«Que se jodan», Andrea Fabra, diputada del PP, el 11 de julio de 2012 en el Congreso de los Diputados.
Hay anécdotas personales que tienen por sí mismas gran expresividad de una idea o realidad. Sobre el actual deterioro del valor del Congreso, –del que hace ya bastantes años formé parte–, en dos artículos publicados en EL MUNDO, relataba alguna experiencia. En ¿Para qué sirve el Parlamento? (30 de julio 2012) contaría el reproche de un alto dirigente de mi grupo en 2003 recriminándome en el hemiciclo: «Jesús, aplaudes poco». En Políticos honestos pero silentes (3 de marzo de 2013), relataba cómo en las reuniones internas era imposible que un compañero, amenazado por los oídos del Gran Hermano, pudiese compartir, ni tampoco en privado, una reflexión crítica y leal sobre un asunto de actualidad. Ya entonces empecé a mostrar públicamente distancias.
Ahora quiero compartir otra experiencia muy reciente. Para la Revista de las Cortes Generales, una publicación sobre Derecho Político-Constitucional (donde antaño me editó cuatro trabajos académicos), envié el texto de una conferencia que impartí en la prestigiosa ICADE. El título era Calidad normativa-Calidad democrática. Era una reflexión sobre el modo defectuoso de hacer leyes, apresurado, donde la virtud de la rapidez es sustituida por el defecto de la prisa, donde el Parlamento es solo un trámite o una apostilla a lo remitido por el Gobierno o, como sucede ahora, ya ha aprobado previamente, arrogándose la potestad legislativa y donde el debate no existe y no se da la cara, confundiendo una mayoría absoluta legítima en origen con una mayoría absolutista ilegítima en su ejercicio.
El trabajo tenía carácter técnico, con citas de leyes y sentencias del Tribunal Constitucional. Pero también estaba inserto en una reflexión de que esa merma de la calidad normativa se está intensificando y, al mismo tiempo, está generando una aguda crisis de la calidad democrática. Me pidieron en dos momentos que corrigiese seis o siete puntos, algo poco frecuente pero lo hice. Algunas sugerencias mejoraban el texto, otras no pero las recogí. Pregunté semanas después por el artículo y me comunicaron que saldría en el siguiente número de inmediata aparición.
Pero, y ahí surge la anécdota, días después me llaman para trasmitirme que «no se considera oportuna su publicación». Tras 65 artículos publicados en las revistas jurídicas más variadas y prestigiosas de España y de carácter internacional, por vez primera padecía tanto por mi persona, como por el contenido y por quien lo promovió, un acto de censura grave. Y por razones políticas. El estupor era un motivo más de indignación por cómo el Congreso evitaba, incluso en una revista jurídica de éste, cualquier reflexión leal con el sistema pero crítica sobre el funcionamiento del Parlamento.
El deterioro de la clase política es inmenso. El divorcio con la ciudadanía es total. No es solo la corrupción y el consentimiento y complicidad con ella (la de los vividores de sobresueldos gracias a favores a contratistas y especuladores a través del cobrador es indisoluble) sino cómo su atrincheramiento está afectando muy negativamente a las instituciones. Y cualquier reflexión, aunque sea técnica sobre esto último, es reprimida. Es grave ese retroceso democrático.
El inmenso daño no les preocupa. Solo quieren seguir viviendo de lo público como llevan haciendo, no pocos de ellos (Rubalcaba y Rajoy los primeros) incluso más de 30 años y donde cada vez el hemiciclo se ha ido okupando progresivamente de sumisos vividores profesionales que no han hecho en su vida otra cosa. Se les ocurrió fichar a un galáctico, Manuel Pizarro, que salió corriendo cuando pudo. Fue el último patriota ingenuo.
Es lamentable que no les preocupe el descrédito de las instituciones. Es más, les molesta tanto la crítica, que la desvían como si fuesen críticas a las instituciones y casi al modelo democrático. Pero no somos antisistema muchísimos de los millones de ciudadanos de todas las tendencias que estamos decepcionados por el secuestro de las instituciones. Se atrincheran en sus escaños, están muy alejados de la realidad y siguen bunkerizados respecto una realidad social que cada vez más les desprecia.
El actual Congreso, por vez, primera ha sustituido la histórica jornada de puertas abiertas por la de puertas cerradas. Rompieron, miedosos, una tradición de que el pueblo pudiese visitar el Parlamento en diciembre. Las concentraciones en Neptuno les aterraban y luego a los manifestantes les imputaban delitos casi de subversión que los jueces rechazaron con nitidez. Como un equipo futbolístico que no quiso ceder su estadio para una final de copa, se «promovieron» unas obras y todo cerrado.
Hace ahora justo un año, se exclamó en el hemiciclo, en el mini-debate sobre los mayores recortes sociales en 35 años de Historia constitucional, la frase de arriba. Si eso fue grave, también lo es que en este tiempo ni pidiera disculpas ni que ningún dirigente de su grupo le reprochara públicamente esa ofensa a millones de españoles sufrientes. Esa frase nunca será olvidada y formará parte de la degradación y la infamia parlamentaria, consentida, además, por sus jefes. ¡Los mismos que culpan a la oposición de encubrir a su propio tesorero!
El aislamiento del Parlamento se refleja en que pese la gran tormenta siguen viajando en primera clase. Muchísimas son las empresas, entidades e instituciones públicas y privadas cuyos altos dirigentes viajan ahora en turista. Tanto por ahorro como por imagen. En cambio, ellos no, salvo los pocos que voluntariamente renuncian a ello. En rutas nacionales cuyos vuelos son de 45 minutos o una hora, cuyos asientos son iguales (se desplaza la cortina separadora) y solo varía el aperitivo gratis, es frecuente ver sólo sentados a parlamentarios. Claro, son de otra pasta los de la casta.
Lo de los gin tonics subvencionados que generó amplios comentarios hace poco parece una tontería pero no lo es. La falta de sensibilidad de sus altos mandatarios y sus mandarines serviles les hace cometer esos errores. Están en otra galaxia y ausentes de una realidad que, más allá de una propaganda edulcorada (cualquier día repiten el «España va bien»), es la de un país en enorme crisis institucional, social y ética. Aplican la frase de Voltaire: «El optimismo consiste en insistir que todo va bien cuando todo va mal».
El sistema constitucional español se define como «parlamentario» pero la realidad es muy distante de ello. Con los dos partidos principales cuyo gran desgaste, desprestigio y falta de credibilidad están dañando a la institución, tenemos que seguir urgiendo una regeneración frente a esa casta política decadente.
Jesús López-Medel es abogado del Estado y ex diputado del PP.