Aun cuando la pandemia del COVID-19 sigue haciendo estragos, la especulación ha virado a cómo será la sociedad después. Los ciudadanos, consternados por la facilidad con la que se puede trastocar su vida, querrán reducir el riesgo. Según el nuevo consenso emergente, estarán a favor de una mayor intervención del gobierno para estimular la demanda (inyectando billones de dólares en la economía), proteger a los trabajadores, expandir la atención médica y, por supuesto, hacer frente al cambio climático.
Pero cada país tiene muchas capas de gobierno. ¿Cuál de ellas es la que debería expandirse? Claramente, en Estados Unidos, sólo el gobierno federal tiene los recursos y el mandato para tomar decisiones a nivel nacional sobre cuestiones como la atención médica y el cambio climático. Sin embargo, de ello no necesariamente se desprende que este nivel de gobierno deba crecer aún más. Después de todo, podría adoptar políticas que protejan a algunas circunscripciones aumentando al mismo tiempo los riesgos que enfrentan otras.
En el caso del COVID-19, algunos países han centralizado la toma de decisiones sobre cuándo imponer o levantar las medidas de confinamiento, mientras que otros han dejado estas decisiones en manos de los gobiernos estaduales, o inclusive de las municipalidades. (Otros, como la India, están en una transición entre estos enfoques). Lo que se ha tornado evidente es que no todas las localidades enfrentan las mismas situaciones.
En la populosa ciudad de Nueva York, un confinamiento estricto puede haber sido la única manera de sacar a la gente de la calle, y su impacto económico puede haberse visto aliviado por el hecho de que mucha gente allí trabaja en servicios calificados como las finanzas, que se pueden hacer de manera remota. Es más, hasta los camareros y trabajadores de hoteles despedidos saben que no recuperarán sus empleos hasta que la gente se sienta segura de volver a salir. Las preocupaciones por la salud parecen ser altísimas.
En contraste, en Farmington, Nuevo México, el New York Times informa que “poca gente conoce a alguien que estuviera enfermo de coronavirus, pero casi todos saben de alguien que perdió el trabajo por su culpa”. El confinamiento, impuesto por el gobernador demócrata del estado, parece ser impopular en una comunidad que ya estaba aquejada por una seria caída económica antes de la pandemia. En este caso, las preocupaciones económicas les han ganado a temores más modestos sobre la salud.
Estas diferencias demuestran los inconvenientes de una estrategia centralizada, un enfoque genérico. Pero la descentralización también puede ser problemática. Si las regiones han contenido el virus en diferente grado, ¿el traslado entre ellas sigue siendo posible? Es razonable que las regiones más seguras quieran prohibir el ingreso a visitantes de zonas potencialmente candentes –o por lo menos someterlos a cuarentenas prolongadas-. Un sistema de testeo rápido, económico y confiable podría resolver el problema, pero eso hoy no existe.
En consecuencia, cierto grado de armonización entre regiones puede ser beneficioso, sobre todo en la compra de suministros médicos. A falta de una coordinación federal, los estados norteamericanos han venido librando una guerra de apuestas entre sí por los escasos suministros médicos provenientes de China. En tiempos normales, los mercados competitivos asignarían estos bienes de manera más eficiente. Pero, en una emergencia sanitaria, los mercados pueden no funcionar del todo bien y asignar bienes según la capacidad de pago de los compradores y no de acuerdo a su necesidad; los estados ricos comprarían todos los respiradores y los kits de testeo, dejando a los estados más pobres sin nada. La capacidad del país de contener la pandemia se vería afectada.
En esta situación, una adquisición centralizada podría mantener los precios más bajos, permitiendo potencialmente una distribución basada en la necesidad. Pero “podría” y “potencialmente” son las palabras operativas. Si un gobierno central tiene motivos cuestionables o simplemente es incompetente, el cálculo cambia. Como hemos visto en Brasil, México, Tanzania y Estados Unidos, cuando los jefes de gobierno minimizan los peligros de la pandemia, pueden infligir un daño considerable a la respuesta de su país.
Entre otros desaciertos, el gobierno federal de Brasil parece haber tenido dificultades para distribuir los respiradores que compró. En Estados Unidos, se dice que los estados gobernados por republicanos han tenido un acceso más fácil a los suministros médicos centrales que los estados donde los demócratas están al mando. Y en la India, el gobierno central impuso un confinamiento riguroso sin tomar las medidas necesarias para millones de trabajadores migrantes, que se vieron obligados a huir de las ciudades y trasladarse a sus pueblos natales. Familias con niños caminaron cientos de kilómetros, ayudados sólo por la caridad de extraños y autoridades locales, y potencialmente transportando el virus con ellos. Un proceso de toma de decisiones descentralizado podría haber permitido que los estados que se aislaron más tarde (porque inicialmente tenían menos casos) aprendieran un proceso de gestión mejor a partir de la experiencia de los que tomaron esas medidas primero.
Dado que los extremos de centralización y descentralización pueden ser problemáticos, un terreno medio coordinado puede funcionar mejor. El gobierno federal podría establecer estándares mínimos para cerrar y abrir, dejando la decisión real en manos de los estados y las municipalidades. Dicho esto, si ha de haber una inclinación, debería ser hacia la descentralización, siguiendo el principio de subsidiaridad, por el cual los poderes se delegan al nivel administrativo más bajo posible que resulte efectivo.
Hay motivos importantes para estar a favor de una descentralización manejada cuidadosamente. No sólo los miembros de entidades políticas más pequeñas tienden a enfrentar problemas similares; también suelen demostrar una mayor solidaridad social y política, lo que les facilita trabajar en conjunto y encontrar soluciones.
Si bien la política local podría ocasionalmente parecerse al conflicto de Hatfield-McCoy de Kentucky y Virginia Occidental del siglo XIX, por lo general sufre menos estancamiento y antagonismo que el que se ve en las legislaturas centrales hoy. Y la gente siente una mayor sensación de participación en las decisiones tomadas por sus organismos elegidos o nombrados localmente. Este empoderamiento puede ayudarlos a diseñar políticas que se beneficien de los mercados nacionales y globales, en lugar de estar a merced de ellos.
Es por este motivo que, cuando diseñamos políticas para favorecer la recuperación y fortalecer la salud, la educación y los sistemas regulatorios post-pandemia, también deberíamos pensar en quién tomará las decisiones y dónde. Por ejemplo, un porcentaje justo de inversión de estímulo en infraestructura debería tomar la forma de subvenciones en bloque a las comunidades, que están en mejor posición para asignar fondos de acuerdo con la necesidad. Y si bien las políticas climáticas nacionales no se pueden determinar de manera separada en cada comunidad, al menos pueden reflejar un consenso de abajo hacia arriba.
El creciente autoritarismo en el mundo refleja un anhelo generalizado de líderes políticos carismáticos con quienes la gente común se pueda identificar. Estos demagogos han utilizado su respaldo popular para evitar controles y contrapesos constitucionales, llevando a sus países por caminos ruinosos. Expandir más el gobierno limitando a la vez el riesgo de un autoritarismo requiere de organismos independientes y poderosos que también gocen de respaldo popular. Descentralizar constitucionalmente más poderes al gobierno regional y local tal vez sea la salida.
Raghuram G. Rajan, former Governor of the Reserve Bank of India, is Professor of Finance at the University of Chicago Booth School of Business and the author, most recently, of The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind.