¿Quiénes son los corruptos?

Los barómetros del CIS de los pasados mayo, junio y febrero brindan una sugerente lectura relativa a la raison d’être y la fortuna de la moción censora de Sánchez contra, según se nos dijo, la «corrupción». En el barómetro de mayo, el paro figuraba como el «principal problema» al parecer de un total relativo del 63,6% de los encuestados, seguido de «la corrupción y el fraude» (para el 39,6%) y de «los políticos en general, los partidos y la política» (para el 25,4%). Esas percepciones apenas se alteraron en junio: el 39,2% aún apuntaba a la «corrupción y el fraude» y el 24,5% a «los políticos». Sin embargo, al convocarse elecciones generales, en febrero, la «corrupción» preocupaba al 23,1%, y los políticos, al 29,4%, es decir, cinco puntos más que en mayo. Dijérase que, a ojos de la ciudadanía, la moción palió la corrupción. Y aun así, más españoles hoy recelan de la clase política.

Esa contradicción es apenas aparente. Cuando se habla de «corrupción», la mayoría la asocia a, como indica el Diccionario de la Lengua Española, el «provecho económico» de los gestores. Antes bien, en teoría política la corrupción no se limita al enriquecimiento económico. En el capítulo Corrupción de Orden y decadencia de la política, Francis Fukuyama reflexiona sobre las dos formas de corrupción más perniciosas en democracia: el patronazgo y el clientelismo. Mediante el patronazgo, el gobernante dispensa favores a individuos de su entorno ideológico; mediante el clientelismo favorece a grupos concretos del electorado al objeto de obtener sus votos. Fukuyama responsabiliza al patronazgo y al clientelismo de la pobreza democrática y económica de países como Grecia. Por el contrario, las democracias más avanzadas, como Alemania y Dinamarca, recelan de esas formas de corrupción y confían sus instituciones a tecnócratas de prestigio.

Esta suerte de corrupción corroe la democracia en mucha mayor medida que la corrupción pecuniaria, toda vez que debilita las instituciones y aboca a lo que Samuel Huntington, en Political Order in Changing Societies, definió como «la decadencia política». Tómese como ejemplo predemocrático de patronazgo la España de Felipe III ante el horizonte de la decadencia imperial: como explica Antonio Feros en El duque de Lerma, Lerma puso a familiares suyos en más de la mitad de los altos cargos de la corte. Actualmente, en España, y a diferencia de otras democracias, la gestión de una serie de instituciones públicas suele encomendarse a individuos meramente por su afinidad al poder político. La fortaleza de una democracia depende de sus instituciones, y Fukuyama, en Los orígenes del orden político, observa cuatro binomios con que medir la calidad de éstas: adaptabilidad-rigidez, complejidad-simplicidad, autonomía-subordinación y unión-desunión. Aun cuando la evaluación de las dos primeras precisare de análisis empíricos, nos es lícito afirmar que muchas instituciones españolas presentan esa «subordinación» al poder político y que, en consecuencia, adolecen de una «desunión» estructural. (Piénsese, por ejemplo, en TVE, TV3 o el CIS, entre otras). Dicho género de Estado «patrimonialista», en expresión de Max Weber, depaupera la calidad de la democracia. Y esta índole de corrupción explica que, casi un año después de la moción de censura, más españoles perciban a los políticos como el principal problema nacional.

Entre las formas de clientelismo figura el dispendio de fondos públicos para favorecer a grupos identitarios. Observaba Mancur Olson, en The Rise and Decline of Nations, que la estabilidad política y económica estimula la formación de esos grupos, pero que estos fraccionan la unidad social y pueden subvertir el progreso democrático. Ferdinand Tönnies apreciaba que las democracias se fraguaron merced a la coalescencia de Gemeinschaften (comunidades) en una Gessellschaft (sociedad). El clientelismo desmembra la sociedad en una amalgama de comunidades estanco, de tal suerte que acaece el fenómeno por Larry Diamond denominado, en The Spirit of Democracy, «recesión democrática». En Identidad, Fukuyama advierte de que esa «recesión» deviene «una de las mayores amenazas» para las democracias actuales. En los últimos años, en España han arraigado Gemeinschaften antisistema, receptoras ordinarias de clientelismos varios, tales que los indignados o los nacionalismos secesionistas.

Aparte del sinnúmero de prácticas clientelistas justificadas eufemísticamente como «progresismo social», las variantes más devastadoras de clientelismo han sido las concesiones «dialogantes» al secesionismo contraconstitucionalista y la legislación de la «memoria histórica». Atendiendo (justísimamente) a la memoria de media España, esa ley estigmatiza (de facto e injustamente) a la otra media cuyos abuelos fueron represaliados por la Segunda República leninizada. El auge de Vox se debe a esas políticas que reconocen comunidades identitarias para favorecerlas y denostar a otras, porque estas otras habrán de confiarse a quienes defiendan su dignidad. Zapatero creó españoles de primera (los descendientes de «los buenos») y españoles de segunda (los nietos y los biznietos de quienes, según Zapatero, eran «los malos»). Gobiernos nacionales, regionales y locales han agudizado esas inequidades tribales.

La gran paradoja de nuestra historia política reciente es que aquella moción de censura contra «la corrupción» nos haya traído a un presente en que la desconfianza en los políticos ha aumentado. Esto es así, precisamente, porque en España campan por sus fueros el patronazgo y el clientelismo, que son las peores formas de corrupción política, y, por ende, se ha debilitado la calidad del sistema democrático. Hoy por hoy, nuestra democracia se caracteriza por su patrimonialismo y, lejos de ser progresista, sólo cabe calificarla de regresiva e involucionista.

J. A. Garrido Ardila es filólogo e historiador. Su último libro es Sus nombres son leyenda. Españoles que cambiaron la Historia (Espasa, 2018).

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