No a la política de la resignación
El desempleo aumenta deprisa. La economía se está desangrando, porque el empleo es la sangre de la economía, y el Gobierno sigue mascullando palabras provisionales, palabras que se hacen viejas al pronunciarse, que enseguida pierden la razón y el alma.
Cada uno de los miles de trabajadores que han caído en el paro tiene nombre, familia, amigos y una ilusión en la vida. El único programa de gobierno que hoy se puede entender es el de restaurar cuanto antes todas esas ilusiones que se están quebrando, restablecer la confianza en la economía dentro y fuera de España.
Rajoy ha ofrecido, una vez más, la propuesta del Partido Popular para combatir la crisis, pero Zapatero la ha vuelto a rechazar. Lo que nosotros decimos es que hay que concentrar toda la energía de la política económica en la creación de empleo, lo que significa, naturalmente, generar todos los estímulos necesarios para que los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas recobren su actividad y conserven o aumenten sus plantillas.
Para conseguir esto es necesario, en primer lugar, un esfuerzo de austeridad y de control en el gasto de las Administraciones Públicas. Se trata de que el ahorro público contribuya a restablecer los recursos financieros disponibles para las Pymes y las familias, habida cuenta que la crisis financiera internacional nos ha retirado mucha de la financiación que España necesita por su elevado déficit exterior por cuenta corriente. Los agentes económicos necesitan esta señal inequívoca de que el Gobierno está con ellos para recobrar la confianza y asumir riesgos.
Y para reforzar aún más esta confianza y lanzar un ancla hacia el futuro hay que bajar los impuestos y eliminar todas las trabas a la actividad de las empresas y al trabajo. Tenemos amplia experiencia de que reducir los impuestos ha sido la mejor inversión del dinero público, el cual se ha multiplicado, precisamente, cuando los tipos impositivos han bajado especialmente para los autónomos y las Pymes.
Al mismo tiempo hay que controlar la inflación, que es tanto como reformar los sectores estratégicos: la energía, los transportes, las telecomunicaciones y todos los servicios, en general. Las empresas y las familias tienen que beneficiarse de precios moderados si abrimos estos mercados, los regulamos y vigilamos mejor, y garantizamos dentro de ellos una competencia suficiente.
Asimismo, es necesario una reforma laboral que facilite la contratación estable, en línea con la que se realizó en 1997 de acuerdo con sindicatos y patronal. En estos momentos, todo diálogo social que no contenga la reforma laboral estará vacío de contenido.
Con esta política económica nos acercamos a las principales preocupaciones de los pequeños empresarios: facilitamos su financiación, bajamos sus impuestos, recortamos sus costes de producción y de gestión, y, finalmente, que es lo que buscamos, estimulamos la estabilidad de los empleados y la contratación de nuevos trabajadores.
En el Gobierno sólo vemos indecisión, confusión y desconcierto. No han sabido definir la crisis y ahora no saben afrontarla. El Ejecutivo no tiene política económica para combatir la crisis, a no ser que pueda considerarse como tal el mero hecho de relatar acontecimientos. Zapatero va detrás de la realidad económica y de la realidad social. Ha perdido la ocasión de ejercer el liderazgo político y, con su actitud de negar la crisis, ha contribuido a agravarla, teniendo finalmente que reconocer que el país se está empobreciendo a marchas forzadas.
En esta crisis económica que está derivando hacia una crisis política, el PP quiere ser el factor de confianza que la sociedad española necesita para superar esta situación.
Cristóbal Montoro es portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso.
Ajuste solidario o decretazo
Después de 15 años de crecimiento ininterrumpido, España vive ahora un momento difícil de bajo crecimiento y destrucción de empleo, derivado de las turbulencias financieras, la restricción del crédito, la falta de confianza de los mercados, el encarecimiento de los combustibles y de los alimentos. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha ocasionado un incremento elevado del paro en la construcción, que se traslada a la industria de equipamientos de vivienda y que retrae un consumo ya debilitado por el encarecimiento de las hipotecas.
Muchos ciudadanos no guardan en su memoria referencias de situaciones similares, y otros no las conocieron. Como los efectos de la situación son inmediatos sobre su vida cotidiana, desean políticas públicas de efecto inmediato. Pero éstas sólo existen en los discursos de los demagogos. Frente a la crisis no hay tratamientos de choque, sino medidas eficaces a medio y largo plazo.
La fortaleza de la economía española y de nuestro sistema financiero hacen posible que podamos afrontar la situación sin subir impuestos (como debimos hacer en 1993), ni disminuir prestaciones sociales (como intentó el Gobierno en 2002 en una situación mucho menos comprometida). Muy al contrario, la reducción del IRPF en 400 euros aumentará la renta disponible de las familias, y permitirá revitalizar el consumo.
El Gobierno ha decidido liderar el ajuste soportando con austeridad presupuestaria la mayor parte de los costes que suponen para la economía española el encarecimiento del dinero, el petróleo o los alimentos. Este ajuste supondrá una disminución del gasto público estatal que sólo tendrá dos excepciones: las políticas sociales (pensiones, dependencia, prestaciones de desempleo, becas) y la inversión pública, especialmente necesaria por la caída de la inversión y del empleo conectado en vivienda.
Pero la inversión pública sólo compensará en parte el incremento del desempleo en la construcción, y por ello el Gobierno ha acordado con las Comunidades Autónomas un Plan de recolocación, que persigue aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo incrementando la formación profesional, los incentivos y el tratamiento personalizado de las capacidades de cada parado, para optimizar su posibilidad de encontrar empleo en otras actividades.
La austeridad presupuestaria, la prioridad a las políticas sociales, a la inversión pública, al fomento de la vivienda protegida y del alquiler, a la recolocación de los parados, se complementan con las políticas de liberalización, destinadas a desanudar estrangulamientos en el transporte o en ejercicio profesional, con los planes de ahorro y eficiencia energética que deben disminuir el incremento de nuestra factura por combustible, o con las medidas para incrementar la liquidez de los mercados financieros. Y por último, y tal vez lo más importante, seguir por la senda del diálogo social ha de permitir que el ajuste sea solidario, y que no se traslade automáticamente a los más débiles, los que pierden su puesto de trabajo y están en situaciones de mayor vulnerabilidad.
¿Es posible un ajuste más duro? Naturalmente, puede optarse por congelar los salarios de los funcionarios, las pensiones, recortar las prestaciones de los desempleados, reducir la inversión pública a la mera continuidad de los proyectos ya empezados... y aprovechar ese margen para nuevos incentivos fiscales a la compra de vivienda o reducir la imposición a los beneficios. Esta política disminuiría los ingresos de quienes ya soportan peor el incremento de los gastos, en la esperanza de que los beneficios fiscales arrastren con la esperanza de mayores rendimientos el crecimiento de la inversión privada.
Pero este tipo de ajustes, con conflictos sociales ya incluidos, se aplican ya escasamente dentro y fuera de España, y es significativa la distancia que en este sentido existe entre el discurso de Rajoy y del PP en el ámbito nacional, y la práctica de los gobiernos del PP en las Comunidades Autónomas. Mientras el Gobierno anuncia un presupuesto austero y el PP le demanda reducciones adicionales, los gobiernos del PP aplicarán crecimientos de gasto muy superiores. Mientras se reclama una mayor reducción del presupuesto del Estado, se pide a la vez que las transferencias estatales a las autonomías crezcan un 30%. Se pide más inversión pública, pero los gobiernos del PP han recortado la inversión iniciada y las viviendas protegidas a los niveles más bajos de los últimos 25 años. Ni han ofrecido alternativas al Plan de recolocación del Gobierno, ni dan prioridad ninguna a las políticas activas de empleo, que gestionan tarde, mal y con escasez de recursos. Nadie en el PP tiene en cuenta lo que Rajoy dice a la hora de gestionar o de reclamar, ni nadie hace lo que Rajoy pide. No sé por qué razón los ciudadanos deben dar a sus palabras un crédito mayor.
Octavio Granado es secretario de Política Económica y Empleo del PSOE.