Han transcurrido diez años desde el trágico accidente del Yakovlev 42 en el que perdieron la vida 75 personas, 62 de ellas militares españoles que regresaban de Afganistán. Desde esa fecha hasta hoy, hemos asistido a la demanda de justicia por parte de los familiares de los fallecidos sin que la hayan obtenido.
Lo que faltaba para completar la panoplia de despropósitos era que el ínclito exministro de Defensa, señor Bono, hiciese público su diario. Diario en el que, como no podía ser menos, él aparece como una especie de indefensa Madre Teresa de Calcuta rodeada de una gleba, en este caso de subordinados, que le engañan y mienten. ¡Hasta tuvo que forzar un armario ante la reticencia de un aguerrido coronel que se lo impedía con malévola mirada! Eso sí: castigará al coronel vetando su ascenso pero, ¡oh caridad cristiana!, antes de abandonar su alta magistratura, levanta el veto y el díscolo coronel es ascendido a general.
Como ya es costumbre entre nuestros prebostes, confunde la esfera privada con la pública y no es capaz de discernir que a nivel personal puede ser piadoso, caritativo o egoísta, pero que un ministro es un servidor del Estado con muy claras obligaciones y entre estas está cumplir y hacer cumplir las leyes.
Decir que por un viaje que debería costar 38.422 euros se pagaron 149.000 y no averiguar a dónde han ido a parar los 110.558 que hay de diferencia es, cuando menos, bochornoso. Máxime cuando con ese dinero se podría haber contratado un avión 3,8 veces más caro y, por ende, 3,8 veces más seguro. No investigar cómo es posible que se contratasen aviones a los que el fallecido comandante Ripollés, disciplinado y espartano, calificaba de “aviones pirata” y poner a disposición de la justicia a los responsables y consentidores de estas contrataciones es, cuando menos y tratando de emular al ex en su condición de persona caritativa, una imperdonable desidia. A modo de ejemplo: si esto ocurriese en el mundo laboral, el fiscal diría que se cometió un “delito contra la seguridad de los trabajadores con el resultado de 63/75 homicidios involuntarios”.
La pregunta del millón: Después de 41 viajes ¿no se habían enterado las autoridades, civiles y militares, del ministerio de las condiciones de seguridad de los aviones que transportaban a nuestras tropas? El hecho de que a estos hombres se les subiese a un avión cuyas condiciones de seguridad no parece fuesen óptimas (eufemismo) parece carecer de importancia y su muerte se ha saldado con la condena de tres oficiales médicos que cometieron muy graves errores, a posteriori, pero que nada tuvieron que ver con el accidente.
Leyendo este diario, uno no puede menos que asustarse al darse cuenta de la catadura de los que se dicen y sienten líderes: ministros irresponsables (señor Trillo), generales bocazas y carentes de la más mínima sensibilidad (señor Alejandre), ministros populistas (señor Bono) y jueces que sabrán mucho de leyes pero muy poco de justicia.
Pensar que el mismo día en que se hacía público el diario de nuestro piadoso ex (sobre todo consigo mismo), El País publicaba que por los 41 viajes anteriores al accidente habíamos pagado 8,8 millones (su coste real si se hubiesen gestionado adecuadamente hubiese sido de 1.575.302 euros) y que el gobierno pagó, en 2003, 1.600.000 al bufete de abogados DLA Piper a fin de conseguir una medalla de EE UU para el señor Aznar… ¡Qué poco se valora la vida de nuestros soldados!
El señor Bono viajó a Turquía, al año siguiente del accidente, en el Airbus oficial y no en un destartalado avión ucraniano. Eso sí: lo hizo acompañado, entre otros, por su eminencia el arzobispo castrense y pidió, el ex y no el arzobispo, “paz, piedad y perdón” para los responsables de la catástrofe. El ministro, y ya que no lo hizo su antecesor, debía buscar la verdad y exigir responsabilidades. Las administrativas le competían a él. Las penales, a los tribunales.
Que el Rey le dijese que lo estaba haciendo muy bien con los familiares carece de relevancia. Quien tenía que decir esto, si lo pensaban, eran los deudos.
Más tarde nos dice que sufrió intentos de chantaje por parte de dirigentes del PP. Pobrecillo. Él, el responsable último del Cesid/CNI y, en alguna medida, de la Guardia Civil… Si él no podía defenderse y exigir que se investigase hasta el final ¿quién podía hacerlo?
Que un militar muera en combate entra dentro de la lógica. Que un soldado muera en un viaje programado por el ministerio porque sus superiores —civiles y militares— hagan dejación de sus obligaciones es inmoral e indecente y esos responsables son, cuando menos, unos impresentables que deberían afrontar el descrédito ya que parece que no tienen responsabilidades penales.
José Antonio Carpintero Dacal actualmente dirige un departamento de prevención de Riesgos Laborales.