Quiero compartir con ustedes la desazón que me produjo la concentración convocada por Dignidad y Justicia en Alderdi Eder, en San Sebastián, el sábado último. Eramos muy pocos, para qué lo vamos a negar. Teniendo en cuenta la infamia, la enorme ofensa que se ha infligido a las víctimas, es difícil de explicar la soledad. Eran muchos más los que salieron a recibir al asesino que los que nos acercamos a honrar la memoria y la dignidad de todos, de las víctimas en primer lugar.
La gente de bien estaba a sus cosas: en la carrera ciclista que justo salía de allí mismo (costaba llegar a la cita, porque todo estaba cortado); ocupados en su paseo soleado; en su terraza tomando el aperitivo; paseando lánguidamente y mirando escaparates; caminando frente al magnífico mar y observando a los bañistas que abarrotaban las playas del centro de la ciudad... Pilar Elías, Pilar Ruiz, Estíbaliz Garmendia, Cristina Cuesta o Rubén Múgica sólo merecieron el acompañamiento de no más de 20 o 30 ciudadanos que no podían tolerar que ese asesino volviera impune ante la pasividad de la sociedad. Yo sabía que iba a ser un acto testimonial, pero nunca pensé que tanto. Los ciudadanos no aprobamos ayer el mínimo test de ciudadanía, compromiso y solidaridad activa con las víctimas de ETA.
Asumido esto, quiero poner el foco en lo que le corresponde hacer al Gobierno. No me pararé a analizar su posible responsabilidad en el «cúmulo de chapuzas» -como bien ha dicho Maite Pagazaurtundúa- que ha llevado a este terrorista a salir de prisión. Lo que me interesa es evitar que se escuden -para no actuar- en falsos debates sobre la necesidad de aplicar las leyes, como si fuera eso lo que hoy está en cuestión.
Desde que se vio como inevitable que de José Ignacio de Juana Chaos saliera de prisión y se fuera a vivir a San Sebastián hemos escuchado a distintos miembros del Gobierno expresar la «repugnancia» (María Teresa Fernández de la Vega) o el «desprecio» (José Luis Rodríguez Zapatero) que sienten hacia el terrorista, a la vez que nos explican compungidamente (lo hizo el presidente) que la grandeza del Estado de Derecho reside en el cumplimiento de las leyes. Huelga explicarle que el objetivo de las leyes es la administración de la Justicia; y que una democracia es más grande cuanto más justas sean las leyes que aplica. De la misma manera que huelga explicar que, ni ahora ni nunca, se trata de hacer leyes «que respondan a la sensibilidad ciudadana», como ha propuesto el PP (María Dolores de Cospedal); que de lo que se trata es de revisar aquellas leyes que, aun siendo democráticas, no producen el objetivo de la justicia para la que fueron promovidas. O sea, que terminan siendo injustas.
Al coro de miembros del Gobierno queriendo tranquilizar a los ciudadanos se sumó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien llegó a afirmar que a De Juana «no le iban a pasar ni una». Bueno, pues ya se están retrasando. Porque el terrorista mandó una carta a quienes le esperaban para recibirle en San Sebastián -publicada íntegramente en Gara- que, inexcusablemente, merece la actuación urgente de la Fiscalía.
Esa carta, escrita con un lenguaje alambicado y cuidadoso, es toda una exaltación de ETA y una precisa y orgullosa reivindicación de su pertenencia a ETA. En ella utiliza la expresión errepresaliatu politikoak para dar vivas a los presos de ETA, término que ha sido acuñado desde hace muchísimo tiempo en Gara y en todos los zutabes -boletines internos- de ETA. Por si alguien tuviera alguna duda, en la propia crónica de Gara se denomina a De Juana «represaliado político». Y es porque desde hace muchísimo tiempo a los delincuentes de ETA (o sea, a los terroristas) en su mundo les llaman represaliados o presos políticos.
¿A qué espera la Fiscalía para actuar? ¿A qué espera el Gobierno para dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado? ¿A esto le llama el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «no dejarle pasar ni una» a De Juana Chaos? ¿No le parece que es exaltación del terrorismo (exaltar a los terroristas es exaltar a la banda) dar vivas de forma explícita a quienes están presos por ser criminales terroristas?
De la exaltación a la apología hay un paso. Vitorear a quienes han hecho de la destrucción de la democracia y del asesinato de los demócratas su forma de vida bien merece una reacción por parte de los poderes del Estado. Hay cosas que podemos y debemos hacer los ciudadanos, aunque, como dije antes, no siempre estemos a la altura de las circunstancias. Pero esto sólo lo puede hacer el Gobierno y los poderes del Estado. A ellos les increpo: ¿A qué esperan para actuar?
Rosa Díez, diputada y portavoz de Unión, Progreso y Democracia, UPyD.