Rajoy contra Rajoy

La teoría de la sensatez esbozada por el presidente del Gobierno para retirar el anteproyecto de ley del aborto y provocar así la dimisión del Alberto Ruiz-Gallardón pasará a los anales de la pequeña historia de la torpeza política. Según Rajoy, la decisión venía aconsejada por el “sentido común” y en previsión de que la futura ley tuviese una vigencia posterior de “un minuto” si en la próxima legislatura alcanzaba el Gobierno otro partido. Estos argumentos serían coherentes en el presidente del Ejecutivo si respondiesen a sus pautas de comportamiento. Sin embargo, no lo son. Muchas reformas sociales, económicas y educativas se han impuesto sin el más mínimo consenso y están llamadas a diluirse en la nada si se diese el caso de que el PP no gobernase en el 2016. En Catalunya algunos estarán pensando en la ley del ministro de Educación. Rajoy ha argumentado contra Rajoy. Curioso.

Un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y remitido para su informe a los órganos consultivos es un acto colegiado por más que resulte de la competencia directa de uno o varios ministerios de manera tal que revocar el acuerdo requiere de una argumentación más sólida. Especialmente cuando el mismísimo Rajoy autorizó, siendo líder de la oposición, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo de Zapatero y que firmó la hoy vicepresidenta del Gobierno. El anteproyecto retirado era innecesario para cumplir con un programa electoral popular un tanto inconcreto en este punto y hubiese bastado restablecer la ley de supuestos de 1985 que fue, con diferencia, la norma que menos controversia social ha provocado. José María Aznar se abstuvo de tocarla incluso en la legislatura 2000-2004 en la que dispuso de mayoría absoluta.

Pero al gran experto en manejar los tiempos este asunto se le ha ido de las manos en un contexto, además, altamente volátil: él mismo subiendo la escalerilla del avión en dirección a Pekín y con el Rey en Nueva York, mientras se especulaba sobre cómo y cuándo el presidente de la Generalitat dispondría la publicación de la ley de consultas y firmaría la convocatoria del 9-N. Por si fuera poco, la retirada del texto se comunicaba en los pasillos de un congreso profesional tratando, acaso, de mermar la importancia de la crisis. La explosiva reacción de Ruiz-Gallardón -no sólo ha dimitido, sino que deja el escaño y abandona la actividad política- sugiere que Rajoy no se ha empleado -nunca lo hace- en amortiguar el estrépito de una marcha -una más- de una personalidad de la derecha española que no por ahora denostada deja de conservar carácter referencial.

A la oposición le importa poco que esté o no Gallardón en el equipo gubernamental. Lo que le interesa es presentar este episodio como la victoria en un pulso político y social al Ejecutivo que calcula ganará mucho electoralmente y perderá sólo adhesiones marginales. Las cuestiones de índole ética, que son las que ahora marcan con muchos matices y suavemente la divisoria entre la derecha y la izquierda, parecen disponer de una utilidad muy reducida en gobiernos ideológicamente desconcertados como el de Rajoy. El problema para el gallego y su partido es que la retirada del anteproyecto hay que contextualizarla en un marco de referencias ya instalado en su propio electorado y que remite al incumplimiento generalizado de su programa. Las eventuales bondades de la decisión de Rajoy quedan engullidas en la percepción generalizada de que el Gobierno no ha cumplido con sus compromisos electorales.

Hay una razón adicional que produce cierta inquietud: Catalunya. ¿Se le ha ido también de las manos la cuestión catalana al presidente del Gobierno?, ¿la impavidez con la que ha contemplado la tramitación progresiva del anteproyecto de ley del aborto es la misma con la que ha observado el engrosamiento del secesionismo catalán?, ¿su respuesta política a lo que ocurre en Catalunya será tan feble como la empleada para justificar la rectificación que ha acabado con Ruiz-Gallardón? La estrategia, si la hubiera, de endosar al Tribunal Constitucional, de manera táctica, la función de aliviadero de las incapacidades gubernamentales es un recurso peligroso y escapista. La cuestión catalana no la resolverá -más allá de lo juridicoconstitucional- el TC, como tampoco fallará el recurso sobre la ley de plazos del 2010 al ritmo que al Gobierno convenga. En otro momento habrá que abordar también la significación de la dimisión de Gallardón como ministro de Justicia mientras están en trámite los casos Bárcenas y Correa. Significación cuya exégesis se elude pero que es necesaria para entender cabalmente lo que ha ocurrido.

José Antonio Zarzalejos

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