¿Qué queda de la Constitución?

Hace 35 años iniciamos una andadura apasionante. Tras las elecciones de 1977 surgió la Constitución, que ha tenido gran perdurabilidad formal. Y eso, en un país cainita, tiene gran valor. Quienes entonces estrenábamos mayoría de edad (pasó de 21 a 18 años) veíamos como nuestros mayores, herederos de las dos Españas -y la tercera-, aparcaban sus dogmas para construir un futuro conjunto. Inédito en nuestra historia. Fue un gran logro por la generosidad de todos los que renunciaron a imponer su modelo para levantar una España en la que todos cabíamos. ¿Y ahora?

Este año han muerto tres protagonistas políticos relevantes, Carrillo, Fraga y Peces-Barba (los dos últimos, ponentes constitucionales), capaces de respetarse y entenderse. Su marcha es una metáfora de la pérdida de vocación de encuentro. Con ellos parece haber muerto un modelo de España plural. Y el principal actor, valiente y comprometido con el futuro, Adolfo Suárez, lleva tiempo postrado, también como expresión de una España que perdió con él su memoria.

Sin el testimonio de ellos, algo queda herido en nuestra Constitución como norma de convivencia. Varios órganos vitales van necrosando células vivas. En algún caso, por el transcurso de los años en tiempos acelerados. En otros, por el olvido de lo que queríamos: una España para todos. También por la involución constitucional actual y el deterioro de la calidad democrática. La Constitución expresaba: «La soberanía nacional reside en el pueblo español» (artículo 1.2). Pero las decisiones más importantes se toman fuera, bien desde una UE no mencionada en la Constitución, acaso en Berlín o, probablemente, por unos agentes opacos, los denominados mercados, tan insaciables como corrosivos y especuladores. Una impresentable y humillante reforma constitucional exprés impuesta desde allí y asumida por Zapatero y Rajoy inició una grave negación de la soberanía española y la imposición de un modelo económico y social que no era el de la Constitución.

¿Qué queda de la proclamación de España como un «Estado social» de derecho? (1.2), o de la «sociedad democrática avanzada» del preámbulo? Hay un gran retroceso económico del modo de vida y nuestros gobernantes han abandonado el modelo de país que entre todos, no solo ellos, construimos. Entonces éramos más pobres, pero teníamos unas convicciones e ilusiones de las que hoy carecemos. Sobre derechos humanos, al amparo de la crisis, hay una regresión en los de carácter social y los de naturaleza política. Abogar por «modular» el derecho de manifestación, impedir la captación de fotos policiales (evoca Tiananmén) o permitir actuaciones represivas desproporcionadas evocan tiempos grises y expresan lo que, en su interior, piensan varios dirigentes sobre la democracia y los derechos humanos. El Estado autonómico fue una conquista. Un diseño, simplemente esbozado, de una España como Estado con la realidad más plural, incluso plurinacional, de toda Europa. Pero el esquema básico de descentralización quedó distorsionado por las duplicidades, las ineficiencias y la igualación. Surgió una casta de políticos regionales ávida de poder y proliferaron organismos y empresas públicas como agencias de colocación.

El sistema territorial está agotado y envenenado, con un desencuentro difícil de recomponer. La catalanofobia generada por corrientes centralistas ha sido caldo de cultivo para alentar un nacionalismo victimista, negador del pluralismo de país y nada convergente, que bajo la idea del sentimiento y la identidad nacional propios busca esconder, con la bandera, sus recortes sociales. Todos los diputados catalanes de 1977, también los nacionalistas, aclamaron esa Constitución que posibilitó que Catalunya tenga más competencias que cualquier Estado federado en el mundo. No les basta. Frente a ellos se alzan voces de recentralización queriendo imponerles, con la Constitución como si fuese un arma, una permanencia en un Estado que no contempla un básico derecho a decidir.

Tiemblo al oír a algunos políticos: «Hay que reformar la Constitución». No es sagrada y debe modificarse, pero en aquellos subyace una concepción excluyente y la imposición de su modelo de España y de la Constitución. Es una regresión y me aterra. Otro retroceso constitucional es la degeneración y el desprestigio de instituciones de control como el Constitucional, el CGPJ, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Todos los mecanismos constitucionales de equilibrios y contrapoderes son okupados por el bipartidismo de modo interesado, lo que anula su misión. Éxitos y errores se entrecruzan. Aprendamos de estos y aprovechemos los primeros. Entre ellos esta la reconstrucción de la España del diálogo, del encuentro, del pluralismo, de la que aspira a más democracia y más cercanía al pueblo.

Jesús López-Medel, abogado del Estado.

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