Entre los lugares comunes del proceso catalán hay dos que apuntan directamente a su raíz marcadamente popular y ciudadana. El primero es que el "proceso lo inició la gente" y que la política simplemente actuó como acompañante de lo que se demandaba en el asfalto por los ciudadanos de a pie. El segundo, atribuye a esos mismos ciudadanos una demostrada capacidad de aguante y sacrificio tras cinco años de sonadas, multitudinarias y espectaculares manifestaciones cada 11-S.
Pues bien, ahora ya sabemos que serán esos mismos ciudadanos los que van a recuperar el balón del proceso para jugar el tramo final del partido. Hace unas semanas Carles Puigdemont decía que tiene la tranquilidad del último lanzador de una tanda de penaltis. Hubiese sido más acertado confesar tener la misma templanza que la del penúltimo, porque el chut final desde los nueve metros va a tener un múltiple lanzador: la ciudadanía.
En su discurso para ganar la moción de confianza, Puigdemont ha dejado claro que Govern y Parlament, con el apoyo de los 62+10 diputados de Junts pel Sí y la CUP, van a llevar el proceso hasta el final desde el ámbito institucional y dentro del calendario previsto. Se incorpora, eso sí, a la hoja de ruta pactada entre convergentes y republicanos antes de las elecciones un referéndum que se quisiera acordado con el Ejecutivo central pero que, no pudiendo ser así, y no será, se convocará igualmente de manera unilateral con una pregunta clara sobre la independencia y efectos jurídicos plenos tras la votación.
Este referéndum, de no ser acordado con el Estado, se convocará teóricamente dentro de la legalidad catalana que emanará de la Ley de Transitoriedad Jurídica que debe también aprobar el Parlament y que serviría de escudo protector ante los poderes del Estado y también para ganar, supuestamente, la legitimidad internacional de la consulta. Hasta aquí el powerpoint está ordenado.
Pero a nadie se le escapa que todo va a ser infinitamente más complicado. El Estado no solo no acordará ningún referéndum, si no que además va a responder con todas sus fuerzas al envite final del soberanismo. No será una novedad, como ya demostró ante iniciativas menos ambiciosas como fue el proceso participativo del 9-N. Pero es de suponer que a más calibre en el desafío, mayor calibre en la respuesta. Esta es la lógica.
Si al camino propuesto por Carles Puigdemont para los próximos meses, le sumamos la segura respuesta del Ejecutivo central –presida quien presida- Catalunya se situará de lleno en un colapso institucional irresoluble, con dos legalidades paralelas y contradictorias; pero con la fuerza de la coacción del lado del Gobierno español, por lo que el referéndum difícilmente sería realizable. Este colapso puede producirse en cualquier momento. De hecho, la tramitación de la Ley de Transitoriedad Jurídica en el Parlament apunta al momento de no retorno en el que pueden desatarse todos los demonios, con lo que la consulta no podría quizá ni ser convocada.
Y es en ese punto en el que las miradas se dirigen de nuevo a la calle. Es difícil imaginar que los gobernantes catalanes y los representantes parlamentarios que les brindan su apoyo no manejen entre sus hipótesis de trabajo una respuesta masiva en las calles cuando esto suceda. De hecho, Puigdemont apeló a esa futura movilización en su discurso. Una respuesta pacífica pero de tono más agrio que todo lo vivido hasta la fecha. Una manifestación sin hora de regreso a casa, sin reservas previas en los restaurantes, sin tramo al que apuntarse, sin camisetas de colores, en días laborables.
Una respuesta firme, duradera e inequívoca desde las plazas para hacer prevalecer la legalidad catalana o, en su caso, provocar –ahora sí- un movimiento del Estado hacia el diálogo y la negociación de ese referéndum. A todo ello se añade la hipótesis, con esforzado optimismo, que la comunidad internacional fijará no solo la mirada si no también su atención porque ya no estaría delante de una perfomance reivindicativa si no ante un choque en toda regla de legitimidades, una de las cuales, la más débil, tendría el apoyo visible de centenares de miles de personas gritando en las plazas.
Ese y no otro es el último penalti. Y el jugador que ha de tirarlo no ostenta cargo electo ni representación institucional. Lo que en teoría empezó en la calle, acabará en la calle. Va llegando la hora de la verdad. Las gaitas están templadas. El momento del último lanzador se acerca. El tópico dice que el jugador número 12 vive cobijado en la grada, y así ha sido hasta la fecha también en el proceso. Pero ahora se le obligará a abandonar la comodidad de su asiento y bajar al césped. El sacrificio de verdad está por empezar. Hasta ahora todo era una fiesta. Veremos cuántos están dispuestos, durante cuánto tiempo y asumiendo qué costes. Esta es, a día de hoy, la verdadera incógnita del proceso. Lo demás está a la vista y no dará más de sí, porque llegando hasta aquí ya habrá dado todo lo bueno y todo lo malo.
Josep Martí Blanch, periodista.