¿Qué hay de lo nuestro?

Volvieron a equivocarse los que pronosticaron un retorno al bipartidismo. El pasado 10 de noviembre PP y PSOE sumaron menos de la mitad de los votos emitidos por los españoles. En lugar de eso, la repetición electoral nos deja un parlamento que continúa su deriva de fragmentación, en el que las tradicionales fuerzas nacionalistas ganan peso y aumentan su número (la irrupción de la CUP o el regreso del BNG son un ejemplo) y en el que el desembarco de Teruel Existe ha puesto el foco sobre las formaciones localistas.

Primero fueron los partidos nacionalistas de las comunidades llamadas históricas, después canarios y en los últimos tiempos cántabros o valencianos. Hoy hablamos de Teruel Existe, pero mañana podrían ser Por Ávila o Soria Ya, o cualquier coalición electoral construida en torno a una carencia o reivindicación regional.

La fragmentación parlamentaria, atendida en términos genéricos, no es sorprendente ni exclusiva de nuestro país: tiene que ver con dinámicas estructurales comunes a las sociedades capitalistas occidentales. La especialización aplicada al trabajo se traduce a la postre en la división de las identidades, y eso acaba por tener reflejo en la política parlamentaria.

Ahora bien, que esa fragmentación tenga una lectura marcadamente territorial merece algún comentario. Durante décadas, los partidos nacionalistas han sido la llave para poner o quitar gobiernos, para aprobar presupuestos o aumentos del techo de gasto. Esa posición estratégica les ha otorgado un gran poder negociador en Madrid para obtener réditos políticos y económicos que podían presentar como victorias en sus regiones de elección. En algunas ocasiones, esas ganancias se han traducido en pérdidas netas para los ciudadanos de otros lugares, bien por el coste de oportunidad que supone atender a unos en vez de a otros, bien porque han servido para implementar medidas que han propiciado un «efecto frontera» perjudicial para otros territorios. El PNV es el caso paradigmático de partido conseguidor, pero también los nacionalistas catalanes han pactado con gobiernos populares y socialistas casi la mitad de los presupuestos de la democracia, y han llegado a acuerdos, algunos de gran trascendencia, incluso después de iniciado el procés.

En comunidades autónomas que han carecido de formaciones nacionalistas relevantes, esta situación se percibe desde antiguo como un agravio. La consigna parece ser quien no llora no mama, y algunos han comenzado a tomar nota, presentando sus propias plataformas electorales provinciales. Estos días he viajado, como el Cid al exilio, polvo, sudor y hierro, desde Burgos hasta Valencia, pasando por Soria, Guadalajara y Teruel. Son, probablemente, las caras más reconocibles del fenómeno de la despoblación. Reciben al visitante, desde los balcones de sus pueblos y sus ciudades, pancartas que reclaman futuro para una tierra que se siente abandonada.

Menos de 20.000 votos han permitido a Teruel Existe sentarse en el Congreso, y detrás vendrán otras provincias preguntando qué hay de lo mío. En circunscripciones pequeñas, la probabilidad de que estas iniciativas tengan éxito no es desdeñable. Los riesgos que esto entraña son la disgregación territorial y la disolución de la soberanía nacional. La cámara que debiera ser su expresión hoy reúne a diez formaciones cuyo proyecto se circunscribe a solo una pequeña porción de esa soberanía, bien a una comunidad autónoma, bien a una provincia. Es la vulneración del principio liberal que elevó de categoría las preposiciones: los diputados debieran ser por Teruel y no de Teruel. Debieran ser elegidos por una circunscripción para representar al conjunto de los españoles, no para estar al servicio de un territorio concreto.

Debe interpretarse como una señal de que algo en el Estado autonómico no está funcionando correctamente, de que hay españoles que perciben que el Congreso no ha legislado en beneficio de todos. De que hay personas que se sienten olvidadas por sus instituciones: ciudadanos de segunda en su propio país.

También, como la constatación de que el Senado no está cumpliendo la función de representación territorial para la que fue concebido, lo cual nos obliga a plantear de forma urgente su reforma, de modo que sea expresión de los gobiernos autonómicos, a la manera del Bundesrat si se quiere, y que pueda incluso tener una presidencia rotatoria que reparta protagonismo a todas las comunidades. La Conferencia de Presidentes, mero órgano consultivo, no puede hacer esa labor propia de una cámara legislativa, tanto menos si tenemos en cuenta que los partidos nacionalistas han jugado a su boicot para tratar de imponer una relación bilateral con el Gobierno.

La fragmentación localista es una mala noticia para la democracia española, pero poco conseguiremos si culpamos de ello a los ciudadanos que han hecho posible con sus votos la llegada de estas voces al Congreso. De lo que se trata es de dar respuesta a las demandas de todos los ciudadanos y de poner fin al poder de chantaje de las formaciones nacionalistas, que generan agravios e incentivan movimientos de imitación.

Las políticas contra la despoblación son importantes más allá de las campañas electorales en las que los partidos compiten por el buen saco de escaños que reparten las comunidades afectadas por el fenómeno. Tienen que ver con garantizar la igualdad de derechos y la igualdad en el acceso a los servicios públicos; y en último término tienen que ver con la cohesión territorial. Los movimientos políticos que suscitan conflicto en Occidente, del auge de Trump en Estados Unidos al Brexit en Reino Unido o los chalecos amarillos en Francia, han sido alentados por una brecha creciente entre el campo y la ciudad.

Es la razón por la que he defendido un partido político capaz de preparar un menú de propuestas que articule una coalición de votantes virtuosa desde el punto de vista de la cohesión territorial. Un proyecto que aglutine a su alrededor a las clases urbanas y el medio rural. Esto exige volver a situar la igualdad en el centro del escenario. Volver, en definitiva, a la pregunta importante: ¿Qué hay de lo nuestro?

Aurora Nacarino-Brabo es politóloga.

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