Que cada palo aguante su vela

Ante las declaraciones de Gabriel Rufián (ERC) sobre Madrid, me viene a la memoria la antológica respuesta de Obama cuando le preguntaron «¿cree que haber tenido menos votos ahora que en su primera elección se debe al color de su piel?». Respuesta: «Que yo sepa, el color de mi piel es el mismo ahora que entonces». Y sonrío, porque Madrid es la capital de España desde Felipe III y siempre fue por detrás de la economía catalana, especialmente en los tiempos de Franco. Las cosas cambian cuando Madrid apuesta por una contención de gastos y una rebaja de impuestos que ha traído más crecimiento, más ingresos y una mayor contribución a solidaridad interterritorial. Según un reciente informe muy aireado en Cataluña, el contribuyente medio madrileño paga 8.548 euros al año frente a los 7.045 que paga el contribuyente medio catalán, lo que hace que Madrid recaude más (22.331 millones) que Cataluña (19.171 millones) pese a contar con menos contribuyentes. Y precisamente cuando Madrid empieza a hacer uso de la limitadísima autonomía financiera que la actual legislación permite, los secesionistas catalanes pretenden cortarle las alas con una especie de 155 tributario para andar por casa.

El debate sobre financiación autonómica es tan viejo como la democracia. Fernández Ordóñez defendió una hacienda centralizada porque, según él, quien tiene la bolsa, manda. Martín Villa creía que unas comunidades autónomas liberadas de la obligación de allegar los recursos necesarios para financiar los servicios que tenían encomendados, caerían en la tentación de gastar más de lo que podían permitirse pasando las facturas a la hacienda central. Por eso Jordi Pujol no reclamó en el debate constitucional la recaudación tributaria, lo que disgustó enormemente a Trías Fargas, ni lo hizo cuando cerró con Aznar el Pacto del Majestic, lo que enfadó a Joaquin Molins. El que lo hizo fue Artur Mas cuando, en plena crisis económica (20/09/12), reclamó un concierto a la vasca. Y ahora Rufián, dando un giro copernicano, pide que se recorte la limitadísima autonomía de las haciendas autonómicas para cortar las alas a Madrid.

Que cada palo aguante su velaUn guirigay que sólo se explica porque nuestro sistema de financiación autonómico se ha quedado viejo. A día de hoy, la mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas proceden de transferencias estatales o de participaciones territorializadas en tributos que apenas pueden modular. No pueden hacerlo en los impuestos que afectan a la competencia que son los más sustanciosos (sociedades, valor añadido e impuestos especiales) y por eso, no tiene sentido –como hace Rufián–, hablar de dumping fiscal. El sistema actual ni obliga a las autoridades autonómicas a pensarse mejor lo que gastan ni permite a los ciudadanos comparar lo que pagan por lo que reciben.

Por eso, es urgente reformar la financiación de las comunidades autónomas, pero no para restringir su autonomía financiera (pacto PSOE-Ciudadanos en 2016 e Informe Montoro de 2017), sino para que sepamos lo que cada uno hace. La España de hoy, descentralizada, abierta al mundo, e integrada en la unión económica y monetaria, no soporta un minuto más un sistema tributario que se diseñó para una economía centralizada, cerrada y autárquica. Se necesita un modelo radicalmente nuevo que contemple conjuntamente todos los gastos e ingresos, incluidas las cotizaciones y prestaciones sociales, de todas las administraciones públicas; lo que los americanos llaman the full picture. Y, lo más importante, que se base en el principio de repartir los impuestos y no la recaudación de los impuestos (corresponsabilidad fiscal).

Lo primero que hay que hacer es distinguir entre servicios esenciales y los que no lo son. Liberales y socialdemócratas no coincidirán en qué sean servicios esenciales, pero todos coincidimos en que sí lo son la educación, la sanidad y los servicios sociales. No son servicios esenciales, por mucho que se quiera estirar el chicle, las televisiones territoriales o las embajadas autonómicas. Si un responsable autonómico quiere poner en marcha un proceso de construcción nacional, inmortalizarse en decenas de televisiones o multiplicar representaciones en el exterior, que se lo explique a sus votantes, porque lo que no tiene sentido es que lo paguen ciudadanos de otros territorios que ni las van a disfrutar ni las consideran prioritarias. En servicios esenciales, todos iguales; en los no esenciales, que cada palo aguante su vela.

Resuelta la cuestión, queda otra pregunta: ¿cuáles son las cantidades a transferir a las haciendas autonómicas? En mi opinión, las que sean necesarias para cubrir los costes unitarios de servicios esenciales al nivel que nos podamos permitir como nación. No tengo que insistir en que estos costes unitarios difieren de una comunidad a otra, porque no es lo mismo escolarizar a un niño en una zona rural que en una urbana, ni cuesta lo mismo la sanidad cuando la población es joven que cuando es mayor. Cualquier comunidad autónoma podrá mejorar este nivel de prestación siempre y cuando se lo explique a sus electores que al final tendrán la última palabra. Si uno quiere clases de equitación en las escuelas o carreteras iluminadas que se las ingenie para pagarlo.

Llego a la pregunta del millón: ¿qué tributos se reserva el Estado y para pagar qué?, ¿qué hacemos con las comunidades autónomas? Como se deduce de la formulación de estas preguntas, este modelo se basa en el reparto de impuestos y no, como hasta ahora, en el reparto de la recaudación. La hacienda central se reserva todo el poder tributario (establecimiento, gestión y recaudación) de los impuestos que afectan al funcionamiento del mercado: el de la renta que grava los salarios, el capital mobiliario, el de sociedades, el IVA y los impuestos sobre el petróleo. ¿Para pagar qué? Para hacer frente a sus funciones propias (Exteriores, Defensa, Justicia…) y para transferir a las comunidades autónomas los recursos necesarios para hacer frente a las suyas en los niveles acordados. Éstas se quedarían con el impuesto sobre la renta del capital inmobiliario, patrimonio, sucesiones y donaciones, alcohol y tabaco, juego y los precios impositivos (precios públicos, tasas y contribuciones especiales) que son especialmente adecuados para financiar los servicios tangibles e inmediatos que se prestan a los ciudadanos.

Con estas premisas, el principio de solidaridad operaría de forma automática: los ciudadanos que vivan en las comunidades autónomas más ricas pagarán más impuestos porque tienen rentas más elevadas y consumen más bienes y servicios; sin embargo, todos, ricos y pobres, disfrutarían del mismo nivel de servicios esenciales. En consecuencia, no sería necesario plantearse el problema de la ordinalidad que tanto ha envenenado el ambiente en los últimos tiempos. Para cerrar el sistema, los Presupuestos Generales del Estado incluirían asignaciones anuales para financiar paulatinamente equipamientos colectivos en aquellos territorios que partieron con retraso en el proceso de descentralización autonómica.

Lo más importante del nuevo modelo es que cumpla dos objetivos básicos: atribuir la responsabilidad fiscal al responsable del gasto –en los distintos niveles de las administraciones públicas– y quebrar la dinámica de comunidades autónomas ganadoras y perdedoras que, a veces con tino y a veces por pura demagogia, se emplea para azuzar el descontento y la incomprensión. Y es que, como decía Alexis de Tocqueville, «más que las ideas, a los hombres les separan los intereses». A todos nos interesa ganar el partido, pero eso se hace jugando bien, siguiendo las reglas, y no rompiéndole las espinillas al adversario.

José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores, es actualmente eurodiputado del Partido Popular.

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