¿Qué política ante Bildu y ETA?

EL triunfo electoral de Bildu obliga a analizar los parámetros sobre los que redefinir una política antiterrorista condicionada por su legalización. El Tribunal Constitucional ha eliminado la presión sobre Batasuna para exigir el final de ETA, pues la ilegalización penalizaba a ambas por su asociación. Esa presión llevó a Batasuna a pedir a ETA la interrupción del terrorismo, pero no su desaparición, como podría haber hecho si la legalización hubiese dependido de ello. El nuevo escenario puede motivar a ETA a intensificar su coacción al absolver el TC a Bildu de responsabilidad por las acciones etarras, lógica reforzada por quienes utilizan la legalidad de la coalición para presentarla como algo diferente a lo que realmente es. Deben recordarse las coherentes críticas de varios magistrados a la sentencia. De lo contrario la política antiterrorista se articulará sobre la errónea premisa asumida por el TC —que ETA no ha instrumentalizado a Bildu para acceder a las instituciones—, ficción que choca con las sólidas pruebas aportadas por la Policía. Como resumió el magistrado Aragón, «el Supremo constató —en términos que no admiten censura constitucional— que ha quedado acreditada una operación política del llamado complejo ETA/Batasuna para utilizar, con fines de sucesión política, un elevado número de candidaturas electorales de los partidos legales EA y Alternatiba, operación consumada con la constitución a tal efecto de la coalición electoral Bildu».

La legalidad de Bildu no convierte en invención los exhaustivos informes policiales que definen al entramado ETA/Batasuna como diseñador de la coalición. Esta certeza contradice a los jueces que rechazaron esa conclusión policial y que, sin prueba alguna y en contra de la evidencia acumulada, aventuraron que Batasuna ha dado «un giro copernicano desde su tradicional actitud subordinada a ETA». Esta afirmación es una mera especulación que deforma el análisis sobre ETA que la realidad arroja: la documentación etarra y las investigaciones policiales acreditan que ETA y Batasuna continúan comprometidas con su estrategia político- militar, realizando actos sincronizados para perseguir los mismos fines. Así parecía entenderlo el Gobierno al instar la ilegalización de Bildu que el ministro del Interior aplaudió al dictarla el Supremo. Sin embargo, el propio ministro incurría en serias incoherencias cuando ensalzaba los «pasos en la buena dirección» de Batasuna: los pasos que el ministro valoraba como positivos, y que no constituían más que meras declaraciones formales de rechazo a la violencia, no merecían dicha valoración, al representar solo gestos cosméticos con los que se pretendía engañar a las autoridades, como argumentaban Fiscalía y Abogacía a instancias del Gobierno.

Este doble y contradictorio discurso del Gobierno, complementado por el de un lendakari favorable a la legalización, ha reforzado un relato distorsionador de la estrategia terrorista. Como resultado del mismo, destacados dirigentes han dado credibilidad a conjeturas alimentadas por el entorno etarra también a través de periodistas que han aceptado graves intoxicaciones. Lo ejemplifica la cobertura de un influyente diario que ya en 2005 aseguraba: «El proceso de paz y la sustitución de la estrategia armada por la política es ya irreversible para toda la izquierda abertzale, señalan fuentes de Batasuna, que subrayan el hecho de que ETA lleve dos años y medio sin cometer atentados mortales». Los hechos demostraron el equivocado diagnóstico en el que, no obstante, sigue insistiéndose, como exponía otro artículo que cuestionaba sin rigor alguno los informes policiales valorados por el Supremo aduciendo que «no recogen la evolución posterior de la izquierda abertzale y su rechazo a la violencia de ETA». Así se confundían y relativizaban los requisitos que verdaderamente acreditarían una ruptura con el terrorismo, que no se ha producido, ignorándose la auténtica finalidad de un rechazo instrumental aceptado por ETA para facilitar la legalización. En este error incurre de nuevo Rubalcaba cuando vuelve a dar crédito a Bildu pidiendo que demuestre una desvinculación de ETA que la Policía constata es inexistente.

Esta actitud favorece una estrategia terrorista centrada en crear dudas entre quienes la combaten. Conviene recordarlo para enfrentarse a las pretensiones del complejo ETA/Batasuna con las que previsiblemente continuará chantajeando en el futuro. La legalización de Bildu podría llevar a ETA a intensificar su provechosa coacción, pues su frente político ha sido legalizado tras un simple rechazo retórico de la violencia. Su debilidad operativa puede disuadirle en el corto plazo, optando por explotar la oportunidad que la vuelta a las instituciones le ofrece para avanzar sus objetivos. La eficacia del engaño terrorista al instalar en parte de la opinión pública lo que la Policía niega categóricamente, o sea, la ruptura entre «políticos» y «militares» en ETA y su renuncia al terrorismo, se refuerza con el ambiguo discurso político de quienes han rebajado las exigencias que a un partido vinculado a la violencia se le deben exigir en democracia. Los elogios a las tácticas terroristas con los que el Gobierno y el lendakari recompensaron la simulada separación de Batasuna respecto de ETA permitieron conformar una opinión favorable a la legalización coadyuvando al éxito de Bildu. Este logro de ETA expone la irrelevancia de esa aparente contundencia que exigía «o Batasuna rompe definitivamente con ETA o ETA desaparece».

Los beneficios para el entramado terrorista podrían aumentar si la política antiterrorista sigue renunciando a una eficiente acción comunicativa que contrarreste la propaganda que supedita el logro de la paz al fortalecimiento del frente político de ETA. La modulación del discurso gubernamental escenificada en un reparto de papeles que un articulista en Deia describía como el de «un Rubalcaba exterminador y un Patxi conciliador» ha servido para inutilizar una de las más eficaces iniciativas antiterroristas como la ilegalización. Ha ofrecido además respetabilidad al brazo político de ETA, generando una injusta presión sobre la sociedad al causar expectativas con el manido «principio del fin de ETA» mientras se fomentaba una falsa rehabilitación de los representantes de la banda. Las diferentes sensibilidades hacia la legalización en la sociedad vasca y el resto de España han sido utilizadas para justificar un contraproducente pragmatismo que hace eficaz una intimidación terrorista que lógicamente condiciona actitudes y percepciones.

En esas circunstancias, un verdadero liderazgo político exige desarrollar con determinación una pedagogía que desafíe la creencia de que el fin de ETA impone una cierta tolerancia hacia quienes dicen desear la desaparición del terrorismo mientras evitan su inequívoca deslegitimación. Ese liderazgo político reclama valentía e inteligencia para enfrentarse a una sociología como la vasca, que no merece menos democracia como precio por el cese del terrorismo. De lo contrario, quienes han obtenido el poder sin renunciar a la amenaza que la presencia de ETA supone, podrán ejercerlo manteniéndola. Al eximir a quienes han violado los derechos humanos de las responsabilidades políticas a las que su trayectoria les obliga en democracia, se reducen sus incentivos para lograr el final de una banda que deja de suponerles un coste. Se elude también la deslegitimación del terrorismo imprescindible para evitar su reproducción en el futuro. De ese modo, la perpetuación de ETA se convierte en un arma que sus representantes políticos rentabilizan. Como confirma la legitimación que algunos políticos les han brindado, la promesa de su desaparición les reporta concesiones que garantizan la pervivencia de una ETA que al adaptar sus tácticas a la coyuntura política resulta rentable para el movimiento terrorista.

Por Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

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