¿Quién teme al salario mínimo?

Uno de los remedios propuestos para hacer frente a la lenta pero persistente caída de la participación del trabajo en la renta nacional ha sido la elevación del suelo legal de los salarios, el llamado salario mínimo interprofesional o SMI en España. Las reclamaciones iniciadas hace más de un año en el ramo de los trabajadores de comida rápida en Estados Unidos, que piden casi duplicar su salario mínimo actual, y que se han extendido por todo el país, han vuelto a poner de moda una antigua controversia que merece ser traída aquí porque el asunto tiene un interés inmediato para nuestro caso. Sabemos que en todo lo que se refiere al trabajo y a los salarios “el diablo está en los pliegues”, como decía una doctora de la Iglesia, de modo que cuanto sigue no tiene pretensiones de universalidad.

“A mayor salario mínimo, menos empleo” solía poner punto final a esas reclamaciones, hasta que estudios realizados hace veinte años hicieron ver que aumentos moderados del SMI no tenían efectos apreciables sobre el empleo, y podían incluso resultar en aumentos de la productividad. Esos trabajos han dado nueva vida a la controversia, cuyo estado puede hoy resumirse en dos puntos: primero, que los efectos inmediatos de aumentos moderados del SMI no tienen incidencia digna de mención sobre el empleo; segundo, que de los efectos a largo plazo –el plazo necesario para que los trabajadores sean sustituidos por robots o por ordenadores, o la producción trasladada a otro país– nada o casi nada se sabe, cosa que no debe sorprendernos, porque pueden pasar tantas cosas en ese plazo que una confesión de ignorancia es casi obligatoria. Pero, si bien la evidencia es nebulosa, el veredicto de quienes la comentan no puede ser más claro: “grandioso experimento social”, “viaje a lo desconocido”, “apuesta irresponsable” son algunos de los calificativos que han merecido iniciativas de ese tipo en la prensa más respetable; no tanto porque haya alternativas a la elevación del SMI, que las hay, sino por una desmesurada aversión al riesgo, digna quizá de causas mejores. Sea como fuere, ya se ve que las subidas del SMI no son bien acogidas.

¿Deberíamos pensar lo mismo? Animados por las continuas exhortaciones de organismos, gobiernos y hasta expertos, ¿deberíamos basar nuestra prosperidad futura en la moderación salarial? Examinemos algunas de las consecuencias: seguiríamos creando empleos para los de fuera, porque los de aquí no los querrán –repitiendo así la expansión preludio de la crisis–, mientras nuestra gente mejor formada iría a buscar trabajo a otra parte; nuestra desigualdad seguiría creciendo, prolongando la tendencia de los años recientes; no podríamos mantener las prestaciones públicas –educación, sanidad, pensiones– a las que nos imaginamos tener derecho, porque los sueldos bajos no dan para tanto. Miremos, por fin, en derredor para confirmar lo que el sentido común nos dice: los países prósperos son países de salarios altos.

Situémonos, pues: la moderación salarial nos ha permitido mantener la presencia exterior frente a la competencia, pues a su cargo ha corrido la llamada devaluación interna sufrida con la crisis; además, por dóciles hemos merecido el aplauso de nuestros acreedores. Todo ha sido en respuesta a una situación de emergencia, y no puede pasar a ser un elemento permanente de nuestra política económica. Al contrario: el objetivo principal de ese cambio de modelo productivo del que tanto hablamos es, precisamente, crear empleos (tampoco tantos, habida cuenta de nuestra demografía) que paguen buenos sueldos.

Estamos muy lejos de hacerlo: el SMI es hoy de 648 euros/ mes (9.080 euros anuales), algo más de la mitad del francés (1.425 euros mensuales), la tercera parte del luxemburgués (1.801 euros) y eso sí, superior al de Bulgaria (143 euros). No son pocos los que cobran el SMI (o menos): más de un tercio de los hogares españoles tienen ingresos medios inferiores a 800 euros mensuales, y muchos de ellos deben ser asalariados. Para confirmar que estamos en un camino insostenible, vemos que el 57 por ciento del total de hogares percibe unos ingresos inferiores a 1.100 euros mensuales, cantidad insuficiente para cubrir el coste de las prestaciones públicas a las que tienen acceso; todos ellos reciben una subvención implícita por parte del resto de la población empleada.

El problema, como indica mi colega Miquel Puig, es que somos un país con demasiados pobres. Ese problema no se resuelve, naturalmente, con sólo aumentar el SMI. El aumento deberá ir acompañado, tarde o temprano, por aumentos de la productividad, y aumentar la productividad de una economía es algo que implica a toda la sociedad. Aumentar el salario mínimo tiene sus riesgos, pero por algún sitio hay que empezar. Como el peso del ajuste lo han llevado hasta ahora los salarios, no los márgenes, un aumento moderado del SMI no llevará a nuestras empresas a la ruina. Sería una forma de poner el proceso en marcha que mostraría la voluntad de no instalarnos en un culto a la moderación salarial que es, para una economía y una sociedad como las nuestras, un callejón sin salida.

Alfredo Pastor, cátedra Iese-Banc Sabadell de Economías Emergentes.

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