En Argentina, el debate sobre los procesos de justicia, reparación, condena y amnistías de la última dictadura militar (1976-1983) sigue siendo un vasto campo de batalla donde se enfrentan nostálgicos de aquellos tiempos y extremistas de izquierda que no aceptan nuevas evidencias. Si alguien conmemora la muerte de un genocida, es etiquetado como terrorista. Si alguien pregona que estos señores fueron héroes que salvaron la patria de la amenaza comunista, es llevado a la hoguera pública. Ambos extremos son detestables, pero el debate raras veces traspasa los clichés.
Solo hay algunos académicos —entre ellos, historiadores responsables— capaces de usar la razón e investigar con ojos imparciales: son ellos quienes podrían guiar esa conversación pública, pero suelen ser avasallados por un tropel de gente que opina con el hígado y repite frases hechas.
La muerte de Luciano Benjamín Menéndez (1927-2018), exgeneral también conocido como “la Hiena” —uno de los represores más crueles de un periodo de tinieblas de la historia argentina— ha vuelto a activar el debate. Menéndez fue un ser horrible. Su actuación comenzó antes de la Junta Militar, lo que equivale a afirmar que la represión contra la llamada “subversión” ya existía durante el gobierno de Isabelita Perón (1974-1976), algo sobre lo que cada vez más surgen evidencias y relatos.
Pero fue durante la dictadura que Menéndez acumuló sus mayores atrocidades, entre las que se cuentan más de tres mil casos de torturas, secuestros, asesinatos y robos de bebés nacidos en cautiverio y entregados a familias de militares. Menéndez dirigió la represión en diez provincias, donde armó una red de centros clandestinos de detención entre 1975 y 1979. El más famoso de ellos, en Córdoba, se llamaba La Perla. Quienes sobrevivieron a su horror relatan que casi ninguna mujer detenida dejaba de ser también violada.
Según el periodista Camilo Ratti, autor de Cachorro. Vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez, una biografía del torturador, es necesario entender el contexto que le dio origen a este personaje, para que no lo consideremos un alienígena o una anomalía de la sociedad, sino un fruto de ella. Hijo y nieto de militares —por eso también lo llamaban Cachorro—, uno de sus tíos participó en un intento de golpe contra Perón en 1951. Otro familiar, el general Mario Benjamín Menéndez, se convertiría en gobernador de facto de las Malvinas cuando los argentinos invadieron las islas.
Pero poco después de terminada la dictadura, las pesadillas de Menéndez comenzaron a aparecer y sus crímenes salieron con todo su horror a la luz en 1985 con los Juicios a las Juntas. Por su alto rango no pudo ser beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, que liberaba a los oficiales que solo obedecieron órdenes. Pero la Ley del Punto Final, que establecía la prescripción de algunos delitos, sí lo libró de algunos procesos. Los crímenes que quedaron fuera del alcance de este beneficio fueron a juicio. Su primer proceso fue en 1987, pero se interrumpió antes de que se le sentenciara, cuando el presidente Carlos Menem indultó en 1990 a represores y guerrilleros.
Cuando en 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia, anunció que anularía las leyes e indultos anteriores y en 2007 comenzó un amplio proceso contra los represores, que resultó en más de mil juicios y cerca de 700 condenas.
En esta historia, que avanza y retrocede para volver a avanzar, ha persistido la carencia de estudios académicos que ayuden a esclarecer cómo se dieron tantas muertes. Y algo más grave: genocidas como Menéndez se han ido a la tumba con muchos secretos y los militares sobrevivientes todavía mantienen un pacto de silencio. Romper ese silencio es el punto que la sociedad y la justicia deben debatir hoy para que los perpetradores de estas atrocidades no mueran sin rendir cuentas a los deudos de los desaparecidos.
Menéndez representa también el perfecto ejemplo de este problema. Aunque se le encontró responsable de atrocidades en varias provincias y se le sentenció a un récord de catorce cadenas perpetuas y otras condenas de hasta veinte años por crímenes de lesa humanidad, murió sin revelar el destino de los desaparecidos.
Es más: Menéndez recibió en 2012 el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud. No murió detrás de las rejas, sino en una clínica.
Pese a las idas y venidas de las políticas de derechos humanos, de las leyes de indulto que lo dejaron libre por algunos años, del beneficio que le permitió morir fuera de la cárcel, Menéndez sintió en sus hombros el peso de la justicia. Argentina es el país latinoamericano que más penas emitió contra sus propios militares. Y por eso, el caso de Menéndez es ejemplar de cómo se castigó a los responsables del terrorismo de Estado.
En una entrevista a Erika Lederer, la hija de un obstetra del centro de detención Campo de Mayo, quien hoy milita al lado de otras hijas y descendientes de genocidas en contra de sus padres, me contó que su papá, al ser advertido de que su nombre había aparecido en una partida de nacimiento adulterada que él había firmado, prefirió matarse de un tiro. “Mi padre siempre decía que un soldado muere con sus secretos”, dijo.
Ahora que muchos de los perpetradores de crímenes de la dictadura están muriendo de viejos, es el momento de tratar de sacarles esos secretos.
Tal vez más que buscar acumular más penas a los genocidas aún vivos, se debería intentar un recurso al estilo de “delación premiada”, usada en la operación Lava Jato brasileña, para que sus penas sean disminuidas a cambio de información que ayude a terminar de montar este rompecabezas del horror.
Pese a algunos atropellos, si no fuera por este recurso legal, la sociedad brasileña quizás nunca conocería en detalle el esquema de pagos ilícitos y sobornos recibidos por políticos para que favorecieran a empresas.
Las preguntas que los represores deberían responder antes de dejar este mundo son: ¿dónde están los desaparecidos? ¿Cómo murieron? ¿A quiénes fueron entregados los más de 300 bebés que todavía no aparecen? Por aborrecible que resulte decirlo, muchos genocidas preferirán morir junto a sus familiares que en una celda y la información que revelen será crucial para que los argentinos sanen las heridas perennes que dejó la dictadura.
Conocer la verdad no borrará el trauma, ni significa un estímulo para olvidarlo. Pero sí abrirá espacio para debatir la Argentina del futuro e impedirá que el “reclamo de los años setenta” siga siendo usado como propaganda electoral.
Para eso, hay que proponerles a los genocidas que si quieren morir en sus casas deben revelar sus secretos. Aunque no podríamos esperar de ellos que pidan disculpas: ya los conocemos demasiado bien.
Pero no hay tiempo que perder. Los otros Menéndez que todavía siguen vivos son cada vez menos.
Sylvia Colombo es corresponsal en América Latina del diario Folha de São Paulo y vive en Buenos Aires.