El 24 de mayo conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) sobre la trama Gürtel. Además de las condenas por corrupción, en la sentencia se declara al Partido Popular participe a título lucrativo, lo que significa que, sin conocer su origen, se benefició de lo robado por la trama Gürtel. Es cierto que la AN no ha condenado al PP, entre otras cosas porque el Código Penal aplicable en el momento de los hechos no preveía poder declarar penalmente responsable a un partido político. Sin embargo, los magistrados de la AN declaran literalmente que el testimonio de Rajoy no parece lo “suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido”. La frase, en el contexto de una sentencia condenatoria de la mayor trama de corrupción ligada al partido del Gobierno, es demoledora.
La sentencia de la AN pone la guinda a una situación de corrupción en torno al partido del Gobierno y a su presidente, que hacen imposible que este continúe en el cargo. Es el propio sistema el que obliga a Mariano Rajoy a dimitir. Su no dimisión como acto de asunción de responsabilidades políticas, que no jurídicas, suponen un grave golpe a nuestro sistema.
Desde que el PP está en el Gobierno han sido varias las llamadas de atención que España ha recibido de instituciones internacionales sobre el nivel de garantía de algunos derechos y libertades. Así, los informes del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el trato a los inmigrantes, en relación con las expulsiones masivas (2014), las devoluciones en caliente (varias veces en 2015) o la actuación policial en las fronteras con Marruecos (2016). En 2013, el comisario alertó varias veces de que las medidas de austeridad adoptadas para luchar contra la crisis económica no podían suponer un debilitamiento en la protección de derechos no solo sociales, sino civiles y políticos.
También debe recordarse que especialmente en el último informe GRECO de 2018, se concluía que seguía sin cumplirse satisfactoriamente ninguna de las 11 medidas de prevención y lucha contra la corrupción en relación con los parlamentarios, el Poder Judicial y el ministerio fiscal. Como es de esperar en un sistema democrático, muchas de ellas debían ser impulsadas por el Gobierno del Estado o promovidas por la mayoría parlamentaria del PP.
Algunos ejemplos de que desde una perspectiva jurídico-constitucional, desde el punto de vista de la defensa de las instituciones del Estado, el Gobierno del PP ha sido nocivo. Su desprecio a las instituciones ha tenido su última prueba en las palabras de María Dolores de Cospedal esta semana.
Esta herencia no es baladí. De una parte, sigue sin aceptarse que la responsabilidad política y la jurídica son distintas en sentido y alcance. La jurídica la determinan, principalmente, los tribunales. La política supone rendir cuentas por los actos realizados, sin que medie una decisión judicial. Se trata de que la relación de confianza que fundamenta el mandato representativo se mantenga. Cuando dicha confianza se quiebra, la responsabilidad política exige la dimisión.
De otra parte, estamos inmersos en una crisis constitucional sin precedentes provocada por la ruptura con el sistema a manos del independentismo institucional en Cataluña, y que ha supuesto la aplicación inédita del artículo 155. En un contexto en que, a instancia del Gobierno del Estado, a través del ministerio fiscal, se ha judicializado un conflicto eminentemente político. No reiteraré mis razones sobre la necesidad de exigir responsabilidades a los líderes independentistas por haber quebrantado el ordenamiento jurídico siendo plenamente conscientes de ello. Pero tampoco obviaré la apropiación que el PP ha hecho de la Constitución y de sus márgenes.
Este planteamiento me lleva a una conclusión: el independentismo institucional ha provocado una crisis constitucional sin precedentes. Sin embargo, ¿en qué legitimidad política, en qué posición ética-política se sustenta Rajoy para exigir respeto al sistema constitucional cuando su testimonio ha sido considerado inverosímil en un proceso penal de la envergadura de Gürtel?
Por todo ello, más allá de intereses electoralistas, hoy la prioridad es que Rajoy y los suyos dejen el Gobierno. Urge que los grupos parlamentarios leales al sistema constitucional pacten integrando a terceros partidos, porque lo que está en juego es la credibilidad de nuestro sistema democrático. Dejen de jugar con fuego y ejerzan su papel con responsabilidad y altura políticas.
Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional de la UB.