Quiero limpiar mi nombre para ayudar a que Brasil vuelva a confiar en su gobierno

En abril del año pasado mis opositores políticos celebraron cuando, después de un proceso legal altamente partidista y parcial, me enviaron a Curitiba, una ciudad del sur de Brasil, para cumplir una sentencia de prisión ilegítima.

Buscaban aplastar mi espíritu y borrarme del mapa político. Pero la experiencia solo revitalizó y fortaleció mi compromiso: ahora me siento preparado para enfrentar los problemas de Brasil y tratar de lograr un mundo mejor para muchos, no solo para unos pocos privilegiados.

Los 580 días que pasé en prisión resultaron ser de los más transformadores en mi vida política. Desde mi celda pude contemplar profundamente los problemas que enfrenta nuestra sociedad.

Lo más difícil de tener que soportar una detención ilegal fue ser excluido de la campaña electoral presidencial del año pasado. Debe dolerle al actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, saber que no me habría vencido en esas elecciones sin la complicidad de un ex juez, Sergio Moro, quien ahora se desempeña como su ministro de Justicia.

Juristas, abogados y académicos de todo el mundo quedaron asombrados por mi juicio injusto. Brasil incluso decidió ignorar el pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU de que se me permitiera postular como candidato hasta que mis “apelaciones ante los tribunales se hayan completado dentro de procedimientos judiciales justos”.

Como presidente de Brasil, introduje una variedad de reformas para empoderar a las agencias federales en el combate al crimen organizado y la corrupción. Desafortunadamente para nuestro país, ciertos individuos se apropiaron del sistema legal para tratar de debilitar y eliminar opositores políticos. Una investigación conocida como la Operación Lava Jato —encabezada por el juez Moro— se convirtió en la fuerza impulsora detrás de un esfuerzo no para enjuiciar a la corrupción, sino para manipular nuestro proceso democrático.

No podíamos pasar por alto la naturaleza política de las motivaciones de mis acusadores y los abusos legales cometidos por los fiscales. Así fue que, en julio de 2016, mi equipo y yo comunicamos las graves violaciones de mis derechos fundamentales al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

A lo largo de esta farsa judicial, mis abogados demostraron que no era culpable a través de pruebas exculpatorias abrumadoras. También resaltaron la coordinada guerra legal en mi contra, tratando de usar la ley para deslegitimarme. Con algunas excepciones honorables, la mayoría de los medios brasileños optaron por ignorar estos hechos. Fue recién en junio, con la publicación de una investigación del medio Intercept Brazil que mostró la colusión entre la fiscalía y los jueces, que la verdad finalmente comenzó a surgir. Estas revelaciones han sacudido a los brasileños y al mundo porque mostraron que un esfuerzo anticorrupción una vez aclamado había sido politizado, contaminado e ilegal.

Bolsonaro recompensó a Moro nombrándolo ministro. El nombramiento no fue una sorpresa para mí. Simplemente demostró lo que mi equipo legal y yo dijimos en todo momento: que Moro fue parcial y abusó de la ley para sus propios fines políticos.

Las acciones de Moro mientras presidía el proceso de la Operación Lava Jato le hicieron un daño grave a Brasil. Él y Bolsonaro deben asumir la máxima responsabilidad política y legal. La responsabilidad también recae en los Estados Unidos, donde se han planteado preguntas sobre la cooperación altamente irregular entre el Departamento de Justicia —y otras agencias legales— y Moro, y la investigación de Lava Jato. De hecho, los miembros del Congreso han expresado su preocupación, pero no han recibido respuesta de la administración del presidente Donald Trump.

Nadie debe estar por encima de la ley, pero la ley debe aplicarse por igual. Nunca solicité un trato especial, solo un trato justo, imparcial e independiente según la ley. Es por eso que continuaré luchando vigorosamente para limpiar mi nombre de ataques legales partidistas; mi reciente liberación del cautiverio no es el final de la lucha legal, es solo el comienzo.

Paralelo a mi lucha legal, estableceré una agenda política positiva para el futuro de Brasil. Mi papel es ayudar a unir a las personas, como siempre lo he hecho, en nuestra sociedad cada vez más fracturada y polarizada. Mi visión es ayudar a los brasileños a recuperar su confianza en nuestras instituciones políticas y legales.

En el Brasil que anhelo ayudar a reconstruir, los derechos humanos y legales —incluidos los de mis oponentes políticos— serán protegidos y fortalecidos. El que cada ciudadano pueda enorgullecerse y confiar en la fortaleza de sus instituciones es el signo de una democracia fuerte.

Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil de 2003 a 2011.

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