Pese a que la frase “comunidad internacional” se invoca muy a menudo, su significado exacto –al igual que su origen– es difícil de percibir. Y como lo ha mostrado la reciente intervención de Francia en Mali, esta ambigüedad de significado es la causa de muchos de los problemas actuales más urgentes de política exterior.
Para algunos simplemente no existe una comunidad internacional. Para otros, el término se refiere en un sentido más pragmático a todos los países cuando deciden actuar conjuntamente. Otra definición más precisa comprende todos los países con influencia internacional –es decir, cualquier país cuya identidad y soberanía sean reconocidas, y que decida participar en debates y toma de decisiones globales.
Más allá de la semántica, subyace otra cuestión que tiene más repercusiones y es igualmente ambigua, la del papel y responsabilidad de la comunidad internacional. Así como una definición muy amplia podría socavar la soberanía de un país, una muy limitada –como la que parece prevaler actualmente– permite la violencia y la proliferación de la inestabilidad.
Durante siglos, los Estados soberanos han regulado sus relaciones –para poner fin a guerras y delimitar fronteras o para establecer privilegios diplomáticos o tener relaciones comerciales– mediante tratados. En conjunto, estos acuerdos oficiales comprenden el derecho internacional, que compensa su falta de sanciones específicas mediante conceptos estrictos y claros y una sanción global –falta internacional por transgresión– que concierne a todos.
Pese a todos estos siglos de conclusión de tratados, la violencia entre países ha persistido. Así pues, los países empezaron a profundizar y desarrollar el derecho internacional mediante el establecimiento de instituciones comunes.
El proceso comenzó poco a poco con la creación en 1874 de la Union Générale des Postes (que después se convirtió en la Unión Postal Universal) y que casi pasó desapercibida para aquellos que por sus actividades no requerían de acuerdos globales. Sin embargo, la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial puso de relieve la necesidad de una mayor cooperación internacional en el tema del mantenimiento de la paz, lo que condujo al establecimiento de la Liga de Naciones.
No obstante, la organización era endeble e ineficiente, debido en gran parte al rechazo de los Estados Unidos a ratificar sus estatutos. En consecuencia, fue incapaz de cumplir su principal objetivo de evitar otra guerra mundial.
Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció una institución más fuerte e influyente –las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que tienen una agencia especializada para cada aspecto de la sociedad humana, han logrado apoyar la descolonización, crear Estados y evitar la proliferación de conflictos regionales, en especial aquellos entre israelíes y palestinos.
Los esfuerzos de las Naciones Unidas también han llevado a la erradicación de muchas enfermedades contagiosas; la adopción en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el marco principal para tratar las disputas marítimas; y el establecimiento en 1988 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), cuyos informes regulares tienen un impacto significativo en la evaluación de riesgos relacionados con el cambio climático. Sin embargo, las Naciones Unidas no pudieron evitar la Guerra Fría, las guerras en Argelia, Vietnam y Yugoslavia, o el genocidio en Camboya y Ruanda.
Distinto a lo que se pensaba, el colapso del comunismo no impulso la cooperación internacional. Al contrario, todas las negociaciones internacionales –de calentamiento global, regulación financiera y desarme nuclear (a pesar de los esfuerzos del presidente estadounidense, Barack Obama, y el expresidente ruso, Dmitri Medvedev, para concluir un acuerdo bilateral de desarme nuclear) – emprendidas desde el fin del siglo XX han fracasado.
Se necesita otra fuerza –la opinión pública mundial– para fortalecer y ampliar el alcance del derecho internacional. En efecto, la opinión pública global, impulsada por las acciones de ONG ha empujado a los gobiernos a firmar tratados, como el Tratado para la Prohibición de Minas Antipersonales de 1997, o crear instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, en 1998.
Se debería canalizar más efectivamente la opinión pública mundial a fin de obligar a la comunidad internacional a asumir su participación en nuevas áreas. Esto requerirá de una mayor conciencia de la violencia y caos que amenaza a territorios y pueblos en todo el mundo, incluidos Somalia, Haití, Liberia, Sierra Leona, y más recientemente, Mali.
En enero, Francia, que ya no tiene intereses económicos o estratégicos en África Occidental, respondió a una petición del pueblo y dirigentes interinos de Mali de intervenir a fin de evitar la invasión al país por parte de rebeldes islamistas de Libia y Argelia. Cuatro meses después del éxito de la operación militar francesa para expulsar a las fuerzas de ocupación en el norte de Mali, gran parte de las tropas y equipos franceses regresan a su país.
La intervención no contó con el respaldo de la comunidad internacional, que, salvo Reino Unido, no logró entender el sentido de responsabilidad en que se sustentaba la decisión de Francia. No obstante, ahora que las fuerzas francesas van saliendo de Mali y que se necesita urgentemente la reconstrucción en este país, la comunidad internacional tiene que adoptar un nuevo punto de vista y ofrecer su apoyo.
Las Naciones Unidas, que portan el estandarte de la comunidad internacional, ya desplegaron fuerzas de mantenimiento de la paz en Mali. Además, de acuerdo con sus reglamentos y prácticas, las Naciones Unidas han hecho un llamado para realizar elecciones presidenciales, que se han establecido para el 28 de julio. Sin embargo, dado que Mali no cuenta con partidos políticos que tengan apoyo popular, candidatos que gocen de respeto ni un sistema permanente de lugares para votar, unas elecciones celebradas tan pronto probablemente llevarían al poder a un funcionario internacional, lo que podría volver a encender los conflictos internos.
Restablecer la seguridad en Mali requiere de diálogo entre los jefes tribales y los líderes de los poblados. Asimismo, reconstruir la infraestructura del país depende de que se realicen conversaciones entre las autoridades municipales restantes y los líderes de los poblados. Ambos procesos llevarán tiempo, y sin apoyo externo ninguno podrá concluir exitosamente.
Un país que carece de gobierno no puede reconstruirse sin ayuda después de una crisis. Eso no significa obligarlo a emprender un ritual electoral irrealista y potencialmente peligroso tan solo porque está establecido en las Naciones Unidas. La comunidad internacional debería respaldar el proceso gradual de renovación de Mali, donde hace falta –en el terreno, en las comunidades del país golpeadas por el conflicto. Toca al público mundial defender esa idea.
Michel Rocard, one of Europe’s leading statesmen, was Prime Minister of France from 1988-1991. As Prime Minister he created the Revenu minimum d’insertion social-welfare program and oversaw a decline in unemployment and reform of the state’s financing system. Following his term, he served as First Secretary of the French Socialist Party and as a member of the European Parliament for 15 years. Traducción de Kena Nequiz