Rajoy defrauda con su Antifraude

En sus pocos meses como máximo responsable del país, Mariano Rajoy ha cruzado dos líneas rojas extremadamente graves: la depuración de la eficiente cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y el retraso injustificado de los presupuestos. Sus otras decisiones, algunas acertadas y algunas erróneas, merecen en cualquier caso el beneficio de la duda porque son discutibles en el mejor sentido de la palabra: hay argumentos a favor y en contra de cualquiera de ellas. Pero aquellas dos chocan frontalmente contra el sentido común, la justicia y la conveniencia política general.

Como presidente del Gobierno, Rajoy tiene el activo de haber adoptado muchas decisiones, contradiciendo su aureola de hombre indeciso. Hago el elogio porque necesitamos un presidente que se moje, aunque eso conlleve el riesgo de equivocarse, que es lo que le ha sucedido varias veces. En las circunstancias actuales sería peor la pasividad. Es el caso de la reforma laboral; discrepo de ella, pero hay quienes la consideran positiva y nadie duda de que el Gobierno debía dar un paso en alguna dirección sobre esta materia. O la inflexibilidad sobre la contención del gasto de las autonomías; tal como se ha planteado me parece injusta (no tenía que ser tan lineal, porque no todas las autonomías están en la misma situación y no todas actúan con la misma determinación para conseguir ser más austeras), pero contenta a mi pesar a las mentalidades más centralistas que dieron la mayoría absoluta al Partido Popular. Hay otras cuestiones también discutibles en las que creo que Rajoy ha acertado. Su desafío a los mandarines de Bruselas al decidir dosificar un poco el ritmo de absorción del déficit español me parece sensato por mucho que abunden los que lo consideran imprudente.

Pero el relevo en bloque de la cúpula de la Oficina Antifraude no es una cuestión discutible: se trata de sectarismo frontal. ¿Qué mensaje da el Gobierno del PP con esta depuración? ¿Que lo estaban haciendo mal? No, en absoluto, porque los números demuestran que estas personas hacían espléndidamente su trabajo. Los seis despedidos, que estaban al frente de las 200 personas dedicadas a detectar irregularidades y defraudaciones fiscales, han logrando éxitos sin precedentes. Hacienda, que en el 2004 recuperó 4.876 millones de euros de fraude fiscal, con el equipo ahora defenestrado pasó a ingresar anualmente más de 10.000. Y en el último año contabilizado, el ejercicio del 2010, la oficina batió todos los récords de detección de irregularidades y salvó para el fisco un 23% más que el año anterior.

En un momento de estrecheces económicas en el que la opinión pública se siente herida al descubrir la magnitud de la corrupción y el descontrol que han rodeado al dinero público las dos últimas décadas, el mensaje del nuevo Gobierno es inquietante. Es un aviso de que investigar en profundidad esos delitos puede matarte profesionalmente. Es una advertencia a los futuros responsables de la Oficina Antifraude de que no hagan a fondo su trabajo, porque si lo que obtienen son pruebas comprometedoras para quienes pueden acabar llegando al poder, eso les golpeará como un bumerán traidor. Es lo que ha sucedido. En cuanto el PP ha conseguido la mayoría parlamentaria, su primera gran operación, hecha con prisa manifiesta, respecto de los organismos que son técnicos y no políticos ha sido desarticular a quienes habían reunido las pruebas del caso Gürtel, que afecta a numerosas personalidades de esta formación y, presuntamente, a su financiación ilícita como partido. Y lo mismo respecto del caso Urdangarin. Incluso cuando estos temas ya están en los tribunales pero todavía no han acabado de ser juzgados.

Por si fuera poco, el Gobierno ha completado esta decisión llevando a Antifraude como nuevo número dos a Pilar Valiente, una señora que el año 2001, cuando gobernaba José María Aznar, tuvo que dimitir de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al demostrarse que, informada ella en razón de su cargo, había avisado a los directivos corruptos de Gescartera -posteriormente condenados a penas de cárcel- de que iban a ser objeto de pesquisas. Más que un mensaje a la opinión pública, con todo ello lo que hacen Rajoy y los principales ministros relacionados con la persecución de la corrupción -como Cristóbal Montoro, de Hacienda; como Ruiz-Gallardón, de Justicia; como Fernández Díaz, de Interior- es manchar la credibilidad de cuanto digan que van a hacer a lo largo de esta legislatura en esta materia.

La otra línea roja cruzada por Rajoy es más conocida: retrasar la presentación de los presupuestos hasta después de las elecciones andaluzas. Se trata de una actuación, censurada por la Unión Europea, que busca reducir el coste electoral que podrían tener los nuevos recortes de servicios sociales que previsiblemente incluirá. A causa de este cálculo partidista, todo el país y todas las administraciones vivimos semanas de un injustificado impasse. Esta demora tampoco es discutible: se trata de una maniobra política éticamente desvergonzada.

Por Antonio Franco, periodista.

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