La compleja relación de Cataluña y Euskadi con el resto de España ha derivado, con el paso del tiempo, en un problema que afecta profundamente a una cuestión de tanto calado como la esencia misma de España. Cabe ahora dudar del acierto en la decisión de los redactores de la Constitución cuando abordaron la cuestión de los territorios y que en lugar de aceptar como regiones únicamente a las «históricas» –Cataluña, País Vasco y Galicia–, otorgaran a todo el Estado la división regional. La matización de dos vías de acceso a esa autonomía, que se recoge en la Constitución y que otorga a las «históricas» un rango de preeminencia sobre el resto, no ha sido suficiente para satisfacer los deseos de los más radicales. ¿Habría sido diferente la evolución de Cataluña si su autonomía hubiera sido distinta? El riesgo de la ucronía es excesivo y por ello mejor no especular, pero la deriva hacia el secesionismo de Cataluña y Euskadi permite suponer que ninguna de esas medidas hubiera bastado para frenar el proyecto independentista.
El nudo esencial de «la cuestión catalana» reside en el protagonismo de los más extremistas y por ello la solución debe asentarse sobre el criterio de los moderados. Entre las posiciones independentistas, que generan serias inquietudes a algunos empresarios catalanes y a una parte de la población, y el radicalismo de una minoría de habitantes de otras partes de España, debe abrirse paso una corriente mayoritaria basada en el sentido común, la sensatez y, por qué no decirlo, en el egoísmo. Una corriente que parta de un hecho cierto: la separación de Cataluña del resto de España supondría un severo perjuicio para los catalanes y para el resto de los españoles y, por ello, es mucho mejor mantener la unión que fracturarla.
«La cuestión catalana» debería abordarse por los grandes partidos de ámbito nacional y los nacionalistas sin viejos prejuicios ni atavismos, en la búsqueda sincera de un marco de entendimiento. Hay que sustentar el futuro en la centralidad y asentar la articulación de España en una base sólida y amplia que solamente la proporcionan los dos grandes partidos y los sectores más sensatos del nacionalismo. Ese pacto debe contener un acuerdo firme y sólido que suponga un punto final a la perpetua reivindicación nacionalista, que concluya con la pugna entre el centralismo y la periferia. Para ello, además de una clara asunción del principio de lealtad a los acuerdos logrados, se debe fijar con nitidez cuáles son las competencias de Cataluña y cuáles las del Estado español, de manera que se extinga la hoguera alimentada durante más de treinta años por la pugna competencial. Ese gran acuerdo supondría aglutinar el voto mayoritario en su entorno y dejar a los mantenedores de la tesis separatista en franca minoría.
Buscar un encaje justo y no discriminatorio para la realidad plurirregional de España es la meta, y cualquier analista reconocerá que no es tarea sencilla, mas no por ello se debe renunciar a ese gran acuerdo. Desde luego lo que no será bueno ni para Cataluña ni para el resto de España es un enfrentamiento fratricida en el que ambas partes perderán desde todo punto de vista: económico, político, social y moral. La búsqueda del encaje de Cataluña en España debería abordarse desde las posiciones más razonables y sensatas y dejar orillados a los más vociferantes que avanzan por un camino más que incierto, suicida. El paso dado por Artur Mas al convocar una consulta ilegal para el año 2014 supone un órdago inasumible y coloca a CiU fuera de ese espectro de moderación y diálogo. Es llegada la hora de la generosidad por ambas partes y del reencuentro entre la parte mayoritaria de la sociedad catalana y la del resto de España. Es urgente el punto final a una artificiosa pugna para enfrentar a quienes siendo catalanes son españoles con los que pretenden ser catalanes y antiespañoles y a la par frenar el sentimiento anticatalán que nace en muchos lugares de la geografía española. El acuerdo que cierre el largo y tortuoso enfrentamiento entre españoles; sean catalanes, vascos o castellanos, es absolutamente necesario y a él solamente se llegará mediante un diálogo sincero y generoso. Un diálogo que ahora se antoja lejano y difícil. Conviene no olvidar que la deriva hacia el separatismo, mantenida en el tiempo por los nacionalistas catalanes y vascos, supone una deslealtad para con el conjunto de España e indica una estrategia de mantener el conflicto como instrumento de presión. La decisión de convocar una consulta en Cataluña, con una doble pregunta que oscurece el resultado final, es una provocación que puede encender una guerra civil económica que a nadie beneficia, que se puede iniciar con la retirada de depósitos de entidades como La Caixa o Banco Sabadell en muchas ciudades españolas. Un paso peligroso que en lugar de tender hacia la negociación toma la dirección contraria. Las consecuencias económicas y sociales del desafío independentista pueden comenzar a pasar factura de inmediato.
Manuel Ángel Castañeda, periodista.