El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advierte que para 2040 el planeta se habrá calentado 1,5 ºC, a menos que tomemos medidas urgentes para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Después de la publicación del informe, el secretario general de la ONU António Guterres lo definió, adecuadamente, como «una alerta máxima para la humanidad». El calentamiento global se está convirtiendo en un problema cada vez más urgente y todos los países tienen una función que cumplir para combatirlo, pero mientras los funcionarios gubernamentales de todo el mundo se aprestan a fijar las metas de sostenibilidad en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) el próximo mes en Glasgow, no pueden ignorar las dificultades económicas de los países en vías de desarrollo.
La crisis climática se da en un momento en que los gobiernos y las empresas del mundo en vías de desarrollo tienen que lidiar con el impacto de la COVID-19. A medida que la economía mundial empieza a salir de la pandemia, resulta obvio que la recuperación de los países en vías de desarrollo será más lenta.... y el ritmo de entrega de las vacunas complicará aún más la situación económica. Por ejemplo, es posible que los países más pobres de África no reciban suficientes dosis como para vacunar a todos sus habitantes al menos hasta 2023.
Por lo tanto, aunque reconocemos que solucionar el cambio climático es un imperativo a largo plazo, la prioridad inmediata para los países en vías de desarrollo debiera ser el crecimiento económico: revitalizar sus economías, reducir la pobreza y crear empleos. Construir un futuro más ecológico tendrá su recompensa al final, pero los hogares que pasan hambre necesitan alimentos y empleos hoy.
Se espera que, como anticipo de la cumbre COP26, el G7 y el G20 den a conocer planes ambiciosos, que muy probablemente incluirán el requisito de que todos los países consensúen 2060 como fecha límite unificada para lograr cero emisiones netas. Los grandes inversores y las ONG están exigiendo que las instituciones financieras dejen de financiar inmediatamente los proyectos de combustibles fósiles y forestales, y descarbonicen sus operaciones. Y los reguladores están ajustando las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), aunque la probabilidad de lograr normas armonizadas en lo inmediato es reducida. Todas estas iniciativas son bienvenidas, pero no tienen en cuenta los desafíos que enfrentan los países en vías de desarrollo.
Por supuesto, los países en vías de desarrollo deben avanzar hacia un futuro más verde y emisiones netas nulas, pero el ritmo al que se espera que logren ese cambio no es realista. Sin una trayectoria factible hacia las energías verdes y las industrias sostenibles los países en vías de desarrollo podrían quedar aún más rezagados. Un enfoque más adecuado sería que los países más ricos faciliten la transición proporcionando a las economías emergentes tres recursos: tiempo para adaptarse, apoyo financiero y asistencia en las políticas.
En primer lugar, aun cuando el G20 debiera unirse en pos de un conjunto de normas mundiales unificadas, debe brindar a los países más pobres el tiempo que necesitan para ajustarse a ellas, con fechas límites escalonadas basadas en sus niveles de desarrollo e ingresos. Aunque no debemos desdibujar ni abandonar esas normas, tenemos que reconocer que los países en vías de desarrollo están en desventaja, y necesitan tiempo y recursos para implementar los planes climáticos. Estos planes pueden requerir incluso el uso de combustibles fósiles durante la transición mientras los responsables de las políticas preparan una senda hacia las energías renovables. Mientras tanto, Estados Unidos, los países europeos y China, que aún son los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero y tienen la capacidad para avanzar hacia un futuro verde, debieran empezar a hacerlo ahora.
En segundo lugar, los países ricos debieran cumplir sus compromisos de apoyar financieramente los esfuerzos de los países más pobres para mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Como parte del acuerdo climático de París de 2015, los países desarrollados acordaron proporcionar 100 mil millones de dólares de asistencia anual a los países en vías de desarrollo hasta 2020, pero un informe independiente publicado en diciembre del año pasado estimó que solo se materializó una fracción de esa asistencia. Mientras los países en vías de desarrollo experimentan dificultades por los costos económicos de la pandemia, este apoyo resulta incluso más crucial para lograr avances en la agenda climática. Para resultar creíbles, los nuevos compromisos de los países desarrollados deben incluir mecanismos de responsabilización, a diferencia de las promesas anteriores. Esos compromisos podrían estar garantizados por una institución multilateral como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, con el respaldo de asignaciones de derechos especiales de giro (la unidad de cuenta del FMI) de los países desarrollados.
Finalmente, además del apoyo financiero, los países en vías de desarrollo necesitan asesoramiento para las políticas y ayuda para desarrollar su capacidad. Esa orientación podría incluir las mejores prácticas para discontinuar paulatinamente los onerosos subsidios a los combustibles, acceder a la tecnología y desarrollar las instituciones y los incentivos para atraer capitales verdes. Esos recursos orientarán a los países en vías de desarrollo hacia una senda sostenible que desemboque en un futuro con bajas emisiones de dióxido de carbono. Al mismo tiempo, los beneficiarios deben cumplir sus responsabilidades: crear marcos de trabajo adecuados para evaluar y seleccionar proyectos, monitorear su implementación y medir los avances con indicadores adecuados es fundamental para garantizar la inversión eficaz del capital.
La transición hacia una economía verde es fundamental para el futuro de los países en vías de desarrollo. Después de todo, esos países serán los más afectados por el cambio climático, pero aplicar indistintamente las mismas políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países no funcionará. A menos que los países desarrollados reconozcan los desafíos que enfrentan las economías en vías de desarrollo y emergentes, y tomen las medidas apropiadas para ayudarlas a reducir a cero sus emisiones netas, todos estaremos peor.
V. Shankar is Co-Founder and CEO of Gateway Partners, a private equity firm that invests in emerging markets. Traducción al español por Ant-Translation.