Putin en el banquillo

Al leer la prensa internacional, uno tiene la impresión de que los dos últimos años han sido buenos para el presidente ruso Vladimir Putin. Su campaña en Ucrania ha alcanzado en gran medida sus objetivos principales; Rusia controla Crimea y ha desestabilizado partes importantes del resto del país. La caída de los precios del petróleo ha causado graves daños a las finanzas de Rusia pero, hasta ahora, eso no parece haber afectado la popularidad de Putin.

No obstante, una larga serie de derrotas jurídicas a las que no se ha prestado mucha atención podrían tener un efecto dramático sobre la suerte de Putin. Por ejemplo, en 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó 129 sentencias contra Rusia y en enero el Consejo de Europa privó a Rusia de sus derechos de voto debido a violaciones del derecho internacional. A medida que se acumulan, las sentencias están empezando a plantear una amenaza a la posición internacional de Rusia, su salud financiera y al propio Putin.

putin-en-el-banquilloLas sentencias no han sido simplemente simbólicas. En julio de 2014, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya ordenó a Rusia el pago de 50 mil millones de dólares a los ex accionistas de la compañía petrolera Yukos por haber llevado a la empresa a la quiebra de manera ilegal para después distribuir sus activos a Rosneft, una compañía productora de propiedad del Estado. En su apogeo en 2003, Yukos tenía un valor de 30 mil millones de dólares. La cantidad es la mayor que ha concedido la corte de arbitraje en su historia y no se puede apelar. Francia y Bélgica han comenzado a incautar activos rusos para hacer cumplir la sentencia.

En un caso distinto, en junio de 2014 el TEDH ordenó a Rusia que pagara a los accionistas de Yukos más de 2 mil millones de dólares “con respecto a los daños pecuniarios”. Esta sentencia es también la mayor en la historia del tribunal. Rusia, que atraviesa una crisis de liquidez, tendrá problemas para conseguir sumas tan grandes. Sin embargo, el hecho de no cumplir pondría en riesgo la inversión extranjera en el futuro.

El caso Yukos podría ser un presagio de lo que está por venir. En abril, la Comisión Europea envió un pliego de cargos al gigante ruso del gas, Gazprom, en el que lo acusaba de violar las leyes antimonopolio de Europa mediante la partición de los mercados de gas de Europa central y oriental, la prohibición de la reventa transfronteriza y el cierre de sus oleoductos a terceros. Gazprom se enfrenta a una multa del 10% de sus ingresos, que durante el último año fiscal fueron de 177 mil millones de dólares. A Gazprom, que ya está en problemas por el bajo precio del gas, el aumento de la competencia y ahora la caída de la producción, le costará trabajo reunir los fondos sin sacrificar proyectos de infraestructura urgentes.

Rusia también está recibiendo presiones cada vez mayores debido a supuestos comportamientos criminales. En efecto, recientemente vetó una resolución del Consejo de Seguridad propuesta por Malasia, Ucrania, los Países Bajos, Australia y Bélgica para establecer un tribunal penal dedicado a enjuiciar a los responsables del derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines en julio de 2014 sobre territorio ocupado por los rebeldes en Ucrania oriental. Esos cinco países han reunido evidencias que apuntan a la utilización de un misil lanzado desde un sistema BUK ruso operado por soldados rusos.

Si se llegara a demostrar la culpa de los rusos por el derribo de ese vuelo, quedaría probado que las declaraciones de Putin de que su país es un mero testigo del conflicto ucraniano son mentiras. En cualquier caso, el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad es una admisión tácita de culpa, y abre las puertas para que los Países Bajos, que fueron quienes más ciudadanos perdieron en el ataque, presionen para que se apliquen sanciones adicionales.

Mientras tanto, en julio de 2014 el Reino Unido reabrió la averiguación legal sobre el envenenamiento por polonio de Alexander Litvinenko, un ex oficial de seguridad del Estado de Rusia que se había convertido en ciudadano del Reino Unido, en noviembre de 2006. Se celebraron audiencias púbicas en Londres para determinar  “quiénes son los responsables de la muerte”. La averiguación prestó especial atención a una ley rusa aprobada en marzo de 2006 que permitía al Estado matar a aquellos que se consideraba que, como Litvinenko, ponían en riesgo la seguridad nacional.

Una determinación de un tribunal británico de que el gobierno ruso habría ordenado o permitido el asesinato de Litvinenko tendría graves consecuencias. Un veredicto como ese daría credibilidad a otras acusaciones criminales como el ataque con bombas contra cuatro complejos habitacionales en 1999 y los asesinatos de varios periodistas de investigación. También fortalecería el llamado del Parlamento Europeo para realizar una investigación internacional independiente sobre el asesinato del ex viceprimer ministro Boris Nemtsov, líder político de la oposición rusa, y apoyaría la petición de su familia en ese sentido.

Por último, si bien Rusia ha establecido un control de facto sobre Crimea, es probable que cada vez se enfrente a más recursos jurídicos  contra su presencia en la región. Ningún gobierno ni organización internacional creíble acepta la descripción que hace Rusia de la anexión como un acto democrático legal por parte del pueblo de Crimea. Las Naciones Unidas, el G-7, la Unión Europea y los Estados Unidos sostienen que es un acto ilegal. En mayo, la canciller alemana Angela Merkel la describió, en presencia de Putin, como “un acto criminal e ilegal según el derecho internacional.”

En junio, Ucrania presentó a Rusia, en 17 volúmenes, un cálculo de las pérdidas que había sufrido por la anexión de Crimea y que ascendían a casi 90 mil millones de dólares. Se podrían reclamar pérdidas adicionales por la guerra en el sureste de Ucrania que Rusia ha apoyado y que ha provocado 6,000 muertes y enormes daños a la infraestructura. Es probable que Rusia

Se ve envuelta durante años en batallas jurídicas ante instancias como el TEDH y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. Estas batallas jurídicas  sin fin ahuyentarán de Crimea a los inversionistas, por lo que Rusia deberá subsidiar la ocupación durante años.

Putin ha sobreestimado su posición. Además de la exposición a la responsabilidad por los daños causados durante el conflicto en Ucrania, Rusia se enfrenta a sanciones jurídicas que ascienden a aproximadamente el 4% de su PIB, lo que equivale a su gasto en educación. Tal vez Putin haya logrado poner al sistema jurídico de su país bajo su control, pero sigue siendo vulnerable a las decisiones de instancias internacionales. Puesto que Rusia está demasiado vinculada con los sistemas jurídico y financiero internacionales para cortar los lazos y convertirse en un Estado rebelde, es cada vez más probable que su presidente tenga que responder por las consecuencias de sus acciones.

Paul R. Gregory, a research fellow at the Hoover Institution and a research professor at the German Institute for Economic Research in Berlin, is a professor at the University of Houston. Traducción de Kena Nequiz.

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