¿Quo Vadis Marlaska?

«¿Quo Vadis Marlaska?» es una forma manida de titular un artículo de opinión, y quizás un poco anticuada, pero por eso mismo encaja bien para hablar de la política que el Ministerio de Interior viene realizando en Melilla durante esta legislatura.

Melilla, al igual que Ceuta y las islas Canarias, supone muchas cosas para el país. Se trata de un lugar muy especial que obliga a romper los estereotipos sobre la españolidad y abrir la forma de entender lo que es la pertenencia a un Estado en el siglo XXI. Es un lugar donde se puede experimentar la diversidad y la convivencia en formas que no dejan indiferente a quien tiene el privilegio de vivirlas. Pero todas estas cosas quedan ensombrecidas porque es también el punto de fricción económica entre la poderosa Unión Europea y la «empobrecida» África.

Todo Gobierno tiene una situación difícil de gestionar en unos territorios que son parte fundamental de las rutas de huida de la miseria y la violencia, generadas por un modelo económico mundial basado en la desigualdad y la explotación humana. En un mundo imperfecto es sin duda necesario mantener mecanismos de control fronterizo por la seguridad de todos. Pero en una sociedad que quiera defender la democracia y el bienestar, resulta aún más imprescindible garantizar los derechos humanos y la dignidad para cualquier persona que se encuentre dentro de las fronteras del país.

Seguridad y Derechos Humanos se explican demasiadas veces como contrapuestos cuando, de hecho, se necesitan mutuamente. En una democracia, la seguridad y el respeto a la dignidad humana deben ser para todas las personas; si no, se convierten en privilegios, y en ese camino perdemos el sentido del Estado democrático. Por desgracia, falta aún mucho para ver en nuestras fronteras una apuesta decidida por conciliar ambas ideas.

Contemplamos sin comprender el hacinamiento que viven más de dos mil personas repartidas entre el CETI de Melilla y la plaza de toros de la misma ciudad. Vemos también cómo en Canarias se improvisan plazas de acogida en colegios, que dentro de una semana serán necesarios para dar clase, ante la falta de traslados a la Península.

Pareciese que los recursos estuvieran desbordados ante la imposibilidad de asumir tantas llegadas. Pero lo cierto es que este es un año de mínimos. Las llegadas en lo que llevamos de año, son las menores de los últimos cuatro veranos. Hemos vuelto a un nivel similar a 2016 y, además, el sistema de recursos de acogida en la Península, coordinado por la Secretaría de Estado de Migraciones, está reforzado en comparación a hace cinco años. ¿Por qué, entonces, el Ministerio del Interior se obstina en bloquear los traslados a la Península para que puedan ser atendidos en los recursos que varias organizaciones sociales tenemos previstos? ¿Por qué desoye al propio Defensor del Pueblo cuando solicita reiteradamente que se realicen estos traslados?

Sinceramente, no tengo una respuesta pero sí tengo claro que esta estrategia seguida por Interior nos lleva a empeorar la situación generando, al menos, dos problemas importantes.

Por un lado, estamos obligando en plena pandemia mundial a que estas personas, entre ellas un número importante de madres con hijos pequeños, vivan hacinadas en espacios improvisados. Se espera eso sí que guarden la distancia social y las medidas de higiene. ¿En la galería norte de una plaza de toros? ¿En serio?

De otro lado, da excusa para seguir alimentando la imagen de caos y victimismo a quienes han descubierto en el miedo a las personas migrantes una oportunidad para ganar poder político. Por desgracia, el odio a la pobreza está detrás de gran parte del racismo que crece a nuestro alrededor. Cuanto más duras son las imágenes de las condiciones de vida de las personas migrantes, más fácil resulta para estos oportunistas alimentar el rechazo social.

Es evidente que vivimos un año excepcional y que la realidad de la Frontera Sur no tiene fácil solución, pero tenemos la posibilidad de esperar que, cuando no hay soluciones perfectas, un Gobierno al menos haga los problemas más pequeños. Incrementar la vulnerabilidad de las personas que están en España y facilitar la construcción del discurso del odio no parece que ayude a nadie.

Sería bueno que el ministro del Interior reconsiderase el bloqueo impuesto a los traslados desde Melilla, Ceuta y Canarias, facilitando la labor de quienes articulamos la acogida humanitaria y ayudando a disolver un problema innecesario en un momento en que nos sobran los verdaderos problemas, aquellos que tienen difícil solución.

José Miguel Morales es secretario general de la Federación Andalucía Acoge.

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