¿Qué pasa con el crédito?

Desde los inicios de la crisis, el crédito bancario ha experimentado en España una notable contracción. Todos los datos así lo avalan.

Según una visión parcial de los hechos, la banca sería responsable de las persistentes dificultades económicas, por su aparente inhibición a la hora de otorgar crédito a hogares y empresas. Desde su perspectiva, las entidades de crédito subrayan que —por el contrario— no existe suficiente demanda de financiación o, al menos, no la suficiente con garantías mínimas de solvencia.

La interpretación racional del fenómeno es menos simplista de lo que estas interpretaciones cruzadas sugieren. Actividad económica y crédito han seguido una tendencia descendente en paralelo, con una mutua dirección de causalidad. Cabe, en todo caso, apuntar algunas circunstancias que razonablemente parecen haber afectado a la demanda de crédito y otras que, con la misma razonabilidad, pueden haber influido en la oferta.

En cuanto a la demanda, debe reconocerse como obvio que la solicitud de crédito privado en España se ha reducido desde los comienzos de la crisis. Tal contracción en la demanda de crédito, acelerada por el colapso de la actividad inmobiliaria, resultaba imprescindible, ante el nivel de apalancamiento a que habíamos llegado. El sector privado español era, en efecto, el más endeudado del mundo en relación al PIB, situación a todas luces insostenible.

Es cierto que, a través del desplome del euríbor, se ha realizado una considerable transferencia de rentas desde el sector bancario español a familias y empresas, en la medida en que estas estaban endeudadas a tipos de interés variable pero, dada la recesión y el exceso de endeudamiento, cualquier efecto riqueza de ahí derivado no ha servido de base para nuevas solicitudes de crédito.

A pesar de sus efectos recesivos a corto, la disminución en la demanda de crédito debe ser saludada como una sana recomposición de los balances, aunque no puede olvidarse que el saldo de crédito del sector privado en España (130% del PIB) continúa siendo muy superior a la del promedio de la zona euro (90%), lo que sugiere que el proceso de desapalancamiento puede no haber finalizado.

En lo relativo a la oferta de crédito, deben también hacerse algunas consideraciones. La crisis de 2008 cerró los mercados de refinanciación de la banca y generó serios problemas de liquidez para un número de entidades. En el caso de algunas cajas de ahorros —que no bancos— las tensiones iniciales de liquidez se transformaron después en problemas de solvencia. Así, las entidades nacionalizadas a partir del MOU se han visto impulsadas a reducir sus balances y sanear sus estructuras, lo que ha implicado una reducción inmediata en su oferta crediticia.

El saldo de créditos en los balances bancarios viene minorado por el volumen de operaciones amortizadas y no renovadas a su vencimiento. A ellas deben añadirse los créditos fallidos, que desaparecen del balance o son sustituidos por aquellos activos que les sirvieron de garantía, así como el traspaso de créditos deteriorados al Sareb.

En cuanto a las entidades que no han necesitado apoyos externos (todos los bancos y las cajas sanas), pueden señalarse varios factores restrictivos de su oferta de crédito, comenzando por la propia coyuntura económica. Empresas o familias que gozaban de plena solvencia no han podido mantenerla al mismo nivel. Activos de garantía que antes cubrían una parte sustancial del préstamo experimentaron una pérdida de valor. Beneficios empresariales, y con ellos, la capacidad para devolver créditos, se vieron también reducidos.

Ciertamente, la recesión ha incidido de forma desigual en distintos sectores. Algunos, como el inmobiliario, sufren consecuencias devastadoras. Otros, como los de empresas exportadoras, o que han llevado a cabo ajustes importantes, están gozando ya de aumento en su financiación bancaria.

Dificultades operativas han afectado también a la oferta de crédito. Clientes de activo (deudores) sobre los que las cajas desaparecidas disponían de información, scoring, etcétera, se vieron obligados a recurrir a las entidades bancarias subsistentes, quienes no tenían el mismo conocimiento de esos clientes potenciales, ni disponían de una valoración acerca del riesgo que comportaban.

Se denuncia a veces una pretendida escasez de crédito para iniciativas emprendedoras. Debe recordarse, sin embargo, que en todo el mundo la financiación de los startups corresponde solo parcialmente a los bancos comerciales. Existen mecanismos de financiación más adecuados para este tipo de proyectos, como fondos de capital riesgo, mercados alternativos de renta fija o variable, créditos compartidos, business angels, etcétera.

Crecientes exigencias de los reguladores bancarios y otras instituciones públicas explican también, en parte, la disminución de la oferta de crédito. Tales exigencias, a través de leyes, regulaciones, circulares, o sentencias judiciales pueden —o no— venir justificadas desde puntos de vista diversos. Pero lo que nunca podrá evitarse es el cúmulo de efectos y distorsiones que ejercen sobre los mercados financieros, en la medida en que suponen para estos una carga adicional. No puede, en definitiva, penalizarse reglamentariamente la concesión de créditos y pretender que continúe inalterada su oferta.

Los datos más recientes apuntan a una desaceleración en la caída del crédito e, incluso, leve mejoría en el renglón de consumo. Pero, ¿es posible arbitrar políticas que consoliden esa tendencia esperanzadora?

En el ámbito de lo macro, cabe advertir que nunca en la historia se ha dado el caso de salida de una recesión mediante aumentos de crédito exógenamente programados por la banca, como acto autónomo de puro voluntarismo. La economía no funciona así. Evoluciona, más bien, mediante espirales alcistas o bajistas de crédito y actividad, basadas en la confianza que la sociedad muestre respecto a su propia evolución.

Una base importante para la recuperación del crédito reside más allá de nuestras fronteras. Todo avance hacia la unión bancaria en Europa, por ejemplo, ejercería efectos positivos sobre demanda y oferta de crédito en España y en los demás países de la eurozona. Todo progreso hacia la unión fiscal y mutualización de deudas tendría consecuencias inmediatas sobre primas de riesgo y mercados de crédito.

Por su parte, la continuidad en la actitud expansiva del BCE puede asegurar una reactivación efectiva del crédito, si se restablecen los mecanismos de transmisión de la política monetaria. A la vez, políticas destinadas a estimular el gasto interno en los países de la eurozona con superávit, supondrían un avance para crecimiento económico y, con él, para la revitalización del crédito bancario.

En el interior del país, una reducción del déficit y estabilización del nivel de deuda pública podrían liberar más recursos financieros para la actividad privada. Reformas estructurales, que potencien el crecimiento español, tendrían también efectos positivos sobre el crédito.

En cuanto a medidas micro, específicas para el mercado de crédito, el Global Financial Stability Report del FMI señala algunas de las arbitradas en diversos países. Así, se han ensayado medidas como la reestructuración de deudas corporativas o de los hogares, la recapitalización bancaria por parte de organismos públicos, programas de apoyo fiscal al crédito o a la securitización, subvención a tipos de interés, actuaciones tendentes a ampliar los mercados de capitales para incluir en ellos a pymes, etcétera. Reconoce, sin embargo, el FMI que tales medidas han tenido éxito en pocas ocasiones y suponen errores importantes si no se aplican con suficiente prudencia. Y es que el problema no reside en la liquidez, sino en la falta de apoyo oficial para compartir riesgos.

Juan José Toribio es asesor técnico de la Asociación Española de Banca (AEB).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *