España, como el resto del mundo, afronta el reto de salir de una crisis que nos ha demostrado que la única forma sensata de desarrollo es la que garantice el Estado del bienestar y la que prime el bien común sobre los abusos de la especulación. Es en los momentos de crisis cuando lo público adquiere su verdadero valor, no sólo para ayudar a los más débiles, sino también para consolidar estructuras que proporcionen riqueza y bienestar a largo plazo, apostando por un desarrollo económico social y humano. Y en esta tarea, los distintos niveles de Gobierno tienen la misma responsabilidad, el mismo derecho y la misma obligación a participar en la toma de decisiones. Por eso, los Gobiernos locales, ahora, son más necesarios que nunca.
El desarrollo del nuevo modelo económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas, el futuro del Estado del bienestar, en definitiva, están íntimamente ligados a la capacidad que puedan tener los Gobiernos locales de contribuir a su consolidación. Por ello, es más necesario que nunca aplicar, de verdad y de forma efectiva, el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel.
Durante los últimos 30 años, los ayuntamientos han sido los principales artífices del incremento de los servicios a las personas y de la calidad de vida de los ciudadanos. Si de verdad queremos que sigan prestando servicios con la misma eficacia que hasta ahora y que contribuyan al mantenimiento del bienestar, sin que se resientan los principios de una sociedad justa y solidaria, es imprescindible cambiar el marco normativo actual y que se apruebe cuanto antes un sistema de financiación suficiente, justo y previsible.
Los ayuntamientos hemos dado ejemplo de responsabilidad y de lealtad institucional. Nuestro déficit es insignificante en relación con el de las demás Administraciones públicas y nuestra deuda apenas ha variado cuatro décimas respecto al PIB en la última década. Al mismo tiempo, hemos tenido que cubrir responsabilidades y obligaciones de otras Administraciones, por unos importes que rondan un tercio del total de nuestros gastos.
Es inaplazable la aprobación de las leyes de Gobierno Local y de Financiación Local. El Gobierno central ya ha manifestado su intención de afrontar estas reformas pronto; esperamos que las comunidades autónomas no escurran el bulto y acometan la parte que les corresponde: garantizar la participación de los ayuntamientos en sus ingresos tributarios, como dice el artículo 142. No hacerlo significaría un grave incumplimiento del mandato constitucional.
Hoy España es un Estado más descentralizado, pero no un Estado descentralizado, porque no ha llegado al escalón más cercano a los ciudadanos. Hay que avanzar mucho más hasta ser un Estado cooperativo, en el que cada parte haga lo que tenga que hacer de la forma más eficaz, con los recursos necesarios para alcanzar el mayor grado de eficiencia. Un Estado en el que los gobiernos locales sean considerados socios, no meros intermediarios, en la definición y ejecución de las políticas públicas y sectoriales que afectan a cada territorio.
Los 8.115 municipios, las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares forman la más amplia red pública de España; la que garantiza realmente la cohesión social en todo el territorio nacional y la extensión más eficaz, democrática y solidaria de la red de servicios. No sería justo ni rentable que se les impida trabajar al máximo de sus posibilidades. Las comunidades autónomas y los Gobiernos locales tienen un papel complementario y no excluyente.
Es cierto que estamos ante problemas globales, pero que afectan directamente a las personas que está a nuestro lado, personas a las que los alcaldes sí ponemos nombre y rostro, porque son nuestros vecinos o nuestras vecinas. Problemas globales a los que tenemos que dar necesariamente soluciones locales.
Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.