¿Qué hacemos con las autonomías?

El debate sobre el modelo de Estado y el cuestionamiento del modelo autonómico es cíclico y tiene dos características fundamentales: surge siempre en boca de quien no está gobernando y lo hace sobre la presunción de un criterio economicista y racionalizador del gasto. La irrupción del laboratorio de ideas que preside José María Aznar y del propio expresidente reúne estas características y una tercera: da rienda suelta a sus propios fantasmas, expresados con amplitud en la hemeroteca desde hace 30 años. El asunto se puede afrontar desde muchas perspectivas, y no es la menor la posibilidad de que el proceso autonómico esté lejos de haberse cerrado y que, allí donde lo ha hecho, ha sido en falso. No hay que mirar muy lejos: el proceso de reforma del modelo administrativo y de financiación autonómica tiene en Catalunya la evidencia de una fisura no cicatrizada.

El informe del equipo de Gabriel Elorriaga en la FAES lleva un título sugerente –Por un Estado autonómico racional y viable-, aunque destila un discurso pretendidamente economicista que oculta una intencionalidad diferente. Si bien tiene un punto de partida fácil de compartir que alerta contra un diseño administrativo al margen de criterios de sostenibilidad económica o de viabilidad práctica, también da la impresión de que, en esa perspectiva, obvia aspectos relevantes quizá porque orientarían a conclusiones no necesariamente recentralizadoras. En su argumentación tuvieron éxito las referencias al liderazgo de la economía alemana y su asociación a la reforma del modelo federal que acometió el país en el 2006. El mensaje de Aznar en este sentido era explícito cuando presentó el informe, y su alusión a la menor competitividad española respecto de Alemania, también. Elorriaga lo remató verbalizando que eso derivaba de la descentralización española.

Pues bien, al margen de la obviedad de que Alemania ha sido referencia financiera, tractor económico y líder competitivo europeo en el seno de la Unión desde hace 60 años y siempre con un modelo federal, el resultante de su última reforma no es más centralizador que el Estado de las autonomías. De hecho, los modelos de mayor éxito económico en Occidente corresponden a sistemas federales descentralizados, empezando por la propia Alemania, Canadá o EEUU. En todo caso, el resultante de la reforma alemana es un modelo en el que, en primer lugar, se reduce el número de temas comunes que codeciden el Estado federal y los länder, para facilitar el proceso de toma de decisiones, pero también hace desaparecer la fórmula de la legislación marco (mientras que en España el recurso a leyes básicas fue el eje del primer intento de recentralización del PP durante su mayoría absoluta). En segundo lugar, introduce la figura de la legislación divergente de los länder, con la que abre el espacio de una doble competencia que antes no existía y que libera de la supeditación automática de los estados federados a determinados ámbitos de legislación federal. Y en tercer lugar, mantiene un nivel de codecisión y participación europea de los länder que se traduce en que casi la mitad de las leyes requieren la ratificación de los estados federados mediante su aprobación en el Bundesrat.

En definitiva, los modelos de éxito que se nos sugieren no se caracterizan por un grado de descentralización menor que el nuestro. De hecho, ponen en evidencia las carencias del español, más orientado a un modelo administrativo formal que a uno viable en lo fiscal y en el reconocimiento operativo de esa descentralización. Por no abandonar el caso alemán que tanto parece gustar en el PP, el Senado español dista años luz del Bundesrat en cuanto a representación territorial efectiva y hoy es solo una cámara de segunda lectura con dificultades para reconocer la pluralidad política, social y cultural del Estado, como quedó de manifiesto con la chirriante polémica sobre el uso del catalán, el euskera y el gallego. Si de ahorrar se trata, el mismo Senado es susceptible de ser económicamente racionalizado mediante la adecuación a un modelo parlamentario unicameral, que funciona también en no pocas economías del primer mundo, como Francia.

En definitiva, si lo que la FAES está constatando es la insostenibilidad del café para todos y el error de diluir a las nacionalidades en las regiones, conceptos ambos constitucionales, no es la recentralización el espejo de la alternativa. Sí puede estar en el principio de subsidiariedad, consagrado en el proceso de construcción europea, la codecisión y subsiguiente corresponsabilidad y en modelos administrativos y de equilibrio fiscal de federalismo asimétrico como los que funcionan en Canadá o Suiza y, en cierta medida, ya se apuntaban en la propia configuración del Estado autonómico si la prioridad de su desarrollo no hubiera sido defensiva y diluyente. Para ello sería preciso sustituir una concepción política centralista de suma cero -que ve como pérdida del Estado cada función ejercida por la Administración más cercana al ciudadano- por otra que case realidades políticas con eficiencia y sostenibilidad sin complejos, aun a costa de construir estructuras descentralizadas menos homogéneas pero más eficaces.

Por Iñaki González, periodista.

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