¿Qué fue (de) la mili?

Se acaban de cumplir 20 años desde que un Aznar necesitado de apoyos para formar gobierno anunciara, bajo presión de CiU, la supresión del servicio militar obligatorio y la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas. El anuncio se hizo con la coletilla «si el presupuesto lo permite», pero dado el clima social del momento todo el mundo daba por sentado que la decisión era ya irreversible.

Un año después se creaba la Comisión para la plena profesionalización de las FFAA y supresión del servicio militar obligatorio (tal era el nombre completo de dicha comisión), en la que yo fui invitado a participar como experto civil. Se estableció un periodo de seis años para la transición a la plena profesionalización, de manera que el 1 de enero de 2002, coincidiendo con la entrada en circulación del euro, cesaban por completo los llamamientos a filas.

En Europa, tan sólo Gran Bretaña tenía tradición de fuerzas armadas voluntarias (profesionales). En 1991, Holanda fue el primer país de Europa continental en abolir el reclutamiento militar forzoso. Siguió Bélgica al año siguiente. En febrero de 1996, Francia anunciaba la reducción del servicio militar al periodo simbólico de un día, al tiempo que mantendría (y mantiene) la obligación de tallarse. Al siguiente mes, España anunciaba la completa supresión del servicio militar obligatorio, convirtiéndose, técnicamente hablando, en el tercer país de Europa continental en tomar esta medida.

Cuatro años después, también Italia anunciaba la profesionalización de sus ejércitos, y en los siguientes años prácticamente todos los países de Europa lo hicieron. Hoy los pocos países que aún mantienen el servicio militar obligatorio son la excepción.

En la bonanza económica de finales de los 90 y principios de los 2000 hubo serios problemas para cubrir los cupos de la nueva tropa profesional. Para lograrlo se ofrecieron todo tipo de incentivos, y se autorizó el alistamiento de extranjeros, siguiendo el modelo de países como Francia o Gran Bretaña. Tal medida se decidió aplicarla únicamente a personas originarias de países iberoamericanos.

No era la primera vez que se suprimía el servicio militar obligatorio en España. La Primera República, por ley de 17 de febrero de 1873, abolió las quintas. Tal abolición, sin embargo, fue tan efímera como la república misma. En 1869 había tenido lugar una gran recogida de firmas por todo el país para pedir la abolición del reclutamiento forzoso. Una sublevación popular contra las quintas en marzo de ese mismo año había dejado decenas de muertos en las calles de Jerez.

La excepción en aquel panorama era el País Vasco, donde debido a sus fueros no había servicio militar obligatorio (a cambio pagaban una suma a la Corona para la contratación de voluntarios). En Cataluña, el servicio militar obligatorio había sido introducido en 1845 «de modo violento y contra la voluntad del pueblo catalán», como recordaría Emilio Castelar ante las Cortes en un encendido discurso contra las quintas el 22 de marzo de 1870.

El reclutamiento militar forzoso había sido regulado en España mediante una serie de reales cédulas a principios del siglo XVIII tras la llegada de los Borbones. Inicialmente, a quienes eran elegidos por sorteo los metían directamente en el calabozo para que no escaparan. Carlos III justificaba el servicio militar obligatorio como un deber inherente de vasallos, y por constituir un alivio para su Real Erario (frente al coste de contratar voluntarios).

En realidad el servicio militar era, y ha sido siempre, un impuesto encubierto que permitía que algunos contribuyentes, especialmente los más pudientes, se ahorraran los impuestos necesarios para poder pagar los sueldos de los soldados profesionales, a costa de cargar el coste de dicho servicio de un modo desproporcionado y discriminatorio sobre las espaldas de los más vulnerables (hombres de 18 a 25 años).

Junto con alojamiento, comida y ropa gratuitos, un soldado del reclutamiento forzoso cobraba aún en los años 80 el equivalente a unos seis euros al mes, lo cual en aquel entonces era una cantidad tan ridícula como ahora. Ello contribuía a generar la falsa impresión de que ese sistema era «más barato». ¡Imagínense que, para abaratar costes, se hubiera hecho lo mismo con médicos, policías o profesores de enseñanza media!

Hasta 1931 era posible librarse del servicio militar a base de pagar una redención (popularmente conocidas como ‘rescates’). Eso ponía de manifiesto el carácter de impuesto de dicho servicio, un impuesto que se podía pagar en efectivo pagando el rescate, o en especie (mediante la realización del servicio).

A principios de la década de los 70 comenzó a darse el fenómeno de la objeción de conciencia, si bien en los años 50 ya había habido algunos casos aislados, y sin propósito reivindicativo, de testigos de Jehová. El primer objetor de conciencia reivindicativo fue Pepe Beunza.

Como otros objetores que siguieron sus pasos, Beunza fue condenado a sentencias en cadena. Cuando se negaba a incorporarse a filas era sometido a consejo de guerra y condenado a varios años de prisión. Una vez cumplida esa sentencia era nuevamente llamado a filas, y al negarse recibía una nueva sentencia de prisión (más dura) o trabajos forzados. Beunza pasó incluso por el pelotón disciplinario del Sahara.

Es en la segunda mitad de los años 70 cuando se organiza el Movimiento de Objeción de Conciencia, que ideológicamente derivaría rápidamente en un movimiento radical antisistema. Un nuevo movimiento aún más radical comienza a tomar forma a principios de los 80, el de los insumisos. Éstos eran los objetores que no aceptaban la imposición de una prestación social sustitutoria del servicio militar. Simultáneamente, la prensa daba a conocer datos que contribuían a agitar el debate. Entre ellos, la desproporcionada tasa de muertes por accidente en el servicio militar, y un estudio comparativo, que realicé yo, entre suicidio de soldados forzosos y de hombres del mismo grupo de edad fuera del servicio militar. La tasa de suicidio en el servicio militar casi triplicaba la del mismo grupo de edad y sexo en la vida civil.

Al mismo tiempo, los cada vez más numerosos excedentes de cupo -jóvenes que, por sorteo, quedaban exentos del servicio militar, pues las unidades militares no podían incorporarlos- contribuían a resaltar la arbitrariedad de ese sistema de reclutamiento. En cualquier caso, para aquel momento, el servicio militar era objeto de debate social y político en España como en ningún otro país de Europa. Tanto es así que las elecciones de 1988 pasaron a la historia como las elecciones de la mili, pues el tema estaba presente en todo discurso político.

Por aquel entonces y hasta bien entrada la década de los 90, Defensa organizaba cursos en la universidad de verano de El Escorial que indefectiblemente trataban del servicio militar. Allí coincidíamos año tras año objetores, insumisos, políticos, y militares de la más alta graduación. Allí estaba también Laureano García Hernández, último director general del servicio militar. Todos debatíamos acaloradamente en un aula con cabida para no más de 50 personas. Allí aprendí, y estoy seguro que otros también, a valorar a las personas por encima de las ideologías.

Recuerdo que un día se me acercó Santiago López Valdivielso, en aquel entonces representante del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, para decirme a modo de confesión que mi libro ‘Informe Crítico sobre el Servicio Militar’ le había convencido de que había que eliminar el servicio militar obligatorio. Esto me lo decía en un momento en que su partido era aún firme partidario de mantener dicho sistema de reclutamiento.

Otras voces discordantes del PP en lo relativo a esta cuestión eran Ignacio Cosidó y Alberto Ruiz Gallardón. Como anécdota curiosa, diré que hace poco Gallardón, medio en serio medio en broma, me decía que si en aquellos momentos hubiera sabido en qué dirección iba a evolucionar gran parte de la juventud española (indisciplina, botellón, indiferencia…) quizás hubiera defendido la abolición de la mili con menos apasionamiento. Yo, también medio en broma medio en serio, le dije que compartía su decepción.

La mili, que algunos recuerdan con añoranza, era parte de una narrativa social que hoy ha cambiado drásticamente. Para mí, la eliminación del reclutamiento forzoso significaba poner a España en primerísima línea de los países más avanzados.

Creía, basado en mis extensas lecturas sobre esta cuestión en el mundo anglosajón, que el reclutamiento forzoso había deformado el carácter de la juventud española, dando lugar a una sociedad cerril, poco creativa y autoritaria. Estaba convencido de que la eliminación de la mili daría lugar a una juventud (y por ende a una sociedad) creativa y con un sentido de la autodisciplina y el bien común. No ha sido así. Sospecho que el daño causado por el reclutamiento forzoso a lo largo de siglos era demasiado profundo y tardará mucho en repararse.

Juan A. Herrero Brasas, profesor de antropología filosófica en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, y autor de ¡Rompan Filas!: La cara oculta del servicio a la patria.

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