¿Qué debería hacer China?

Las torpes medidas adoptadas por el Gobierno de China para contener la reciente inestabilidad del mercado de valores –la más reciente iniciativa ha sido la de prohibir las ventas al descubierto y las ventas de los accionistas más importantes– han dañado gravemente su crédito, pero los fallos normativos de China no deben sorprender. Sus autoridades distan de ser las primeras que gestionan mal los mercados financieros, las divisas y el comercio. A comienzos del decenio de 1990, muchos gobiernos europeos, por ejemplo, padecieron pérdidas humillantes por defender divisas que estaban desajustadas.

Aun así, la economía de China sigue siendo una causa de gran incertidumbre. De hecho, aunque los resultados del mercado de valores de China y los de su economía real no han estado estrechamente correlacionados, está en marcha una importante desaceleración, que constituye un motivo de grave preocupación para los ministros de Hacienda, los bancos centrales, las salas de contratación bursátil y los importadores y exportadores de todo el mundo.

El Gobierno de China creyó que podía organizar un aterrizaje suave en la transición de un tórrido crecimiento económico de dos cifras, estimulado por exportaciones e inversiones, a un crecimiento constante y equilibrado, sustentado por el consumo interno, en particular de los servicios, y, en realidad, aplicó algunas políticas y reformas sensatas.

Pero el crecimiento rápido ocultaba muchos problemas. Por ejemplo, hubo funcionarios que, con la intención de lograr ascensos alcanzando metas económicas a corto plazo, hicieron asignaciones de recursos inadecuadas; industrias básicas, como la siderúrgica y la cementera, acumularon una enorme capacidad excesiva; y en los balances de los bancos y las administraciones locales se acumularon los créditos fallidos. En ningún caso resultan más patentes los problemas debidos a ese planteamiento que en los intentos de planificación urbanística, que entrañaban la construcción de grandes ciudades nuevas –junto con sus modernas infraestructuras y viviendas abundantes– que siguen vacías. En cierto sentido, esas “ciudades fantasma” se parecen a las aldeas Potemkin del imperio ruso, construidas para dar una impresión ilusoria a la Zarina de paso, pero las ciudades fantasma de China son reales y es de suponer que estuvieran destinadas a algo más que halagar a los dirigentes del país.

Ahora que el crecimiento económico está flaqueando –las estadísticas oficiales sitúan la tasa anual en el siete por ciento, pero la mayoría de los observadores creen que la cifra real está más próxima al cinco por ciento (o incluso menos)–, está resultando imposible pasar por alto los problemas de gestión de China. Aunque actualmente su tasa de crecimiento sigue excediendo la de todas, menos unas pocas, economías, la magnitud de la desaceleración ha sido desoladora, pues la dinámica a corto plazo es similar a un cambio en los Estados Unidos o Alemania del dos por ciento del PIB al tres por ciento y después a la contracción.

Es probable que una China acosada por graves problemas económicos experimente una considerable inestabilidad social y política. Como la desaceleración amenaza con obstaculizar la creación de empleo, lo que socavaría las perspectivas de millones de personas que todos los años se trasladan a ciudades chinas en busca de una vida más próspera, al Partido Comunista Chino le resultará difícil mantener la legitimidad de su monopolio político. (Más en general, la importancia de los problemas de China, junto con el desplome de Rusia y la inflación del 60 por ciento en Venezuela, han refutado la creencia de algunos de que el capitalismo de Estado supera a las economías de mercado.)

En vista de la importancia sistémica de China para la economía mundial, la inestabilidad en este país podría plantear riesgos graves allende sus fronteras. China es el país que posee más valores del Tesoro de los Estados Unidos y es un importante socio comercial para los EE.UU., Europa, Latinoamérica y Australia y un decisivo facilitador del comercio intrasiático, por la magnitud de su comercio de productos transformados.

Mucho está en juego para el mundo en lo que sucede en China y este país tiene muchas cosas entre manos. El Gobierno debe afrontar los efectos a corto piazo de la desaceleración, mientras continúa aplicando reformas encaminadas a suavizar el paso de la economía a un nuevo modelo de crecimiento y ampliando el papel de los mercados. Las empresas extranjeras buscan el acceso a la clase media de China en rápido crecimiento, que, según los cálculos del Instituto Mundial MacKiensy, ya representa más de 200 millones de personas, pero eso entraña un medio empresarial estable, que entraña una mayor transparencia de las aprobaciones gubernamentales y menores controles de capitales.

Teniendo presentes esos objetivos, el Gobierno de China organizó recientemente una modesta devaluación de su divisa: hasta ahora un tres por ciento, aproximadamente. Probablemente sea demasiado pequeña para modificar en gran medida la balanza comercial de China con Europa o los EE.UU., pero indica el paso hacia un tipo de cambio más orientado al mercado. Para los inversores, los gerentes y los funcionarios gubernamentales, el riesgo estriba en que los mercados de divisas –o las divisas administradas por los Gobiernos y zarandeadas por las fuerzas de los mercados– con frecuencia cobran demasiado impulso y superan los valores fundamentales.

En un momento en que el Gobierno de China utiliza la política monetaria para intentar calmar los mercados, las reformas microeconómicas deben continuar. China debe recurrir a las nuevas tecnologías en todas las industrias, además de mejorar la formación, la capacitación y la salud de los trabajadores. Además, debe acelerar sus medidas para aumentar el consumo interno, que, como porcentaje del PIB, es muy inferior al de otros países. Para ello, se debe reducir una tasa de ahorro de una magnitud sin precedentes, gran parte de la cual corresponde a empresas de propiedad estatal. Para que las empresas y los hogares substituyan a la inversión estatal como motores principales de la economía, el Estado debe reducir su participación en las empresas más importantes y permitir que se paguen más beneficios directamente a los accionistas, además de brindar más beneficios de sus acciones restantes a los ciudadanos.

El abandono del excesivo control estatal debe comprender también la substitución de las subvenciones de los precios y las donaciones a las industrias favorecidas con un apoyo especifico a los trabajadores con bajos ingresos y una mayor inversión en capital humano. Además, China debe reducir la discrecionalidad administrativa, introduciendo una reglamentación sensata y previsible para abordar los monopolios y las externalidades naturales.

Volviendo al nivel macroeconómico, China debe reasignar las competencias y los recursos entre los diversos niveles gubernamentales para capitalizar su ventaja comparativa en la prestación de servicios y aumentar los ingresos y debe reducir gradualmente la carga total de su deuda, que ahora supera el 250 por ciento del PIB.

Por fortuna, al afrontar China los difíciles imperativos de ajuste que tiene por delante, los 3,6 billones de reservas de divisas pueden hacer de amortiguadores de las pérdidas inevitables, pero este país no debe volver a un mayor control estatal de la economía, posibilidad vislumbrada en la torpe reacción de las autoridades ante la corrección de los precios de las acciones. Se debe abandonar esa actitud de una vez por todas, antes de que perjudique más a la aspiración de China a una estabilidad y prosperidad a largo plazo.

Michael J. Boskin is Professor of Economics at Stanford University and Senior Fellow at the Hoover Institution. He was Chairman of George H. W. Bush’s Council of Economic Advisers from 1989 to 1993, and headed the so-called Boskin Commission, a congressional advisory body that highlighted errors in official US inflation estimates. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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