¿Quién es tránsfuga: el diputado o el partido?

Trataré de responder a una pregunta nada sencilla: ¿A quién representan nuestros representantes? O dicho de otro modo, ¿qué mandato reciben los diputados de las urnas y, por tanto, a quién se deben? ¿ Al partido, a sus electores o a su conciencia? Veamos. En el informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa Rapport sur le mandat impératif et les practiques similaires (2009), se recordaba que, en la España medieval (así en el Reino de León y Castilla), los representantes en las Cortes llevaban una carta de obligaciones, emitida por la villas a las que representaban, de la que no se podían salir. Es decir, más que representantes actuaban como embajadores de sus representados, con instrucciones definidas, de modo que, si se extralimitaban, podían ser revocados. Lógicamente, pues no representaban al Reino, y menos a la nación (entonces inexistente), sino a la villa o ciudad que los enviaba. En el fondo, eran unos simples apoderados con autorización para comprometer algunas obligaciones, y solo esas. Es lo que se denomina técnicamente como mandato imperativo.

¿Quién es tránsfuga: el diputado o el partido?
RAÚL ARIAS

En cambio, señala la Comisión de Venecia, las democracias modernas se asientan sobre la idea de que los representantes lo son de toda la nación, no de alguna parte de ella, de modo que, una vez elegidos, tienen plena capacidad de opinión y no están atados por mandato alguno, más allá de la búsqueda del interés general. Y la Comisión cita a Edmund Burke, quien expresó con rotundidad la esencia de este «mandato representativo» en su Discurso a los electores de Bristol (1774). Vale la pena transcribirlo: «El Parlamento no es un congreso de embajadores de intereses diferentes y hostiles, que cada agente debe defender frente a todos los demás; es la asamblea deliberante de una sola nación, con un solo interés, el del conjunto, en la que no son las metas o prejuicios locales los que deben guiar, sino el bien general, resultante de la razón general del conjunto». Y añadía Burke: «Pero, en cuanto a las instrucciones imperativas, mandatos que un representante debe obedecer ciega y expresamente, que debe votar y aprobar incluso si son contrarios a sus convicciones más íntimas y a su conciencia, son cosas completamente ajenas a las leyes de este país y que surgen de un error fundamental, ligado a una interpretación errónea de la letra y del espíritu de nuestra Constitución».

Parece escrito ayer y para España. Esta es la razón de que el mandato imperativo subsista sólo en algunos regímenes comunistas (China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam), en los que el diputado es un mero apoderado del partido. Por el contrario, las constituciones de países democráticos lo han prohibido claramente. Así, el artículo 27 de la Constitución francesa declara que «todo mandato imperativo es nulo». Y añade: «El derecho a voto de los miembros del Parlamento es personal». Personal, no de nadie. Lo mismo se dice en muchas otras constituciones (Alemania, artículo 38.1; Italia, artículo 67). Y también, por supuesto, en la Constitución española, que en su artículo 67.2 señala rotundamente: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».

Este mandato representativo, sin embargo, se ve seriamente obstaculizado en España por el sistema de listas cerradas y bloqueadas establecido por nuestra ley electoral, pues, si los diputados le deben su escaño al partido (y, más en concreto, al secretario general), acaban siendo meros apoderados sin libertad de conciencia. La experiencia, los conocimientos o el origen de los diputados no sirve de nada, pues han pasado a ser simples máquinas que aprietan un botón. Tan es así que casi sobra el Parlamento, pues bastaría con que se diera a los portavoces de cada partido los votos con que este cuenta, y todo se podría arreglar con una docena de personas y varios millones de euros ahorrados. ¿Quién conoce a sus diputados? Pero, sobre todo, ¿de qué nos sirve conocerlos? Por ello, el llamado transfuguismo («cruzar el piso» o «cruzar el hemiciclo» en la jerga tradicional de Westminster), un fenómeno común a todos los parlamentos del mundo, es violentamente rechazado en España por todos los partidos, que tratan a sus diputados más como empleados que como genuinos representantes del interés general. Así pues, no es fácil cohonestar la prohibición constitucional del mandato imperativo con el actual Estado de Partidos, que hace regresar el estatus del diputado al de mero apoderado.

Dicho esto, ¿qué pasa cuando el diputado disiente de las posiciones del partido o uno u otro «cambian de opinión»? Pues es un embrollo moral. Lo normal, desde luego, es que los diputados sostengan las posiciones del partido expuestas en su programa electoral. Que es, a fin de cuentas, el contrato del partido con los ciudadanos. Pero caben más opciones, hoy manifiestas.

Para comenzar, los diputados (ellos también) tienen derecho a «cambiar de opinión» siempre que lo hagan de buena fe y en aras del interés general, aunque deberían informar de modo claro a sus electores y a su partido, para que estos puedan valorar la nueva posición. Cabe -en segundo lugar- que sea el partido quien cambie de opinión, en cuyo caso también debería dar cuenta a sus electores de las razones de peso que lo han llevado a ese cambio. Y si el tema es de extrema importancia -tanto que, cabe suponer, ha sido determinante en los votantes-, lo responsable es someterlo a consulta popular, como hizo Felipe González con la permanencia de España en la OTAN (asunto central en las elecciones de 1982), y como debería hacer Pedro Sánchez con la Ley de Amnistía. No olvidemos que el PSOE no llevaba en su programa la amnistía; todo lo contrario. Llevaba como bandera que no iba a haber amnistía, y así lo declararon reiterada y rotundamente desde el presidente Sánchez a una colección de ministros. Los sondeos acreditan que es hoy una posición rechazada por casi dos de cada tres votantes. Rara unanimidad.

Finalmente, cabe que sea el partido el que cambia de opinión. Pero no lo hace el diputado, que confronta entonces un dilema moral y podría alegar que adquirió unos compromisos con sus electores, y con su conciencia, que no desea alterar. En cuyo caso, no solo tiene la posibilidad, sino incluso la obligación, de atenerse a ese compromiso inicial.

Por supuesto, si por tránsfuga se entiende a alguien que vende su voto a cambio de dinero o de favores, se trata de un comportamiento deleznable, rayano en el soborno, que merece toda reprobación. Pero cuidado, esto justamente es la esencia del pacto PSOE-Junts: se compran los votos de no pocos diputados a cambio de favores personales nada triviales, desde la libertad a las obligaciones monetarias. Un buen negocio, sin duda, pero reitero que rayano en el soborno. Por ello, si denominamos tránsfuga a quien mantiene sus compromisos, con su conciencia o con sus electores -aunque eso le cueste el rechazo o la estigmatización de su partido-, se trata de una conducta que merece respaldo e incluso aprobación. Es más acorde con la Constitución -y bastante más decente- que lo contrario: a saber, romper los compromisos con los electores y con la propia conciencia para mantener la lealtad a un partido que ha roto esos compromisos. En este caso singular, es el partido -no el diputado- el que viola su programa. El partido es tránsfuga de sus compromisos, colocando en una posición endiablada a sus diputados. O bien son tránsfugas con su partido (incumpliendo el programa y el compromiso con los electores) o lo son contra su partido (ateniéndose al programa con el que se presentó), en un caso evidente de conflicto de lealtades. ¿Qué debe ser prioritario para un diputado, la lealtad al partido o la lealtad a su conciencia y a sus electores? Por decirlo de otro modo, ¿es un mero empleado del partido o es un representante de la nación? Un partido responsable no debería jamás colocar a sus diputados en este dilema y, de hacerlo, debería darles libertad para votar en conciencia. Y como conozco a no pocos diputados del PSOE -incluido algún alumno mío- me consta el dilema moral en el que se debaten. No me gustaría estar en su posición.

En todo caso, reiterando a Burke, la demonización del transfuguismo es casi siempre, pero más hoy y ahora, algo completamente ajeno a las leyes de este país, que surge de una interpretación errónea de la letra y del espíritu de nuestra Constitución.

Emilio Lamo de Espinosa, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es catedrático emérito de Sociología.

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