El reciente intercambio de acusaciones entre unos expertos del Banco de España encargados por el juzgado de examinar las cuentas de Bankia, el ministro Luis de Guindos, el Banco de España, y el propio Rodrigo Rato, acerca de quién fue responsable de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, evoca un problema jurídico, económico y político ampliamente debatido, pero no resuelto: ¿quién fue responsable de la crisis que se inició en 2007 y que, siete años más tarde, aún da coletazos y amenaza la estabilidad de la Unión Europea y el bienestar de sus ciudadanos? El problema tiene connotaciones morales y jurídicas, pero a mi modo de ver las tiene sobre todo políticas, porque si no se deslindan claramente las responsabilidades es muy probable que, como ocurre muy frecuentemente, sufran las consecuencias de la crisis los que no tuvieron ninguna parte en su gestación y los verdaderos culpables eludan su responsabilidad y salgan indemnes.
Al pedir un claro deslinde de responsabilidades no quiero implicar que tal diferenciación sea tarea fácil, porque, como es natural, a causar una cosa tan compleja como una crisis económica internacional han contribuido múltiples actores y factores. Si bien el ovillo es difícil de desenredar, unas pocas consideraciones básicas nos pueden ayudar a establecer, si no una clara delimitación, si al menos una jerarquía de responsabilidades.
La perspectiva histórica nos puede ayudar. Hubo un tiempo en que los mercados monetarios y financieros se regulaban virtualmente solos. La creación de dinero reposaba sobre el mecanismo automático del patrón oro, de modo que sobre las existencias de ese metal en cada país reposaba todo su edificio monetario y crediticio. Apenas había función inspectora, ya que los bancos centrales eran entidades privadas como las demás. Los bancos que se arriesgaban excesivamente corrían el peligro de quebrar y normalmente esas quiebras seguían su curso y, de haber responsabilidades, su determinación era un asunto exclusivamente de juzgado de guardia, no de una agencia supervisora que, en realidad, no existía. Este régimen se terminó en los años 30 del siglo pasado, cuando se pasó a un sistema de moneda dirigida: el papel del Banco Central y del Gobierno adquirieron mucho mayor importancia, porque la masa de dinero en circulación ya no se regulaba automáticamente. En las décadas que siguieron a este cambio de régimen, que fueron las de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra y la Guerra Fría, la creación de dinero vino determinada por los intereses políticos, ya que los bancos centrales quedaron sometidos de hecho a los gobiernos: el resultado fue una situación de inflación general en el espacio y en el tiempo. Cuando la inflación se hizo intolerable en la década de los 70, con la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo, se decidió independizar a los bancos centrales de los gobiernos, investirles de amplios poderes de supervisión, y darles como misión principal el mantenimiento de la estabilidad monetaria y financiera. Este nuevo régimen dio excelentes resultados. Al cabo de poco tiempo, la inflación descendió y, aunque hubo crisis bancarias (algo casi inevitable, por las razones que ahora veremos) se crearon mecanismos, casi siempre administrados por los bancos centrales, para paliar las consecuencias de esas crisis y restaurar la confianza, que es la base del sistema monetario y crediticio.
¿Por qué son casi inevitables las crisis bancarias periódicas? La esencia del negocio bancario es trabajar con dinero ajeno y además, adicionalmente, crear dinero. Aunque fundamental para la economía, la función bancaria entraña grandes peligros, porque, para obtener beneficios, el banquero tiene que arriesgarse, y, como maneja dinero ajeno, si se equivoca hace perder dinero a sus clientes. Por otra parte, la banca crea dinero, lo cual es un negocio tan bueno como el de los monederos falsos, por lo que se requiere una estrecha supervisión para evitar que la creación de dinero, por ser tan lucrativa, se desboque (en tiempos del patrón oro se suponía que las existencias de oro ponían límite a la inflación monetaria, lo que restaba importancia a la labor supervisora).
El mundo de las finanzas es tan complejo que el ahorrador necesita de agencias que lo supervisen, porque a él le es imposible ejercer esa función a la hora de invertir su dinero (lo mismo ocurre con los alimentos o los juguetes, que también son objeto de supervisión institucional). Igual que el Banco Central fiscaliza a las entidades de crédito, una agencia especializada supervisa las Bolsas, otro importante receptor de ahorro privado. En España los organismos de supervisión más importantes son el Banco de España para los bancos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la Bolsa.
Y esto nos devuelve a la cuestión original. Bankia salió a Bolsa, es decir, entró en el mercado de capitales para vender sus acciones. Pronto se advirtió que esas acciones se habían vendido por un precio muy superior a su valor real y que, a pesar de ello, el capital recabado no bastaba para equilibrar las cuentas de la entidad: el agujero que había dejado Miguel Blesa, el anterior presidente, era demasiado grande. Ante esta situación, Rato dimitió en mayo de 2012. Los compradores de acciones de Bankia, entretanto, se habían visto defraudados: compraron por casi 4 euros unos títulos que apenas valían nada. Por lo tanto, nunca se hubiera debido permitir a Bankia acudir a Bolsa.
¿Quiénes son los responsables de tal desaguisado con ribetes de estafa? Varios: Blesa, por haber dejado en quiebra virtual, merced a una serie de prácticas irregulares de las que cada día surgen nuevos detalles, una de las mayores cajas del país, y la más antigua, que recibió en buen estado en 1996 (Bankia es el resultado de la fusión en 2011 de siete cajas, de las que Caja Madrid era con mucho la mayor y más importante). Rato, por haber cometido serios errores en la fusión que dio lugar a Bankia, y por salir a Bolsa en condiciones engañosas. Ahora bien, como alega Rato, por encima de él y de Blesa estaba el Banco de España, que debía conocer, y de hecho, conocía, la situación de Bankia y, por lo tanto, que la fusión de cajas era un fiasco y la salida a Bolsa, como poco, una temeridad. Y parecida responsabilidad cabe a la CNMV, cuya principal misión es asegurar la veracidad y solvencia de las emisiones de títulos en el mercado de valores. Pero aun por encima del Banco y la CNMV estaban los gobiernos socialista y popular (la salida a Bolsa casi coincidió con la transición de uno a otro), el primero de los cuales había nombrado de manera bastante discutible al gobernador del Banco, M. A. Fernández Ordóñez, y de la CNMV, J. Segura (aunque este estaba de baja a la salida a Bolsa), mientras que el Gobierno popular de hecho había nombrado a Rato y a Blesa (este cuando Aznar) y favorecido la salida a Bolsa pensando que así se resolverían los problemas de la entidad. Y, si queremos hacer más historia, el Gobierno de Felipe González había promulgado la Ley de Cajas de Ahorro de 1985 dando entrada a los políticos y sindicalistas que las desgobernaron y saquearon hasta que la crisis las hundió.
Resulta pintoresco, por tanto, el espectáculo de socialistas y populares acusándose mutuamente, como la sartén y el cazo del proverbio. La virtud esencial requerida de los organismos supervisores es la independencia. En este caso, como en tantos otros, se ha subvertido la función y se ha coartado la independencia de los supervisores: las consecuencias están a la vista. Generalizando, tanto en España como en Estados Unidos, los supervisores fallaron y fueron los principales responsables de la crisis. Los políticos fueron corresponsables por haber interferido en la labor de los supervisores. Los banqueros fueron responsables por sus acciones temerarias e incompetentes, cuando no delictivas. Y quien ha pagado el pato, con mayores impuestos, menores salarios, escandaloso desempleo, y en su caso, al ser víctimas directas de fraude, son los inocentes ciudadanos. Nada nuevo bajo el sol.
Gabriel Tortella es economista, historiador y autor, con Clara Eugenia Núñez, del libro Para comprender la crisis (Gadir).