¿Qué está pasando con los sefardíes y el Gobierno?

Me llamo Davit Ventura. Soy judío sefardí nacido en Esmirna, Turquía, ciudad en la que se establecieron mis ancestros hace más de 500 años, cuando fueron expulsados de España en 1492.

Durante todo ese tiempo, mi familia ha utilizado como lengua materna el ladino, también conocido como judeoespañol. Un idioma que nosotros conocemos sólo como español. Y es que la palabra sefardí se traduce del hebreo literalmente como español.

Nuestras costumbres han sido españolas y siempre nos hemos sentido españoles porque nunca olvidamos un país al que fuimos incapaces de dejar de amar. De generación en generación, conservamos nuestras costumbres españolas y nuestro amor a España. Sin ningún rencor y sin ningún estigma.

En 2015 escuchamos al rey de España, Felipe VI, clamar a todos los sefardíes del mundo “¡cuánto os hemos echado de menos!” con motivo de la promulgación de la ley 12/2015 de 24 de junio, por la que se establecía un procedimiento especial para conceder la carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España.

España, después de tanto tiempo, abría las puertas a los sefardíes. A los “españoles sin patria”, como les definió el senador Ángel Pulido. En suma, a los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados u obligados a convertirse al cristianismo en 1492. Un hito histórico por el que nuestra antigua patria nos llamaba a retornar a ella.

En mi familia actuamos entonces en consecuencia. Iniciamos los trámites pertinentes para obtener el certificado de origen sefardí y solicitamos la nacionalidad española para mi hija, como hicieron también muchos de nuestros amigos sefardíes. Se nos dijo que sería un proceso rápido, que este duraría menos de un año y que el espíritu de la ley era otorgar la nacionalidad española a todos los sefardíes del mundo.

Pero dos años después de presentar la solicitud fuimos convocados al Consulado de España en Estambul, donde se nos comunicó que la nacionalidad de mi hija había sido denegada. El motivo no era la falta de pruebas, ya que mi hija obtuvo el certificado de origen sefardí emitido por la Federación de Comunidades Judías de España, sino por una razón meramente formal y procedimental.

Y mi hija no es la única. Actualmente, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública está negando la nacionalidad española a cientos de menores, todos con el certificado de origen sefardí, por idénticas razones de forma, pero no de fondo. En concreto, por haber comparecido por poderes y no personalmente ante notario.

Para más inri, durante los dos últimos años la misma Dirección General había concedido cientos de nacionalidades a menores de edad en las mismas circunstancias.

El cambio en la Dirección General a la hora de conceder la nacionalidad española a los sefardíes es dramático. ¿Por qué las solicitudes idénticas a las de mi hija eran correctas antes y no lo son ahora? ¿Qué ha cambiado en la Dirección General?

Es cierto que, despejando la enormidad histórica del hermoso gesto de España para con sus antiguos súbditos, cada solicitud de nacionalidad por origen sefardí es distinta. Estoy seguro además de que se habrán podido cometer muchos errores en la confección de las mismas y que es deber de la Dirección General aplicar la ley.

Pero en un tema tan delicado no se deben matar moscas a cañonazos ni pagar justos por pecadores. Este viraje tan brusco de la Administración pública en la aplicación de la ley es totalmente inentendible. Erosiona por completo la magnanimidad del estado español para con los sefardíes y lesiona un derecho concedido por una ley que fue aprobada en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra.

España nos abrió sus brazos y ahora, de forma incomprensible, nos cierra sus puertas.

Francamente, no entiendo lo que está pasando. Se está privando a mi hija y a cientos de menores sefardíes de un derecho por una cuestión meramente formal. Algo que debería ser posible corregir sin denegar la solicitud.

Desconozco a qué se debe esta injusticia. No quiero ni imaginar cuál sería la polémica suscitada si este atropello se cometiera con otro colectivo. Tampoco quiero especular sobre las razones que han podido llevar a este contexto tan triste e injusto. Pero, por la salvaguarda de los derechos de los sefardíes y por la imagen de España como nación, esta situación debe resolverse sin esperar a que sean los tribunales (a los que llegarán miles de recursos) quienes lo hagan.

Por ello, como sefardí originario de España, padre de una hija sefardí a la que se ha privado de su derecho de obtener la nacionalidad española, hago un llamamiento al Gobierno de España, a las instituciones públicas españolas concernidas y a la Federación de Comunidades Judías de España como institución central y protagonista en la creación y desarrollo de la ley 12/2015 de 24 de junio para que nos aclaren lo que está pasando y apliquen y adopten sus mejores esfuerzos con el objetivo de resolver esta situación.

Davit Ventura es un empresario sefardí afincado en Turquía.

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