En un momento en el que la crisis actual de la deuda europea está acabando con la fe pública en las instituciones políticas y económicas del continente, sería de esperar que los dirigentes de Europa fortalecieran el mayor número de símbolos unificadores posible. En cambio, han permitido que peligre también una de las joyas de la integración europea posterior a la segunda guerra mundial: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (EDH).
A diferencia de la Unión Europea, radicada en Bruselas y durante mucho tiempo acusada por su déficit democrático, el TEDH, radicado en Estrasburgo, es, si acaso, demasiado apreciado. En 2011, más de 60.000 personas solicitaron su ayuda, muchas más de las que pueden esperar una resolución razonada. (En cambio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos recibe, aproximadamente, 10.000 solicitudes al año.)
Para salvar al TEDH de esa aplastante carga, algunos Estados miembros han propuesto cambios que podrían debilitarlo, aun cuando no sea intencionadamente. Quienes creemos apasionadamente en el Tribunal y sus logros debemos alzar la voz ahora para convencer a los protagonistas de reformas desacertadas de que no sigan por esa vía. En cambio, los 47 Estados miembros del TEDH, que tienen una población de 800 millones de personas, deben asumir una mayor responsabilidad para hacer que el sistema existente funcione.
El TEDH, creado a raíz del Holocausto, ha llegado a ser un potente símbolo del compromiso de Europa con el gobierno conforme a la ley y no por la fuerza, al defender los derechos a la vida, al trato humano, a la libertad de expresión y a contar con el asesoramiento de un abogado. Por ejemplo, el Tribunal resolvió que las infames “cinco técnicas”, forma temprana de las “técnicas avanzadas de interrogatorio” empleadas por los británicos en Irlanda del Norte en el decenio de 1970, constituían trato inhumano, y condenó la segregación racial de los niños romaníes en las escuelas checas.
Por su calidad, los dictámenes del TEDH tienen profundas repercusiones allende Europa. Cuando Estrasburgo habla, los jueces y los abogados del mundo escuchan. Incluso el Tribunal Supremo de los EE.UU. citó su razonamiento cuando revocó leyes antihomosexualidad en Texas en 2003.
No obstante, el futuro del TEDH corre un grave peligro. El Tribunal, como único freno que es del abuso de poder en algunos países, se ve desbordado por las reclamaciones, más del 60 por ciento de las cuales proceden de Rusia, Turquía, Italia, Rumania y Ucrania.
Algunos sostienen que la respuesta que se debe dar ante el diluvio de causas es la de limitar las competencias del Tribunal, pero esa actitud parece desafortunada.
El Primer Ministro británico, David Cameron, por ejemplo, ha dicho en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se deben “respetar” las decisiones nacionales, es decir, que haya menos supervisión judicial. Asimismo, otros funcionarios superiores han pedido nuevas limitaciones de las causas que puede conocer el TEDH, incluida la remisión a los tribunales nacionales que han tenido supuestamente en cuenta la legislación europea sobre derechos humanos.
En el Reino Unido, la resolución del Tribunal en 2005 contra una privación general de los derechos de voto a los presos, con el argumento de que puede ser desproporcionada en relación con el delito, provocó la ira oficial. Y este año una resolución que prohibía la deportación de un predicador islámico a Jordania con cargos de terrorismo, porque su juicio en ese país podría quedar contaminado con pruebas obtenidas mediante tortura, ha enfurecido al gobierno de Cameron.
Aun con un nuevo reglamento, causas así podrían llegar ante el Tribunal, porque plantean cuestiones fundamentales que requieren la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De hecho, no hay pruebas de que las propuestas enmiendas del Convenio encaminadas a limitar la autoridad del Tribunal vayan a reducir el número de sus causas, pero transmiten el peligroso mensaje de que algunos gobiernos deben estar exentos de las normas que se aplican a todos los demás.
La reducción de la afluencia de reclamaciones depende, por encima de todo, de que los gobiernos hagan más para consolidar el Estado de derecho en sus países, aun cuando haya que apremiarlos y avergonzarlos para que así sea. Las sentencias autorizadas y vinculantes del Tribunal, muchas de las cuales obligan a los gobiernos a indemnizar a las víctimas, son algunos de los instrumentos más eficaces de presión constructiva y pueden muy bien representar un valor mayor para fomentar el Estado de derecho que los millones de euros invertidos anualmente en asistencia técnica y capacitación en los Estados incumplidores.
Además, las reformas legislativas aplicadas en 2010 deben contar con tiempo y recursos para que funcionen. Todo el mundo conviene en que el TEDH está empezando a reducir la acumulación de solicitudes pendientes.
Se pude hacer más. El Tribunal puede aumentar el número de “sentencias experimentales” sobre perjuicios sistémicos, prescribir medidas más concretas de reparación y endurecer las imposiciones monetarias en los casos en que violaciones repetidas reflejen una negativa persistente a cumplir sentencias anteriores. El Comité de Ministros, que supervisa la ejecución, debe emitir sanciones públicas cuando proceda y los Estados deben tomarse más en serio sus obligaciones para remediar las violaciones antes de que los casos lleguen a Estrasburgo.
Desde luego, ningún tribunal acierta en todas sus resoluciones ni complace a todas las partes, pero incluso los gobiernos democráticos cometen a veces grandes errores. Algunos dirigentes políticos parecen demasiado interesados en su discrepancia respecto de resoluciones particulares para ver el interés mayor de preservar una institución europea que inspira una admiración generalizada.
Los dos próximos meses serán decisivos. Según ha anunciado, el Reino Unido, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Europa, procurará que se apruebe de aquí a abril una declaración ministerial sobre la reforma del Tribunal. Aunque ya está circulando un borrador por las capitales nacionales, el papel de los grupos de la sociedad civil no está claro. Reviste importancia decisiva que las partes más interesadas en el TEDH –los ciudadanos europeos– participen activamente en esos debates.
En un momento de restricciones financieras, los jueces del Tribunal emiten más de 1.000 resoluciones al año, muchas de ellas de gran importancia, por menos del costo del presupuesto de la UE para publicaciones. Medio siglo después de su creación, el TEDH constituye un bien público de gran valor, no sólo para los europeos, sino también para todas las personas interesadas en los derechos humanos de todos los países. En las próximas semanas, los gobiernos de Europa serán juzgados por su compromiso con la preservación de ese decisivo recurso mundial.
James A. Goldston es el Director ejecutivo y fundador de la Iniciativa Pro-justicia de la Open Society. Yonko Grozev es un abogado del bufete Grozev & Dobreva (Bulgaria).