Que nadie ponga una medalla a Eufemiano

Trabajar de juez tiene que ser un marrón de cuidado. Debido a ese legítimo afán por mantener la proporcionalidad y el celo procesal incluso en episodios que no lo merecen, la Justicia hace piruetas caprichosas. Más aún, caprichudas.

En su sentencia de 89 folios, el juez Alejandro María Benito ha autorizado la entrega de las 211 bolsas de sangre y plasma requisadas en 2006 durante la Operación Puerto para identificar a los deportistas que se escondían bajo la manta del doctor Eufemiano Fuentes. El magistrado contempla los argumentos aportados por la fiscalía y por la acusación particular, y asume de algún modo el clamor social personificado en atletas como Jesús España -el último europeo que batió a Mo Farah en competición oficial antes de que Alberto Salazar le convirtiera en Mo Farah 3.0- y que recientemente promovió una iniciativa en change.org a la que se sumaron miles de compañeros y aficionados.

Sin embargo, su señoría da también la de arena, y absuelve a Eufemiano Fuentes, condenado en primera instancia a un año de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer como médico deportivo; y al preparador deportivo Ignacio Labarta, sobre quien gravitaban cuatro meses de prisión.

Yo no me rasgaría las vestiduras. Sospecho que el juez ha decidido con lo que buenamente tenía a mano. El problema de fondo es que la Operación Puerto se adelantó a su tiempo; que no había en 2006, en esa España autocomplaciente y devoradora de triunfos patrios, una conciencia crítica deportiva -a trancas y barrancas va habiéndola hoy- donde cimentar verdaderos textos legales contra el dóping.

De aquella época surgieron leyes de papel, cosméticas, afables; que se lo cuenten a los pioneros que denunciaban las andanzas de los tramposos y fueron despachados por un juez que se encogía de hombros, sufriendo después la presión o el vacío de su entorno, que aplicaba la omertá genovesa mientras hubiera medallas y premios que comercializar.

La sensación que deja la sentencia, por consiguiente, es de empate técnico. Por una parte, los nada orgullosos propietarios de las 211 bolsas de sangre se ahorrarán el castigo al haber prescrito los hechos. Alguno hay que ha realizado una discreta consulta para cuestionar la fiabilidad y legalidad de que se coteje su ADN con muestras sanguíneas guardadas durante diez años; por ahí tratarán de escaparse, cuestionando el método, defendiendo el sacrosanto honor de su carrera sin tacha, apenándose del perverso complot para desprestigiarlos.

Por añadidura, los médicos, técnicos y colaboradores salen del apuro con una absolución con la que pueden tapar legalmente la boca a cualquiera. Por no mencionar que una vez más castigamos al deportista y dejamos impune la descarada, irritante responsabilidad de su entorno.

Pero, bueno; rara vez los tribunales alcanzan en su totalidad lo que pretenden las partes. Así que, nada de lamentos. Podía haber sido peor. A partir de ahora, hay que construir la reputación del deporte español desde un moderado optimismo: la inocencia de Eufemiano es un concepto legal pero deportivamente abstracto y -por mucho que lloren los afectados– en pocos meses un puñado de atletas, ciclistas, quizá hasta futbolistas que nos tomaron el pelo, perderán la consideración de héroes en un país que cada vez se aparta más del folclore chovinista para exculpar los pecados de sus campeones. Ese simple ajuste de méritos hará que la sentencia sea bienvenida.

De igual modo y a la inversa, los deportistas que han sido víctimas de las leyendas urbanas y eran inocentes, podrán restablecer su honra.

Así que la Audiencia Provincial ha conseguido lo que parecía imposible: llueve más o menos a gusto de todos, y sin posibilidad de recurso, por cierto.

Me imagino semifeliz al hoy director de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte, Enrique Gómez Bastida, Guardia Civil de carrera que dirigió en 2006 la Operación Puerto, y se encontró con un montón de testigos que le dejaron colgado y un portazo jurídico a buena parte de las evidencias.

-No hay leyes donde agarrarse para encajar todo eso que nos trae –vino a decirle el juez de instrucción.

Tengo la impresión de que Gómez Bastida es un tipo ecuánime y no sucumbe a la protección paternal ni al grito de "todos a la hoguera"; que defiende un deporte limpio caiga quien caiga, pero sin cruzar los límites del estado paranoico en que nos sumen ciertas decepciones. Ojalá no se contamine en su despacho y mantenga el mismo espíritu que el 23 de mayo de 2006, cuando se desencadenó por su mano y a efectos públicos la Operación Puerto, y creímos que el deporte español iba a cambiar para siempre. Luego no fue tanto, y como sabemos hay toneladas de trabajo pendiente.

De hecho, el nuevo gobierno que saldrá de las urnas ¿el 26 de junio? necesitará bastante pedagogía. Los tiempos cambian, la todopoderosa Rusia aún está suspendida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (la IAAF vs. la antigua URSS, vivir para ver) y en muchos países civilizados no se contrata a extramposos ni a precio del saldo.

Sin olvidar que la WADA nos ha cerrado hace menos de una semana el Laboratorio de Control de Dopaje en Madrid, entre otras cosas por la lentitud en nuestras reformas legales, que a su vez sufren el vacío político desde el 20 de diciembre de 2015. Y eso es responsabilidad del Parlamento y de los pactos, quiero decir, de la falta de ellos.

Pero, por más que el vaso esté medio lleno, me inquieta el futuro. En España en ocasiones pasamos de la cordura al disparate en un batir de párpados; no hay más que ver cómo nos vamos de un extremo al otro en fútbol, en política, en cultura. Lo digo en serio, habrá que estar muy vigilantes para que no acabemos culpando a Bastida y poniéndole una medalla a Eufemiano.

Juan Manuel Botella es gerente de la SD Correcaminos y autor del libro 'Derecho a la fatiga'.

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