¿Qué hacemos con Bolonia?

Por Xavier Pericay, escritor (ABC, 27/10/08):

EL pasado 16 de junio, en su primera comparecencia ante la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados, la ministra del ramo, Cristina Garmendia, dejó caer una fecha: 2015. Con las fechas hay que andarse con tiento, sobre todo cuando quien las maneja es un político. Quiero decir que en tales circunstancias uno nunca sabe a qué atenerse. En fin, nunca no. Existen casos, como el que afecta a 2014 y a Josep Lluís Carod-Rovira y su referéndum por la independencia, en los que uno sabe perfectamente a qué atenerse. Pero, por lo general, una cosa son los motivos expuestos y otra el motivo verdadero.
En lo que aquí nos ocupa, no hay duda que la fecha tiene, en apariencia, una razón de ser: 2015 se halla a siete años vista o, lo que es lo mismo, a casi dos legislaturas de distancia. Nada más lógico, pues, que alguien recién nombrado para un cargo de tanta responsabilidad como es la titularidad de un Ministerio exponga ante sus señorías las grandes líneas de lo que será su acción política -en el supuesto de seguir contando, claro, con el beneplácito de las urnas y con el favor presidencial-. Y hasta resulta lógico que, una vez expuestas esas grandes líneas, el neófito se deje llevar por el entusiasmo y asegure, como hizo la ministra en su comparecencia, que España va a estar por entonces -o sea, en 2015- «entre los diez países más avanzados del mundo en educación universitaria, ciencia, tecnología e innovación», y «nuestras mejores universidades», «entre las cien mejores de Europa». Aun así, es una pena que semejantes afirmaciones, además de pecar de cierta imprecisión -por poner un ejemplo: esas «mejores universidades» nuestras, ¿cuántas van a ser?-, sean tan fieramente desmentidas por la realidad. A día de hoy, sólo una universidad española figura entre las cien mejores de Europa y entre las doscientas mejores del mundo, mientras que hace tres años había tres en el primer ranking y dos en el segundo. Esa es, pues, la tendencia. Y no parece que el nivel de nuestros bachilleres vaya a modificarla en un futuro próximo.

Por lo demás, la fecha en cuestión aparecía encuadrada en un epígrafe algo rimbombante, aunque muy esclarecedor: «Estrategia Universidad 2015». En efecto, más allá de la voluntad de exponer un programa de actuación, lo que había detrás de las palabras de la ministra era una estrategia. Hablar de 2015, insistir -como han venido haciendo últimamente Garmendia y su equipo- en ese horizonte, es la mejor manera de no hablar de 2008. O de 2010, que no deja de ser, al cabo, lo que en verdad preocupa a la comunidad universitaria española, pues para entonces tiene que estar construido el denominado Espacio Europeo de Educación Superior, previsto en la Declaración de Bolonia. En una comparecencia ulterior ante la misma Comisión del Congreso, celebrada a petición propia el pasado 23 de septiembre y cuyo propósito manifiesto era ampliar la información sobre la mencionada «Estrategia», la ministra no se refirió más que una vez a 2010: fue para decir que contemplaba esta fecha «no ya como una meta, sino como el punto de partida de unas enseñanzas completamente integradas en el espacio europeo de Educación Superior». Y para remachar: «Así, para la Estrategia Universidad 2015, este camino está marcado y el proceso es irreversible».

Que este camino esté ya marcado y que el proceso sea irreversible nadie lo discute. Otra cosa es que deba desarrollarse por fuerza en los términos actuales. Que no haya nada que hacer, vaya. Ciertamente, la herencia recibida pesa lo suyo. Si algún Ministerio ha destacado en los últimos años por sus bandazos, este ha sido sin duda el de Educación. Y, aunque las enseñanzas inferiores no se hayan librado del zarandeo -baste recordar, por ejemplo, en qué ha parado el ya de por sí paupérrimo bachillerato-, es en las superiores, y con respecto al proceso de convergencia europea, donde se han producido los movimientos más violentos y los más sonoros fracasos. Desde la presentación de un anteproyecto que poca relación acabó teniendo con el proyecto finalmente aprobado, hasta el considerable rechazo que la propuesta definitiva cosechó y sigue cosechando entre los docentes -donde se critica por igual el planteamiento mercantilista de los nuevos grados y la negativa de la Administración a garantizar una financiación adicional- y entre los discentes -valga, como muestra, la huelga del pasado día 22-. No es extraño, pues, que todo ello haya acarreado, primero, el cese de la ministra San Segundo y, más adelante, el desgajamiento del capítulo universitario del conjunto de las competencias educativas que todavía ejerce la ministra Cabrera y el consiguiente alumbramiento del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación.

De ahí que no pueda sino sorprender la aparente fatalidad con que la ministra asume ese legado. O con que no lo asume, para ser exactos. Porque asumirlo habría comportado, por su parte, cierta voluntad de intervención en el proyecto. Por ejemplo, tratando de deshacer, en lo posible, esa uniformización por decreto, tan parecida a la que presidió, en 1990, la reforma de nuestro sistema de enseñanza obligatorio y cuyos deplorables efectos sobre nuestros jóvenes y, por lo tanto, sobre el conjunto de la sociedad son de sobra conocidos. En vez de permitir que cada universidad dé de sí el máximo de sus posibilidades, con independencia de si el nivel atesorado se aleja o no del común -que acostumbra a situarse, números cantan, en lo más bajo de la tabla-, el modelo adoptado por el Gobierno español, aparte de sus vaivenes -que si tres años de grado más dos de posgrado; que si cuatro más uno o más dos-, ha derivado finalmente en una fórmula rígida, concretada en un mínimo de cuatro cursos para toda clase de estudios, cuyo fin último no parece otro que el de garantizar una suerte de mediocridad compartida. Una primera consecuencia de esa rigidez es que algunas titulaciones, que en otros países pueden cursarse en sólo tres años y en centros de atesorado prestigio, difícilmente llegarán nunca a ser competitivas. Y una segunda es que ciertas ingenierías técnicas y determinadas especialidades de la rama sanitaria, que hasta la fecha podían estudiarse en tres cursos y cuyos titulados disfrutaban de buenas salidas profesionales, van a requerir a partir de ahora un año más, con lo que ello va a suponer de perjuicio para los futuros graduados y para las arcas públicas en general.

Por supuesto, nada de esto estaba escrito. Ni siquiera puede decirse que estuviera previsto, pues una cosa era la creación de un espacio común europeo, acordado por el conjunto de los firmantes de la Declaración de Bolonia y por los países que se sumaron con posterioridad al proyecto, y otra muy distinta la forma de llegar a él. Aquí la responsabilidad ha sido estrictamente del Gobierno español. Y de sus ministros, que en este caso han sido ministras. Ya por acción, ya por omisión, todas han convenido en reproducir a escala superior el modelo que tan nefastos resultados ha dado y sigue dando en los niveles primario y secundario de nuestro sistema educativo. Aunque, eso sí, como a nuestros políticos en promesas nadie les gana, siempre puede uno consolarse pensando que en 2015 vamos a estar, en lo que a educación universitaria se refiere, «entre los diez países más avanzados del mundo». Apuntado queda.