Cuando un presidente del Gobierno presenta a sus ciudadanos una Reforma de las Administraciones Públicas que supondrá para todos los españoles un ahorro de casi 38.000 millones de euros, nuestra única respuesta posible como presidentes autonómicos es secundar a Mariano Rajoy. Si ése es el objetivo, estamos de acuerdo en lo sustancial y también podremos estarlo en los matices.
Primero, porque se trata de una reforma histórica que hubiera sido necesaria igualmente emprender en tiempos de bonanza. Segundo, porque es, sin duda, una reforma valiente, que centraliza servicios, contratos y cuentas públicas, que quiere eliminar duplicidades, organismos, fundaciones y entes; un total de 57 que se suprimirán, fusionarán o adelgazarán. Tercero, porque, entre otras cuestiones, implantará una metodología para medir la eficiencia de los equipos de la administración y establecerá objetivos y criterios homogéneos sobre el número de asesores por unidades. Y cuarto, porque quiere actualizar la relación entre la administración y los ciudadanos a través del refuerzo de los servicios telemáticos con los que caminaremos hacia una administración electrónica y un verdadero gobierno abierto a los españoles. Todo ello, garantizando la eficiencia de los servicios públicos.
El presidente Rajoy hace lo que necesita el país al margen de lo que opinen unos u otros, como desde hace dos años nos ha tocado a muchos presidentes autonómicos del Partido Popular. En el caso de Extremadura, conseguimos pasar, como saben, del segundo déficit más alto de España con un 4.7% a cierre de 2011 al déficit más bajo del país, un 0.7% en 2012, a través de una reducción de gastos de más de 500 millones de euros, más de 83.000 millones de las antiguas pesetas (sin contar con la sentencia del impuesto a depósitos bancarios hubiéramos tenido un déficit del 1.36%).
Por ponerles un ejemplo, tras reducir de 11 a 7 las consejerías y en un 50% el número de altos cargos y personal eventual, eliminamos a través de un Plan de Optimización de Recursos Públicos la única embajada que teníamos en Lisboa, integrando nuestros servicios públicos en los de la Embajada de España, subastamos los coches oficiales, redujimos las retribuciones del presidente, los consejeros y altos cargos de la administración un 20% respecto a nuestros homólogos del gobierno anterior. A pesar de que todos los presidentes y miembros de los ejecutivos extremeños somos históricamente los que menos cobramos en España. Mi sueldo es de 3.200 euros netos al mes. Sin kilometrajes, ni residencias, sin complementos como Andalucía, sin ningún tipo de compensación adicional.
En el caso de las retribuciones del sector público la reducción osciló en un 35%, suprimimos también el alquiler de todo tipo locales, que en el caso del Instituto de la Juventud de Extremadura era de 20.000 euros al mes. Cifra esta última que no es propia ni del Paseo de la Castellana en Madrid.
Eliminamos además todos los privilegios de los ex altos cargos que, entre ellos, estaba mantener el nivel 34, único en España, que se conocía en Extremadura como «súper 30», el máximo de retribución de la administración independientemente de que ya no ejercieran funciones directivas. 97 de ellos recurrieron y mi Gobierno ganó todos los casos bien por sentencia favorable o por desistimiento.
Para que los lectores entiendan la importancia de la austeridad en las cuentas públicas y de la reducción de los gastos burocráticos, y que tras ella nada se cae, el Gobierno de Extremadura anterior al que yo presido gastaba un 138,5% más en gastos de alojamiento y manutención, en gastos de viaje un 103,7% más, en atención protocolaria un 219% más, en gastos de material de oficina y prensa un 95,85% más, en inversiones de publicidad y promoción un 219% más, en aplicaciones informáticas un 202% más, en estudios y trabajados técnicos en un 55% más, en reuniones, conferencias y cursos en un 89% más, en gastos diversos sin justificar, atención, un 3.112% más. Sí, están leyendo correctamente, no es un error de picado.
Por mantenernos firmes en nuestras convicciones conseguimos un ahorro para nuestra región de más de 100 millones de euros. Y seguimos optimizando gastos, porque eliminar el tejido adiposo no sólo es un mandato constitucional hoy, sino, en cualquier circunstancia económica, es un ejercicio de ejemplaridad pública ante nuestros ciudadanos que contribuye a que vuelvan a creer en la política.
Un Gobierno del Partido Popular además debe, una vez que no está sometido a circunstancias extraordinarias y comienza a tener cierto margen de maniobra, como hace el presidente Rajoy, cumplir con su programa. Estoy convencido por ello de que esta reforma de las Administraciones Públicas garantiza una política de consolidación fiscal seria y rigurosa ante Europa y que tras ella el presidente del Gobierno comenzará a bajar los impuestos. Así ha sido el caso de Extremadura y seguro que será el de España. Rajoy acierta: menos es siempre más. Reducir el estado es imprescindible para la recuperación económica.
José Antonio Monago, presidente de Extremadura.