Rajoy no tiene un plan pero sí un modelo

Hay 365.000 parados más en el primer trimestre de este año, con perspectivas de aumentar con fuerza en los próximos meses. El mismo día en que el Gobierno reconocía este dato terrible (27 de abril) aprobó sin pestañear un Plan de Estabilidad y un Plan Nacional de Reformas (PNR), con un pronóstico de crecimiento y de creación de empleo sencillamente increíble. Además, el Gobierno anunció lo que tantas veces demonizó: la subida del IVA.

Rajoy no sabe qué rumbo debe tomar nuestra economía. Carece de una política para combatir la crisis, relanzar la demanda y responder a nuestras importantes obligaciones financieras. Salvo Alemania, que juega el papel de refugio para los inversores que se retiran de la eurozona, los demás países estamos sufriendo unos diferenciales de deuda desproporcionados y, a medio plazo, insostenibles. Pero no hay una estrategia para convencer a los mercados, o sea, a los que nos tienen que financiar la deuda pública (y la privada). No la hay porque los mercados dudan de la recuperación económica de España, a la vista de una política de “ajuste infinito” aplicada por el Gobierno, que conduce inexorablemente a la recesión económica. Y dudan porque tampoco hay una hoja de ruta para escapar de la incertidumbre que lastra a la banca española, como ha puesto de relieve la abrupta dimisión/cese de Rodrigo Rato.

En cada país, la crisis se ha manifestado a su modo. En el caso de España, se ha producido la “tormenta perfecta”. La crisis financiera de las hipotecas nos atacó cuando estábamos hipnotizados por una gigantesca construcción residencial, financiada ciegamente por bancos reiteradamente apalancados, cuyos balances son hoy, por ello, motivo de desconfianza aguda. Esta desconfianza se proyecta sobre la deuda pública, dado que los inversores sospechan que el paro hará más difícil el reembolso de los créditos, y que la debilidad del sistema financiero español y su crónica necesidad de recapitalización (al menos 120.000 millones de euros en activos dudosos sin provisionar) terminará por ser auxiliada por el Estado.

Ante ello, el Gobierno popular ha tomado una decisión nefasta: crear más paro, mucho más paro, y, por tanto, más carga para el Estado en el seguro de desempleo. Es la crónica de una muerte anunciada. La reforma laboral estaba pensada para conseguir un milagro: crear empleo facilitando el despido masivo, barato y libre, convirtiendo el “derecho” al trabajo en una mera “mercancía”.

El Plan de Estabilidad y el PNR son el cuento de la lechera. No tienen bases sólidas porque no introducen instrumentos inversores creadores de empleo. El Gobierno solo ha hecho y hará recortes. No procura ingresos suficientes a través de la tributación de los que más tienen. No ha creado un impuesto sobre grandes fortunas; ni una imposición real sobre las inmunes y privilegiadas rentas del capital; ni una reforma de fondo del impuesto de sociedades, desplomado en su recaudación.

La reforma fiscal progresiva –que es lo único que verdaderamente puede sustituir al endeudamiento- es uno de los pilares para posibilitar inversiones productivas auspiciadas por el Estado (infraestructuras, energía, tecnología y educación). Rajoy no ha querido esa reforma. Ha preferido hacer mucho más difícil el acceso a la enseñanza universitaria y a la sanidad pública. De modo que sean las clases medias, los trabajadores y los inmigrantes los que soporten la crisis; que sean estos los que paguen a los más ricos, a los cuales se les exime de aportar en proporción a su riqueza (Hollande, por ejemplo, va a gravar con un 75% a las rentas más altas).

El otro gran pilar para volver al crecimiento sólo puede serlo Europa. Únicamente la Unión Europea posee los resortes fundamentales para ayudar a países tan endeudados y con tanto desempleo como España: la legitimidad para establecer un calendario de reducción de déficit razonable que no asuste a los inversores; la potencia para financiar inversiones creadoras de empleo (a través del Banco Europeo de Inversiones); un Banco Central Europeo que garantice en todo caso la deuda pública, a través de una política más expansiva; y la emisión de euroobligaciones con tipos de interés, para los países del euro, cercanos al que hoy disfruta el bono alemán. A lo anterior cabría añadir la capacidad del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad para ayudar a las entidades financieras, el Presupuesto comunitario, y la imprescindible tasa sobre transacciones financieras que, bien utilizada (60.000 millones de euros anuales), puede estimular la economía europea.

La victoria de Hollande ha creado condiciones nuevas más favorables para este anhelado crecimiento europeo. Sin embargo, Rajoy no mueve un dedo ante la Unión. No impulsa iniciativas para que se consigan esos objetivos, sin los cuales España difícilmente saldrá, en un tiempo razonable, de la situación en la que vive. Ya debiera estar proponiendo ideas en esa dirección en Bruselas — y hablándolas con la oposición—, particularmente de cara al trascendental Consejo Europeo de junio. El Gobierno español es el más afectado por la ya triple crisis (de crecimiento, de deuda y del sistema bancario) y es el más pasivo y lento ante ella. Rajoy es una estatua de piedra en una Unión por fin movilizada tras el cambio en el Elíseo.

En suma, no existe ningún plan para salir de la crisis y evitar el ajuste eterno, ese ajuste seco que deprime la economía, que obligará a más ajuste, y que deprimirá a su vez aún más la economía, en una espiral frenética destructora de empleo sin fin (es lo que le sucede al Reino Unido, precipitado a un déficit del 8,5 % del PIB, el más grave desde los años treinta).

Sin embargo, aunque Rajoy no tenga un plan (nunca lo tuvo), ni nada que se le parezca, la política de recortes sin fronteras sí constituye otro modelo de sociedad, diferente al que plasma la Constitución. Mientras que las subidas de impuestos están pensadas para dos años, los profundos hachazos en Educación y Sanidad son para siempre. Este es el modelo que la derecha prefiere. La Educación y Sanidad públicas, gratuitas y universales son en España una creación de la izquierda. Nunca mostró especial admiración por ellas la derecha, que prefiere una educación no subvencionada, una Sanidad no gratuita ni universal, y progresivamente privatizada, y una seguridad “para quien se la pague”. Se ha iniciado para importantes capas sociales la exclusión parcial del sistema de protección social y sanitaria, exclusión que es completa para los inmigrantes irregulares. Es la misma línea xenófoba que Mayor Oreja pretendió con la reforma de la Ley de Extranjería en el año 2000, despojando de derechos a los extranjeros más vulnerables económicamente, y más dependientes. Los mismos derechos que el Tribunal Constitucional les devolvió afortunadamente años después. Pero la xenofobia y el populismo están de moda en la derecha europea.

Estas reformas regresivas no son temporales. Son parte de un modelo que, al calor de la crisis y de las urgencias del déficit, el pensamiento conservador va a intentar que se consolide en la sociedad española. Es un modelo inconstitucional a todas luces, pero nunca le ha preocupado esto a la derecha. Supone un salto cualitativo —esta vez hacia atrás— en las tres grandes dimensiones históricas del Estado Social: la asistencial (pasiva); la protectora (activa) y la redistribuidora (fiscal).

Imponer esta política en una sociedad democrática no es sencillo. Por eso, Rajoy y su Gobierno han puesto en marcha dos medidas de calado. La primera, el endurecimiento de la política de ”orden público” (que no de “seguridad”), para romper sin miramientos especiales las movilizaciones pacíficas y democráticas. La segunda, la vuelta al control de la televisión pública. La reforma de la legislación para la elección del Director de RTVE es la otra cara de la moneda de la quiebra del Estado Social. Unas reformas tan brutales e innecesarias como las que el PP –sin diálogo con nadie– quiere implantar, necesitan que TVE vuelva a ser la finca del Gobierno. Y con ello, se cierra el círculo de hierro en que se ha convertido en tan poco tiempo el “previsible” Gobierno de Rajoy.

Diego López Garrido es diputado socialista.

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