disidentes de un régimen semejante al de Stalin, pese a que, según sus propias palabras durante el juicio, se identifiquen con el movimiento artístico OBERIU de los años 20, cercano a las ideas del dadaísmo y del surrealismo, y sobre todo con su fundador, Daniil Ivanovich Jarms, que fue acusado de ser un «enemigo del soviet» e internado en un campo de trabajo donde murió en 1942. Las Pussy Riot han ofendido a los creyentes (por lo que pidieron perdón durante el juicio), pero aún más a Putin y al patriarca ruso Cirilo, acusando a este último de creer más en el putinismo que en Dios. Las punkis no son Trotsky ni Brodsky, pero su improvisado espectáculo satirizó las dos ideologías más poderosas en Rusia, el nacionalismo y el putinismo. La sentencia, a la que recurrirán las penadas, augura, junto a las nuevas leyes sobre manifestaciones, ONG e internet, lo que va ser la estrategia de Vladimir Putin en su tercer mandato presidencial.
Desde la conquista, en el siglo XVI, por Iván Grozni -el Terrible (aunque la traducción más correcta sería el Tremendo)- de Kazán y Astracán , de mayoritaria población musulmana, hasta las de las del zar Pedro y Catalina la Grande en Asia Central, ya en el XVIII, la identidad religiosa - el cristianismo ortodoxo- ha sido el pilar de la identidad étnica rusa, aunque sólo en el XIX, bajo la influencia del romanticismo alemán, se produjo la identificación completa entre el Estado y la Iglesia. Desde entonces, ambos fomentaron el antisemitismo y marcaron una frontera social entre los rusos étnicos y los otros súbditos del Imperio, muchos de ellos de religión musulmana o judía.
Desde la llegada al poder de Putin, la Iglesia Ortodoxa Rusa ha mantenido relaciones privilegiadas con el régimen que le devolvió su patrimonio expropiado por el comunismo, pero que, sobre todo, la reintegró en su papel histórico de símbolo de la identidad nacional. Además de sostener el putinismo, la religión ortodoxa en la Rusia actual, cuyo Estado se define como laico, constituye una referencia obligada en todos los discursos políticos nacionalistas, ya sean los de los grupos de la oposición derivados del Movimiento contra la inmigración ilegal (cuyo programa se basa en los valores tradicionales de la Iglesia Ortodoxa Rusa), ya sean los del partido oficialista Rusia Unida. El fenómeno no es sorprendente, porque, como en todos los países ex comunistas, la religión ha servido como catalizador en la politización de la identidad étnica (los Balcanes son el mejor ejemplo de ello).
Actualmente Rusia se enfrenta a dos graves desafíos para la seguridad e integridad nacional, dos peligros que enconan el sentimiento nacionalista: el independentismo de las repúblicas del Norte de Cáucaso, de mayoría musulmana, donde el islamismo radical está en auge y pretende crear sus propios Estados, y la inmigración asimismo musulmana de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. El nacionalismo es la ideología más popular y la más compartida por los rusos. Es el rostro público del putinismo, que define su régimen como democracia soberana (cada pueblo, según su carácter nacional, necesitaría su propio modelo de democracia) y la base de su discurso antioccidental y de su política exterior hegemonista, centrada en la recuperación para Rusia del estatuto internacional de gran potencia.
Pero el sistema político creado por Vladimir Putin durante la última década no podrá mantenerse intacto en la actual. Los resultados de las últimas elecciones -municipales y presidenciales- y las masivas protestas antigubernamentales demuestran que el paisaje político, aunque no todavía el equilibrio de fuerzas, ha cambiado. Ya no es sostenible el Estado híbrido de la democracia soberana rusa, un sistema político que cumple las exigencias de la democracia formal -elecciones libres, sistema pluripartidista, libre mercado, teórica libertad de expresión-, pero que mediante instituciones invisibles como el servicio secreto o el control de los medios de comunicación impide la consolidación democrática y prolonga el autoritarismo. Las nuevas leyes -la de manifestaciones, que contempla multas de hasta 9.300 euros por participar en ellas; la de las ONG, que exige a todas las organizaciones civiles que reciben ayuda financiera del exterior inscribirse en el Servicio Federal de Registros y reconocer públicamente su condición de agencias extranjeras; la de internet, que, creada explícitamente para proteger a los niños de los contenidos pornográficos de la Red, implica la existencia de una comisión con derecho a prohibir las webs desafectas-; los registros de pisos y oficinas de políticos de la oposición y las frecuentes detenciones, todo ello indica que Putin está decidido a construir un marco legal para su régimen autoritario a medida que va disminuyendo el apoyo mayoritario con que contó en las pasadas legislaturas.
El juicio a las Pussy Riot y la desmesurada condena que se les ha impuesto son el paradigma de la relación del régimen con un grupo profesional que no ha podido controlar. Las punkis son artistas que cada día ganan influencia en la población que desconfía de la clase política. Los raperos Mijail Visitsky o el cantante de rock Stanislav Baranov constituyen otro ejemplo de ello, aunque el mayor éxito, sin duda, corresponde a Citizen Poet -Dmitri Biukov (poeta) y Mijail Yefremov (mimo)-, que en teatros improvisados realizan performances en las que adaptan textos de los poetas rusos más célebres del pasado -como Lermontov, Mandelstam, Ajmatova o Mayakovski- a la situación actual, con críticas ácidas al putinismo. Su actuación tiene más impacto que los discursos políticos, porque, si los rusos pueden jactarse todavía de algo, es de su gran literatura.
Vladimir Putin es consciente de encontrarse ante el dilema de optar por una salida a lo Gorbachov o a lo Mubarak. El primero quiso asegurar su poder introduciendo reformas aperturistas (glasnost y perestroika) y perdió, demostrándose así que la democratización no admite medias tintas. En Egipto, Mubarak no hizo ninguna reforma sustancial y pactó con la cúpula militar para mantener la estabilidad política, pero, igualmente, lo perdió todo. Putin, como Mubarak, cuenta con el apoyo del ejército y del servicio secreto, pero sólo hasta que les pueda garantizar sus privilegios. La época de Gorbachov y Yeltsin fue la de la transformación del régimen comunista; la primera década del Gobierno de Putin ha sido la de la estabilidad (tan necesaria después de los caóticos años 90). El futuro de Rusia dependerá del próximo ciclo político -las reformas sustanciales hacia la democratización son necesarias para su supervivencia como Estado-, pero no del putinismo, cuyo final ha comenzado aunque su agonía será larga.
Mira Milosevich-Juaristi es escritora y doctora en Estudios Europeos.