Quebec/Kosovo

Por Luis Sanzo, sociólogo (EL CORREO DIGITAL, 30/06/06):

Tras el reciente referéndum, Montenegro será invocado para señalar que la Unión Europea reconoce el derecho a la creación de un nuevo Estado por una entidad subestatal. La experiencia montenegrina no introduce sin embargo innovaciones significativas en la práctica internacional de reconocimiento de Estados. Siguiendo las opiniones de la Comisión Badinter, la posibilidad de que Montenegro accediera a la soberanía ya fue aceptada en 1991 por las instituciones europeas, situando el origen de ese derecho en la disolución de la Yugoslavia socialista. El pacto que en 2003 dio lugar a la Unión de Serbia y Montenegro, por su parte, permitía a los socios celebrar un referéndum de autodeterminación. El paso a la condición de Estado soberano de Montenegro se basa por tanto en un acuerdo entre el Estado matriz y las partes que lo componen, una vía de acceso normalizado a la independencia en países democráticos que ya permitió, por ejemplo, la ruptura entre Chequia y Eslovaquia.

En realidad, el futuro de los Estados plurinacionales no se jugaba en mayo de 2006 en Montenegro, se decidirá más bien en los próximos meses en Kosovo. Es ahí donde pueden establecerse precedentes que, en el futuro, se hagan valer para imponer un proceso de secesión al margen de dos reglas clave para cualquier procedimiento a la vez justo y democrático: el respeto al principio de autodeterminación de los distintos pueblos presentes en el territorio y el pacto con el Estado. Y esto es así porque ni la Misión de Naciones Unidas para Kosovo (MINUK), ni organismos multinacionales intermedios como la OSCE, ni muchos gobiernos, entre ellos con particular énfasis los de Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, han trabajado por desarrollar íntegramente los principios establecidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para Kosovo. De lo que se ha tratado ha sido de poner las bases de una organización política independiente en ese territorio.

Basta observar el resultado de la política de la comunidad internacional en materia de configuración de una sociedad multiétnica para darse cuenta de que este objetivo nunca ha constituido el elemento prioritario de su actuación. Así, mientras la expulsión y el éxodo albanés de 1999 quedaban en gran medida resueltos en cuestión de meses, el desplazamiento de la mayor parte de los serbios y romaníes residentes en zonas de mayoría albanesa sigue sin solucionarse ante la ineficaz política de retorno de las agencias de Naciones Unidas. A la salida de población posterior a la intervención de la OTAN se añaden las consecuencias del pogromo antiserbio de marzo de 2004 y de la desidia en la búsqueda de alternativas a los campamentos en los que se aloja a los romaníes, egipcios y ashkalíes expulsados de sus hogares por los albaneses. Algunas declaraciones de Albert Rohan, uno de los mediadores de la ONU en la negociación del nuevo estatus de Kosovo, son ilustrativas de que no se trata sólo de incapacidad. Tras negar a la población serbia cualquier posibilidad de autonomía territorial en un posible Kosovo independiente, Rohan reconoce la escasa importancia que los derechos políticos de la principal minoría tienen en este proceso al asumir sin mayor dramatismo la posibilidad de que tal negativa suponga su salida definitiva del territorio: A nadie se le puede obligar a quedarse, sostiene. No debe por tanto sorprender que la oficina de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, considere ya este posible escenario.

Las posiciones de Rohan son tanto más inaceptables como que la regulación más o menos favorable de los derechos de los serbios parece vincularse en la negociación a que Serbia acepte la independencia kosovar. Para impulsar el proceso desde posiciones duras -paz y derechos limitados por independencia-, y al mismo tiempo prevenir acciones violentas de los albaneses que pudieran ponerlo en peligro, se lleva además al poder a algunos de los líderes más comprometidos en el pasado con la violencia, primero a Ramush Haradinaj y luego a Agim Ceku. Mientras Haradinaj, imputado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, es puesto en libertad pendiente de juicio pero con derecho a dirigir la vida política de su partido, la petición de arresto de Ceku por genocidio, remitida en 2002 por Serbia a Interpol, queda paralizada a instancias de la MINUK tras su nombramiento como primer ministro kosovar.

Si la estrategia de hacer realidad la independencia de Kosovo acaba imponiéndose por la fuerza a Serbia, sus impulsores cometerán una equivocación histórica sólo comparable a la solución que las grandes potencias europeas de la época dieron a la cuestión de los Sudetes. Como aquélla, esta propuesta política para Kosovo rompe con el derecho internacional vigente y con la práctica de reconocimiento de Estados de la comunidad internacional. En primer lugar, acepta la posibilidad de ruptura de un Estado soberano, regido de acuerdo con valores democráticos, al margen de la voluntad de ese Estado y de sus propios mecanismos constitucionales. En segundo lugar, pone en entredicho el tratamiento dado al proceso de disolución de la antigua Yugoslavia, en el que se respetaba la territorialidad de las distintas repúblicas federadas, un planteamiento que hizo que Kosovo quedara integrado en Serbia. En tercer lugar, transforma el principio de ‘uti possidetis’, según el cual el territorio de cada unidad político-administrativa existente en el momento de la disolución de un Estado es objeto de protección internacional, en garante de la territorialidad de la parte del Estado ocupada por una potencia exterior que dice actuar en nombre de la comunidad internacional. Porque este último es el fundamento real, sin apoyo alguno en las normas de la ONU, del principio de integridad territorial de Kosovo que pretende hacerse hoy realidad. Este planteamiento es aún más radical que los acuerdos de Múnich para los Sudetes, que sólo imponían la secesión de Checoslovaquia de zonas de clara mayoría de población alemana, previendo un plebiscito en los casos en los que la existencia de una mayoría fuera dudosa.

La posición hoy dominante en la diplomacia euro-atlántica rompe además el principio de igualdad de las distintas comunidades nacionales presentes en Kosovo que incorporan los Acuerdos de Rambouillet. En un territorio en el que históricamente han vivido tanto serbios como albaneses, resultando mayoría cada uno de estos grupos en distintos periodos de la historia, y sufriendo en distintos momentos cada uno de ellos graves episodios de limpieza o presión étnica, la aplicación de este principio requiere que cada comunidad sustente los acuerdos para la futura organización de Kosovo.

Preocupados por no convertir a Kosovo en precedente para otras causas secesionistas, es cierto que los países occidentales buscan perfilar una salida original para este territorio, no susceptible de aplicarse a otras zonas en conflicto. La intervención directa de la comunidad internacional, sin participación de Estados vecinos, constituiría el elemento que haría de Kosovo un caso único. No obstante, incluso si pudiera olvidarse que la rebelión kosovar se desarrolló bajo la bandera albanesa, que el apoyo logístico de vecinos como Macedonia fue determinante y que la ocupación inicial fue de la OTAN, es decir de una comunidad euro-atlántica fronteriza con Serbia, la lógica de esta propuesta seguiría resultando discutible. Porque lo que realmente significa Kosovo es que a través de la intervención de una potencia exterior un determinado Estado puede llegar a perder inicialmente el control sobre una parte de su territorio, viendo cómo esa potencia impone posteriormente al mundo el reconocimiento de la nueva realidad política. En el modelo ni siquiera la sanción de la ONU resulta estrictamente necesaria. Eso es, precisamente, lo que sostienen los más extremistas cuando proponen forzar el reconocimiento de Kosovo incluso sin acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En un mundo en el que se consolida el unilateralismo en las relaciones internacionales y en el que la emergencia de nuevas potencias es una realidad, el peligro de una propuesta de este tipo es evidente. Coloca a los Estados más débiles en una situación de inseguridad propia de los años anteriores a la creación de la ONU. Aunque algunos sólo quieran recordar la represión de Milosevic, Kosovo es también una combinación de deslealtad institucional, creación de estructuras paralelas de poder y recurso a la violencia como estrategia para forzar la reacción del Estado y la posterior intervención exterior.

En contraposición al modelo kosovar, la experiencia de Quebec revela que un conflicto de naturaleza secesionista sólo se soluciona racionalmente y sin violencia en un Estado democrático si los distintos proyectos políticos se integran dentro de la lógica y procedimientos constitucionales de ese Estado. Sólo así es posible garantizar los derechos de las partes, los que corresponden a las distintas comunidades políticas de base territorial pero también -y ante todo- al conjunto de ciudadanos y a los distintos pueblos presentes en el territorio. El proceso político iniciado en Euskadi tendrá éxito si consigue abrir una oportunidad a la solución del problema vasco dentro de esa lógica constitucional. Si no es así, muchos protagonistas de este conflicto volverán su mirada a lugares como Kosovo. Sería dramático que concluyeran que la ONU renunció en ese lugar de Europa a un compromiso basado en la legalidad internacional, el pacto y el respeto a los derechos de todas las partes.