Los 2.000 sin papeles (inmigrantes indocumentados) que se han instalado en un edificio vacío del centro de París, en la rue Baudelique, número 14, en el distrito 18, no se esconden de nada. Más bien al contrario. Estos africanos occidentales, turcos, paquistaníes y chinos, entre otros, hacen todo lo posible por llamar la atención de la opinión pública sobre su falta de derechos y su paradero. Cada miércoles se celebra la "marcha de protesta de los sans-papiers", en la que se reparten panfletos y se exhiben pancartas llamativas para recabar amplios apoyos con el objetivo de obtener un estatuto legal. Las democracias ricas llevan la bandera de la igualdad y de los derechos humanos hasta los rincones más remotos de la tierra, sin darse cuenta de que las fortificaciones fronterizas con las que los Estados pretenden frenar los flujos migratorios pierden, de este modo, la base de su legitimidad.
Lo que sería impensable en la Italia de los delirios verbales contra los clandestini, pero también en Alemania y en Hungría, y en muchos otros países del mundo, es algo muy corriente en Francia. Allí se producen muy de vez en cuando, aunque con cierto éxito, huelgas de trabajadores indocumentados con la intención de persuadir a sus empleadores de que les proporcionen permisos de trabajo y residencia. Y los inmigrantes llevan años ocupando iglesias, oficinas gubernamentales y universidades francesas negándose a desalojarlas, con sentadas pacíficas, si no son "legalizados" previamente. El campamento de ilegales de la calle Baudelique no ofrece, sin embargo, paralelismo alguno ni en cuanto a su dimensión ni, tampoco, a su visibilidad. Pero el Gobierno de Sarkozy no ha hecho nada para desalojarlo. ¿Cómo puede comprenderse esto?
Los sin papeles ponen al Gobierno francés en una disyuntiva. Por un lado, muchos franceses han levantado la voz para que se apliquen restricciones más estrictas (como en la mayoría de otros países europeos y no europeos) para reducir, por lo menos, los flujos de la inmigración ilegal. Pero, por el otro, la carga policial del Gobierno contra los sin papeles se toparía con una resistencia pública históricamente justificada. Los franceses aún están orgullosos de ver a su nación como la cuna de los derechos humanos; Francia sigue siendo, más que otros países, un bastión del activismo social y de la resistencia contra las arbitrariedades del Estado.
¿Qué se esconde en realidad detrás de la etiqueta de inmigrantes ilegales? Personas que, en todas las regiones ricas y también cada vez más desarrolladas del mundo (por ejemplo, en los países del sudeste asiático), hacen trabajos que en general nadie quiere asumir en estos países: trabajos de limpieza de todo tipo, de asistencia a ancianos y de cuidado de niños en los hogares de la pujante clase media mundial. Los sin papeles del mundo tienen que trabajar a escondidas, motivo por el cual ganan una cantidad pequeña de dinero que oscila entre los seis y los ocho euros por hora, según los inquilinos de la calle Baudelique; otros trabajan bajo el nombre de amigos que están en una situación legal; y la mayoría dice que hasta paga impuestos, con lo que se le deducirá automáticamente la seguridad social (salud, pensiones), aunque nunca podrá beneficiarse de ella.
La ilegalidad provoca que estos ciudadanos nómadas sean objeto de chantaje y de explotación. No tienen ningún tipo de derecho, pero sus actividades y prestaciones son funcionalmente indispensables, por supuesto para la propia supervivencia y la de sus familiares que viven al otro lado de la frontera, pero también, ante todo, para la supervivencia de las sociedades del bienestar occidentales y de los países emergentes. Podemos y tenemos que indignarnos moralmente ante la situación desesperada de unas personas que lo único que quieren es hacer bien su trabajo para alimentar a sus familias y que, la mayoría de las veces, están obligados a vivir de manera hiperconformista en los países de Europa, porque a menudo han tenido que pasar desapercibidos durante décadas. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave de todo es que la arrogante humanidad de Occidente lleva en sí la ausencia de humanidad en el trato a los ilegales. Los ilegales son simplemente "necesarios para el sistema", como la gran banca o los tribunales que los condenan. Nos engañamos a nosotros mismos con la categoría de ilegales: no podemos olvidar que la criminalización de estas personas oculta el hecho de que no podemos renunciar a sus prestaciones funcionales.
El Gobierno de Berlusconi ha coronado la criminalización de los ilegales amenazando con multar a aquél o a aquellos que sepan de la existencia de inmigrantes ilegales si éstos no los denuncian a las autoridades. Hannah Arendt habló de los "apátridas", que adoptan el estatuto de los "proscritos" medievales en el mundo moderno. Pero lo que ella no pudo prever es que el capitalismo moderno y la jerarquía global de la división del trabajo entre países ricos y pobres iba a restaurar un "mercado de trabajo de los desterrados" (la ilegalidad como explotación), incluso dentro de los Estados de derecho occidentales, y a institucionalizar este mercado por encima de las fronteras nacionales.
Ésta es una categoría de política interior mundial que rige tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, es decir, en las familias o en los espacios de la felicidad íntima y de las promesas de igualdad. El compromiso de emancipación en los matrimonios con dos salarios que aspiran a la igualdad se sostiene implícitamente gracias a esta ilegalidad organizada: en el trabajo silencioso de sans-papiers, undocumented workers, clandestini e inmigrantes ilegales de las regiones pobres del mundo. También podríamos llamarlos "fuerzas pacificadoras" en la lucha de géneros.
¿Y quién cuida en sus países pobres de origen a los hijos, ancianos y enfermos de esas madres que hacen posible la tregua en la lucha de los géneros ("paz" sería demasiado decir) al ejercer de desterradas en nuestras sociedades?
En un mundo donde existen todo tipo de riesgos omnipresentes, hay muchas razones para refugiarse en "un espacio externo", en un mundo que esté más allá de los riesgos. Sin embargo, una de las consecuencias de la naturaleza global de los riesgos es justamente la creación de un mundo común, un mundo que ya no conoce ningún "espacio externo", ninguna "salida", ningún "otro". Tenemos que aprender y comprender que, por indiferentes y ajenas a nosotros que nos parezcan las personas de otro color de piel, nacionalidad o religión, tenemos la obligación de convivir y trabajar con esos "otros" para sobrevivir en este mundo de corrupción, de sufrimiento y de explotación. Una de las conclusiones sería: entierra todos los valores de "la pureza política" que te hacen creer que estás excluido, que te quedas al margen. Y otra sería que, con la toma de conciencia de los riesgos globales, también se abren espacios para futuros proyectos alternativos, esto es, para modernidades alternativas. Confrontados inevitablemente a los riesgos, nos vemos obligados a elaborar un "punto de vista cosmopolita" y a reconocer la pluralidad irreductible del mundo, lo que podría relegar "el punto de vista nacional". Pero entonces, ¿estamos hablando propiamente de riesgos? No, puesto que si existen o no depende esencialmente de valores y percepciones culturales, que pueden variar según la experiencia histórica de cada cual.
En ninguna parte podemos entender esto de manera más reveladora que en las dramáticas consecuencias de la biomedicina -la inseminación, el diagnóstico prenatal y la investigación con células madre, y hasta la clonación de seres humanos-. Si queremos señalar aquí dos polos mundiales antagónicos, hay que referirse a Israel y a Alemania. En biomedicina, Israel va por delante de cualquier otro país. El elevado número de nacimientos debe garantizar la supervivencia de la nación. Casi todo lo que está permitido en Israel sin que genere grandes conflictos es objeto de controversia o está prohibido en Alemania. Lo que llama la atención es que ambos países invocan el Holocausto, pero mientras que los judíos lo han sufrido como víctimas, los alemanes han sido los culpables. Para resumir: en el seno de las nuevas complejidades y confusiones de la política interior mundial, lo que para unos son posibilidades, para otros son crímenes.
Ulrich Beck, sociólogo y profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of Economics. Traducción de M. Sampons