En los últimos meses la Unión Europea ha pasado a ocupar un segundo plano en el panorama político español. En lugar de aprovechar el viento de cola en la economía española, provocado por factores externos como el bajo precio del petróleo o las políticas de inyección de liquidez del BCE y la relajación de los recortes, para proponer un plan de modernización económica y elevar las condiciones de vida de la población, Rajoy ha jugado a corto plazo de forma electoralista, tirando con pólvora del rey concediendo ventajas fiscales a los que más ganan, al mismo tiempo que duplicaba el déficit de la Seguridad Social. Declara que “el presupuesto de 2016 ya está aprobado”, haciendo oídos sordos a los dardos lanzados por distintos mandatarios europeos que coinciden en un mismo punto: esos presupuestos son puro humo y para cumplir con el objetivo de déficit, España deberá volver a retomar la senda de los ajustes y los recortes, entre 5.000 y 9.000 millones de euros. La austeridad ha generado en Europa una espiral de endeudamiento, nuevos recortes, dinámicas de desigualdad y, finalmente, un mayor volumen de deuda en relación a un PIB en horas bajas. Las contrarreformas laborales, que precarizan las condiciones de trabajo, provocan inseguridad entre la mayoría de la gente y hacen descender el peso total de los salarios sobre el PIB.
Sin embargo, los presidentes del Eurogrupo y de la Comisión Europea exigiendo nuevos ajustes inflexiblemente desvelan una autoridad en horas bajas. Portugal y su nuevo Gobierno de izquierdas ni siquiera ha enviado aún los presupuestos de 2016 a Bruselas, la Francia de Hollande establece que su gasto militar no se incluirá en el cómputo del déficit, Renzi avisa a Juncker de que Italia no se arruga y de su importancia estratégica, Alemania mira para otro lado cuando se le pide invertir en aumentar la demanda interna y evitar el abultado superávit comercial del 8% y Polonia se aproxima aún más hacia el autoritarismo político.
El problema de esta ausencia de reconocimiento de auctoritas europea estriba en la dirección que pueda llegar a tomar en un futuro cercano: si nos dirigimos hacia un repliegue nacional egoísta o hacia la posibilidad de fundar una Europa asentada sobre fundamentos democráticos, eso sí, que se construyen y se asaltan mejor, como decía Gramsci, desde la ricognizione del terreno nacional. No habrá una integración fiscal, ni un diseño europeo democrático, construido desde otra instancia que la nacional, al menos, en un primer momento.
De poco sirve que el BCE siga inyectando dinero en los circuitos financieros hasta 2017, si este dinero luego no llega a “la economía terrenal” y acaba depositada y congelada en Fráncfort, porque sus intermediarios, los grandes bancos, no hacen llegar el crédito a familias y pymes. El FMI, la OCDE y Draghi empiezan a apostar tímidamente por promover una política fiscal expansiva que acompañe a la bajada en el precio del dinero. España precisa de redistribuir renta, subir el salario mínimo y fortalecer la negociación colectiva, aplicar una reforma fiscal e impulsar un nuevo acuerdo europeo basado en unas condiciones mínimas dignas de vida para la mayoría.
Europa debe dejar de ser aquello que las élites ordoliberales alemanas entendían como una comunidad de estabilidad presupuestaria, y avanzar a dar pasos para convertirse en una comunidad basada en eso mismo que indica la palabra, el común de sus habitantes. España puede ayudar a impulsar dicho cambio. Cualquier presidente que busque apostar por cambiar España debe tener una agenda europea clara, pues no hay política social posible, si no se revierten los recortes y se derogan las dos últimas contrareformas laborales. Es condición sine qua non poner fin a la austeridad para cambiar nuestro país y Europa. El resto es ilusión. El retorno de Europa como signo y como realidad política se impone.
Jorge Moruno y Rodrigo Amírola son, respectivamente, responsable de Discurso y coordinador de la Secretaría Política en Podemos.