El pasado 23 de enero se cumplieron 24 años del asesinato en San Sebastián, por ETA, de Gregorio Ordoñez (entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de esa localidad, a cuyas elecciones había concurrido en la lista del Partido Popular). Lo mataron mientras comía en el bar La Cepa, sito en la calle 31 de Agosto de la parte vieja donostiarra, en compañía de los dos secretarios del grupo del PP, María San Gil y Enrique Villar y una funcionaria del Ayuntamiento. Nadie que pasee por esa calle (ni foráneo, ni local) podrá saberlo porque no existe nada que lo recuerde.
Luego hablan de memoria y de relato pero lo cierto es que no ponen ninguna placa (o quitan la que en su día colocó el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco) porque su existencia no sólo daría testimonio del asesinato sino, también, de sus asesinos y de que fue matado en aras de la imposición de un proyecto político nacionalista vasco que comparten tanto sus victimarios (hoy en las filas de Bildu y de Sortu) como los que se dedicaron todos esos años a recoger nueces y hoy continúan haciendo caja y reciben cuponazos (PNV) gracias a los distintos gobiernos del Estado). A ese proyecto político le llaman hoy «proceso soberanista» e invocan a tal fin el inexistente «derecho a decidir».
En la misma calle, 80 metros más adelante en dirección a la basílica de Santa María, de un tiro en la nuca y mientras cenaba con sus amigos en la sociedad Gaztelupe horas antes de la izada oficial de la bandera en la plaza de la Constitución, ese mismo comando de ETA asesinó el 19 de enero de 1993 (hace ya 25 años) a José Antonio Santamaría Vaqueriza, exjugador, entre otros equipos, de la Real Sociedad y del Real Unión.
La fiesta no se suspendió. Para ser más exacto, en el País Vasco no se suspendió nunca ninguna fiesta aunque hubiera asesinados por ETA. Ni en San Sebastián en esta ocasión ni tampoco en Tolosa en 1996, cuando ETA asesinó a Francisco Arratibel durante los Carnavales, la fiesta principal de la localidad. Son sólo dos ejemplos.
En el caso de José Antonio Santamaría, tanto la Real Sociedad como el Real Unión Club, representados por sus presidentes, asistieron al entierro. Ambos clubes también guardaron un minuto de silencio en su memoria en el partido más próximo a los hechos. Yo era el presidente del Real Unión Club en aquel momento y doy fe no sólo de lo que relato sino de que lo que hicimos ambos clubes era y fue excepcional en el fútbol vasco y en el deporte vasco en general. La mayoría no quería señalarse (eso siendo optimista) y así nos ha ido y nos va.
No, ni los locales ni los visitantes podrán hoy encontrar placas que recuerden a los asesinados por ETA en el lugar donde fueron abatidos, indicando la fecha y la organización terrorista que los mató. Lo que sí es posible es ver y encontrarse con los victimarios. Hoy en libertad, orgullosos de su pasado y sin colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los atentados todavía sin resolver. Es el caso del que participó en los asesinatos de José Antonio Santamaría y de Gregorio Ordóñez, citado por la viuda de este último, Ana Iríbar, en el artículo publicado el pasado 23 de enero en «El Correo» (del que tomo prestado el título que encabezan estas líneas).
Sin ir más lejos, yo le vi en septiembre pasado paseando por el paseo de la Concha. Debí ser el único. Es lo que tiene tener abiertos los ojos, que nada se escapa y que tomas conciencia de la cruda realidad: los victimarios se pasean libre y plácidamente por sus localidades respectivas y disfrutan incluso de las fiestas mientras los familiares y amigos de los asesinados tienen que recordarlos en la intimidad porque décadas después no existe nada que les recuerde públicamente y que nos recuerde a nosotros y a las generaciones venideras no sólo que fueron asesinados por ETA sino que lo fueron en aras de un proyecto político nacionalista excluyente que en la actualidad es el más votado por la sociedad vasca. A pesar de estar contaminado, manchado de sangre y de violencia. Lo que, además de excluyente, lo hace indecente.
Carlos Fernández de Casadevante es catedrático de derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos.